El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), denunció este viernes 4 de octubre, en su primera conferencia de prensa tras conocerse que tiene una denuncia por presunta violación, que existen cuatro procesos judiciales en su contra, uno de estos por trata, tráfico y estupro, además afirmó que el Gobierno de Luis Arce quiere “extraditarlo” a Estados Unidos.
“Después de la marcha empiezan cuatro procesos a Evo (Morales), antes de la marcha no habían procesos”, aseguró el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en la ciudad de Cochabamba, uno de sus bastiones políticos y sindicales.
Morales se refirió a la marcha que lideró en septiembre, en la que con miles de sus seguidores recorrió 187 kilómetros hasta llegar a La Paz, y después de siete días de caminata el exmandatario le advirtió a Arce que si “quiere seguir gobernando” debía cambiar a varios de sus ministros.
Esa acción el Ejecutivo la calificó como un intento de acortar el periodo presidencial de Luis Arce por parte de Morales.
Asimismo, Morales señaló que el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, “está insinuando” con llevarlo “fuera de Bolivia”, algo que relacionó con el caso de su exjefe antidrogas, Maximiliano Dávila, quien tiene un requerimiento de extradición en Estado Unidos por narcotráfico.
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Morales enfrenta una investigación por presuntamente “violar a una menor de 15 años” y de crear una red de jóvenes para tener a su disposición durante su presidencia que habría llamado ‘Generación Evo’.
El caso se dio a conocer el miércoles tras la denuncia de la fiscal departamental Sandra Gutiérrez, quien afirmó que fue retirada de su cargo por el fiscal general, Juan Lanchipa, para evitar la captura de Morales.
Lanchipa fue cuestionado por el Gobierno de Arce por esta acción y varios ministros le exigieron explicaciones.
Morales dijo que dicho caso es de 2020 y que se activó durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), pero que la Fiscalía lo rechazó.
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“Áñez usando el Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó y se demostró que no había nada”, recalcó el exjefe de Estado.
El expresidente manifestó que los otros procesos en su contra son por la marcha que protagonizó, por la que se le acusa por instigación pública a delinquir, por daños a la infraestructura caminera y la utilización en la caminata de un vehículo de lujo, propiedad de una persona con antecedentes de narcotráfico.
“Lamentablemente en Bolivia no tengo libertad de expresión ni de locomoción”, indicó.
Tras la conferencia, Morales escribió en la red social X, “el Gobierno prefiere dedicar sus últimos meses de gestión en buscar proscribir al instrumento político que lo llevó a la presidencia e inhabilitar a quien ellos consideran su principal adversario: Evo”.
Y sentenció, “por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea 4 procesos penales para buscar mi aprehensión, pues creen que enviándome a la cárcel callarán la voz de un pueblo descontento con una gestión que arrastró al país a la quiebra”.
Arce y Morales libran una larga batalla por el control del MAS y el Ejecutivo boliviano, y desde 2021 se encuentran alejados también por una pugna por la candidatura presidencial del partido para las elecciones del próximo año.
Los dos políticos se culpan el uno al otro por la crisis económica que atraviesa Bolivia, por la falta de dólares, el encarecimiento de varios productos de consumo diario y por la escasez constante de combustible.
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