España: Ley garantizará paridad en gobiernos y grandes empresas

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció este sábado una ley para garantizar que se cumpla la paridad en los futuros gobiernos, sean del signo político que sean, y en la dirección de las grandes empresas, que deberán tener al menos un 40% de mujeres.

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La nueva ley será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo martes, un día antes del Día Internacional de la Mujer, según indicó Sánchez en un acto conmemorativo de esa fecha en Madrid.

Según la nueva norma, la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio anual tendrá que tener un 40% de mujeres.

Tampoco ninguna junta de gobierno de los colegios profesionales deberá tener menos de un 40% de mujeres al frente, el mismo porcentaje que deberán tener los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público.

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En el acto, en el que estuvo acompañado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), Sánchez puso en valor las medidas que los Ejecutivos socialistas tomaron para proteger el estado del bienestar en España, ya que son “las mejores políticas de igualdad que se pueden hacer”.

También defendió la política de cuotas, al recordar que cuando hace diez años se empezó a impulsar este tipo de propuestas, en la media europea solo un 13 % de mujeres formaban parte de los consejos de dirección.

Ahora, en España, con las políticas promovidas por Rodríguez Zapatero, se ha superado el 30 por ciento tanto en las empresas públicas como privadas, apuntó Sánchez.

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La aprobación de la nueva norma sobre la paridad coincidirá con el debate en el Congreso sobre la reforma de la polémica Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del “sólo sí es sí”, que mantiene enfrentados a los socialistas con la izquierda de Podemos, sus socios en el Gobierno de coalición.

Esa ley establece un único delito (agresión sexual) con independencia de si medió violencia o intimidación y por tanto, lo importante es el consentimiento, parte central de la norma y objeto de la desavenencias entre los socios para su reforma.

Esta reforma, impulsada por el sector socialista del gobierno, busca acabar con las rebajas de las condenas por delitos sexuales (721 hasta ahora) y las más de las 74 excarcelaciones que han tenido lugar con la aplicación de la nueva ley, que entró en vigor el 7 de octubre del año pasado.