El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha emitido una nueva normativa que beneficiará totalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras realizan sus respectivas operaciones. ¿De qué trata exactamente y por qué ha generado polémica entre la comunidad inmigrante?
En un principio, la regla entraría en vigor el 1 de enero del 2026; sin embargo, fue adelantada en el presente mes. La razón se debe a los episodios de violencia que se han registrado en la instalaciones del DHS y ICE.
“El DHS está utilizando todas las herramientas posibles para proteger la vida de nuestros agentes frente a un aumento de la violencia y el desorden en muchas de nuestras instalaciones federales”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
Según la secretaria del DHS, Tricia McLaughlin, la iniciativa pretende detener los episodios de violencia en las instalaciones de ambos departamentos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")
Es común conocer casos de extranjeros que han sido detenidos por los uniformados durante sus citas migratorias. La tensa situación a menudo ocasiona que el propio detenido o sus familiares intente evitar el arresto, lo cual desencadena forcejeos entre ambas partes.
Este asunto también se vincula con los daños provocados por ciertos individuos que participaban como manifestantes en las áreas exteriores de las oficinas de ambos departamentos. En el último comunicado emitido por el DHS, estas nuevas regulaciones autorizan a los Servicios de Protección Federal (FPS, por sus siglas en inglés) a presentar cargos.
La nueva normativa ocasionaría que los inmigrantes sean condenados por delitos menores de clase C. (Foto: EFE/ICE)
Qué conductas se consideran prohibidas y qué sanciones se aplicarían
Esta nueva normativa señala que las conductas calificadas sancionables son la obstrucción del acceso a propiedades federales, la obstaculización del trabajo de empleados del gobierno, las amenazas violentas y los daños hacia sistemas informáticos.
En caso una inmigrante tenga alguno de los comportamientos anteriormente mencionados, habrá cometido un delito menor de clase C. Esto conllevaría que tenga una pena de 30 días de cárcel y/o una multa de hasta $5,000.
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