
Un fallo judicial en el norte de California cambió de forma significativa el panorama para cientos de inmigrantes en proceso migratorio. Un juez federal de San Francisco ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender los arrestos de personas que acuden a sus audiencias en cortes de inmigración, una práctica que había generado temor y controversia.
La decisión fue emitida por el juez P. Casey Pitts, quien respondió a una demanda presentada por abogados que buscaban frenar las detenciones dentro de los tribunales migratorios. Para los defensores legales, el fallo representa un alivio inmediato para solicitantes de asilo y otros inmigrantes que, hasta ahora, enfrentaban el riesgo de ser arrestados simplemente por cumplir con su obligación de presentarse ante un juez.

“Es una noticia que llega como un regalo de Navidad para nuestros clientes”, expresó el abogado Jordan Wells en declaraciones a Noticias Telemundo. Según explicó, la orden judicial permite que las personas asistan a sus audiencias sin el temor constante de salir esposadas del edificio judicial. “Ahora pueden presentarse ante la corte de inmigración sin miedo a ser detenidas”, señaló.
En su resolución, el juez Pitts subrayó que la práctica de ICE colocaba a los inmigrantes ante una elección injusta. Por un lado, asistir a la corte implicaba una posible detención inmediata; por el otro, no presentarse significaba perder la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones legales contra la deportación. Para el magistrado, esta disyuntiva suponía un daño irreparable a los derechos de quienes están en proceso migratorio.

Wells también destacó el trasfondo del fallo y su relevancia institucional. “Estamos celebrando que en Estados Unidos las cortes sigan cumpliendo su función de proteger los derechos humanos y civiles de todas las personas”, afirmó, remarcando el papel del sistema judicial como contrapeso frente a las acciones del Ejecutivo.
La orden provisional se aplica, por ahora, únicamente a las cortes de inmigración de San Francisco, Sacramento y Concord, donde, según los abogados demandantes, se habrían registrado más de un centenar de arrestos. Especialistas no descartan que el juez Pitts amplíe el alcance del fallo a nivel nacional en una etapa posterior, aunque actualmente la medida está limitada a estas sedes locales debido a restricciones impuestas por la Corte Suprema.

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