
La noticia cayó como un balde de agua fría en la comunidad educativa del estado: Ian Roberts, superintendente de Des Moines Public Schools, el distrito escolar más grande de Iowa, fue arrestado el viernes por agentes de ICE (Servicio de Inmigración) tras una persecución que incluyó su huida hacia un área boscosa. El hecho ha desatado conmoción, no solo por la figura pública que representa, sino también por las dudas en torno a su contratación.
Según informó ICE, Roberts se encontraba ilegalmente en el país y carecía de autorización de trabajo. La agencia precisó que el educador, originario de Guyana, estaba bajo una orden final de deportación emitida en 2024 y era considerado un fugitivo.
Durante su arresto, en el que colaboró la Patrulla Estatal de Iowa, las autoridades hallaron un arma cargada, tres mil dólares en efectivo y un cuchillo de caza en su posesión.

El operativo se realizó mediante una parada de tráfico. Roberts conducía un vehículo oficial del distrito escolar cuando intentó escapar a pie. Más tarde, fue localizado y trasladado a la cárcel del condado de Woodbury, en el noroeste de Iowa. Por ahora, no está claro si cuenta con representación legal.
Un líder con trayectoria reconocida
Roberts, de 54 años, asumió como superintendente en julio de 2023, con un contrato anual de 270.000 dólares y la responsabilidad de dirigir un distrito que atiende a más de 30.000 estudiantes y cerca de 5.000 empleados.
Su liderazgo había sido destacado por su cercanía con alumnos de distintos orígenes, y la presidenta de la junta escolar, Jackie Norris, lo describió como “un integrante esencial de nuestra comunidad escolar”.
Su carrera incluye cargos en distritos de todo el país y previamente se desempeñó como superintendente en Pennsylvania. Además, fue atleta olímpico representando a Guyana en el año 2000.

El distrito se defiende
La sorpresa por su arresto fue inmediata en Des Moines. Phil Roeder, portavoz del distrito, relató que había quedado en reunirse con Roberts en un evento escolar el viernes, pero el superintendente le envió un mensaje cancelando su asistencia. Poco después, Roeder presenció por videollamada cómo era detenido.
“El distrito no ha visto nada que sugiera que no es ciudadano”, declaró a Associated Press. Según explicó, se contrató a un tercero para una verificación exhaustiva de antecedentes, y Roberts completó el formulario I-9, que exige presentar documentos válidos para trabajar en EE.UU. Además, los funcionarios escolares afirmaron no tener conocimiento de la orden de deportación emitida en 2024.

Esta defensa ha puesto bajo la lupa el proceso de contratación y los filtros que supuestamente se cumplieron.
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