A partir del 1 de enero de 2026, Texas aplicará una nueva ley que cambia la relación entre las autoridades locales y el control migratorio. La norma obliga a los condados que administran cárceles, ya sea de forma directa o mediante empresas privadas, a colaborar activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La medida, conocida como Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), señala que los alguaciles deberán integrarse formalmente al programa federal 287(g). Esto implica firmar acuerdos que permitan a sus departamentos participar en tareas vinculadas a la aplicación de leyes migratorias federales dentro del sistema carcelario.
“El alguacil de cada condado que opere una cárcel o contrate a un proveedor privado para operar una cárcel deberá solicitar y firmar un acuerdo de aplicación de la ley de inmigración para autorizar al alguacil y a los oficiales, empleados y, según corresponda, contratistas del departamento del alguacil a hacer cumplir la ley federal de inmigración”, señala la legislación.
Para incentivar la participación, el estado ofrecerá subvenciones económicas destinadas a cubrir costos operativos y de capacitación. Los montos varían según el tamaño del condado: 80.000 dólares para jurisdicciones con hasta 99.999 habitantes; 100.000 dólares para condados de entre 100.000 y 499.999 residentes; 120.000 dólares para aquellos con hasta 999.999 habitantes; y 140.000 dólares para los que superen el millón de personas.
La norma establece acuerdos obligatorios con ICE y ofrece subvenciones según el tamaño del condado. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")
La aprobación de la ley generó un intenso debate. Sus defensores sostienen que la cooperación con ICE fortalecerá la seguridad pública y permitirá retirar de las calles a personas con antecedentes criminales. En cambio, los críticos advierten que la norma podría fomentar discriminación racial, afectando no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses.
Madison Sheahan, Directora Adjunta de ICE, destaca el programa como una herramienta de seguridad nacional.
“Gracias al proyecto ‘One Big Beautiful Bill’, ICE lanzó un nuevo programa de reembolso para las fuerzas del orden estatales y locales que se asocian con el DHS para hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez.Alentamos a todas las agencias de ley estatales y locales a firmar un acuerdo 287(g) ahora“, dijo Sheahan según el portal oficial del DHS.
Mientras defensores aseguran que fortalecerá la seguridad pública, críticos alertan sobre un aumento de la discriminación racial. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ Por su parte, organizaciones como el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) advierten sobre los efectos negativos en la confianza comunitaria y el perfilado racial.
“Este programa empeora la discriminación policial y aumenta el riesgo de arresto, detención y deportación para los inmigrantes...Bajo el 287(g), oficiales designados pueden detener, interrogar o arrestar inmigrantes basándose puramente en violaciones migratorias, algo que la policía local normalmente no tiene autoridad legal para hacer”, señaló la organización en su portal web.
Lo que debes saber sobre el programa 287(g)
El programa 287(g) tiene su origen en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza al ICE a delegar funciones específicas de control migratorio a policías estatales y locales, siempre bajo su supervisión.
Este esquema fue suspendido en 2012 tras denuncias por detenciones indebidas y operativos indiscriminados, pero fue reactivado durante la administración de Donald Trump.
“El Programa 287(g) le permite a ICE, a través de la delegación de deberes específicos de oficiales de inmigración, mejorar la colaboración con socios del orden público estatales y locales para proteger a la patria mediante el arresto y remoción de extranjeros que socavan la seguridad de las comunidades de nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos”, señala el ICE.
El programa permite a agentes locales cumplir funciones migratorias bajo supervisión federal y ya opera en decenas de estados. (Foto: EFE)
Actualmente, el programa cuenta con varios modelos de aplicación, entre ellos el Jail Enforcement Model, enfocado en personas detenidas con cargos criminales; el Task Force Model, que permite una participación limitada durante labores policiales rutinarias; el Task Force Tribal Model; y el esquema de Warrant Service Officer, que autoriza a agentes locales a ejecutar órdenes administrativas de inmigración dentro de cárceles.
Según datos del ICE, al 28 de diciembre de 2025 existían 1.255 acuerdos activos del programa 287(g) en 40 estados, lo que evidencia la expansión de esta política a nivel nacional.
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