Colombia empieza a entregar tarjetas de permanencia por 10 años a los migrantes venezolanos

Óscar Enrique Soto, un venezolano de 49 años, recibió este miércoles la primera tarjeta de permiso de protección temporal, que el Gobierno de Colombia está entregando en el proceso de regularizar la situación de casi dos millones de venezolanos en el país.

Se trata de la tercera fase de implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, que el Gobierno colombiano anunció el pasado febrero, y en la cual ya se está procesando la entrega de tarjetas de residencia a otras 200.000 personas, priorizando a niños y niñas, según informó Presidencia en un comunicado.

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El presidente de Colombia, Iván Duque, entregó en mano a Soto su tarjeta en un acto en una zona rural de La Calera, un municipio cercano a Bogotá.

Ya hay más de 1,2 millones de personas inscritas (de los 1,7 millones de venezolanos que viven en Colombia) en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el primer paso para solicitar este documento que permite la permanencia en Colombia por un plazo de 10 años, después del cual pueden pedir la residencia permanente.

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Este registro único permite que los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, entre ellos la vacunación contra la covid-19 o la posibilidad de sacar una licencia de conducción.

Y la tarjeta les permitirá, en teoría, mayor facilidad para acceder a contratos laborales, a las entidades de salud o a cuentas bancarias que el anterior régimen migratorio que otorgaba Colombia a venezolanos, el Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento físico que muchos bancos y empresas no aceptaban por su facilidad de falsificación.

El Gobierno colombiano quiere cerrar el año con un millón de migrantes venezolanos regularizados con la tarjeta de identificación del Estatuto Temporal de Protección, que les permite tener acceso a la seguridad social, salud y el mercado laboral formal.

Al Estatuto se pueden acoger todos los migrantes venezolanos que hayan entrado al país antes de enero de 2021, pero también busca “desincentivar la irregularidad” y con ello podrán acogerse también quienes ingresen al país en los dos primeros años de vigencia de forma regular, es decir, con un sello en el pasaporte.

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