A finales del 2023, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó una primera emisión de bonos por S/1.205 millones de un total de S/4.000 millones previstos para financiar la cartera de proyectos anunciada semanas antes por el alcalde Rafael López Aliaga. Esta acción fue fuertemente criticada por el Consejo Fiscal, que advirtió sobre “una peligrosa situación de sobreendeudamiento en la que los pasivos representarían casi 4,5 veces los ingresos corrientes” (2024).
Es sumamente preocupante que el alcalde de Lima pretenda endeudar a la MML por 20 años y por un monto que quintuplica sus ingresos anuales, trasladando esa responsabilidad a las siguientes administraciones que deberán destinar parte importante de sus ingresos a pagar esos compromisos, como ha manifestado la Contraloría General de la República. Pero la insistencia del burgomaestre en emitir esos bonos debiera llevarnos a analizar la capacidad de inversión y las fuentes de financiamiento de la comuna limeña.
Lima, en su condición de región y provincia, ocupa el último lugar de las regiones del país en presupuesto por habitante (MEF). Esto se debe principalmente a dos factores: el primero es la distribución del fondo de compensación regional y municipal, que se cobra junto al IGV (2% y 16%, respectivamente), y el segundo está conformado por los ingresos por canon y sobrecanon. Lima Metropolitana, a diferencia de otras regiones y municipalidades, no cuenta con ingresos por canon, pues tiene muy poca actividad extractiva en su territorio, pero sí tiene una importante actividad económica y financiera que la lleva a generar cerca del 40% del PBI nacional. Por esa razón, es la región que más aporta al fondo de compensación, pero recibe menos del 10% de esa recaudación. Esto es una evidente injusticia, pues los ingresos del canon se quedan en las regiones y municipalidades donde se generan.
Otro importante factor que perjudica las finanzas metropolitanas es que el Gobierno Central nunca le delegó las competencias y recursos que le corresponden por su condición de gobierno regional. Para agravar esta situación, con la creación de la ATU se le quitaron las competencias y recursos asociados al transporte público. Si sumamos estos recursos a los de las principales competencias no delegadas, que son las de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, debemos estar hablando de al menos seis veces el actual presupuesto metropolitano.
A todo esto debemos sumar los tributos establecidos en la Ley de Tributación Municipal que la MML no está recaudando. Uno de ellos es la contribución especial de obras públicas, que grava los beneficios medibles derivados de la ejecución de obras públicas sobre la propiedad privada, haciendo a los propietarios partícipes del financiamiento. Este tributo es ampliamente usado en diferentes países. Por ejemplo, en el 2013 Bogotá recaudó cerca de mil millones de dólares aplicándolo, y otras ocho ciudades colombianas han recaudado en conjunto cerca de US$1.400 millones (Óscar Borrero). En Lima tenemos una gran oportunidad de ponerlo a prueba aprovechando importantes inversiones en infraestructura urbana como la línea 2 del metro, la ampliación del Metropolitano y las obras que se ejecutarán como parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027.
Como vemos, el problema financiero de Lima es multicausal, en gran parte por las competencias y recursos no delegados, por la injusta distribución del fondo de compensación, por la no recaudación de importantes tributos y por la distribución inadecuada de otros como el de la alcabala. Sobre ello debemos actuar, promoviendo un pacto fiscal que sincere los ingresos metropolitanos en correspondencia con su población y su rol en la economía nacional, y limitando la discrecionalidad del Ejecutivo para destinar recursos e imponer obras sin un marco de planificación y por encima de la autoridad metropolitana.
* Con la colaboración de Saúl Barrera Ayala, especialista en gestión municipal.
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