El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Celebramos esta fecha en una sociedad cada vez más consciente de los problemas de salud mental que le aquejan. De hecho, un estudio reciente de Ipsos identifica que esta es la principal preocupación de salud en el Perú.
También conmemoramos este día a más de una década del inicio de la reforma de salud mental que ha ayudado a mejorar la provisión de servicios a la población, a pesar de la inestabilidad política característica de los últimos años.
En el país se cuenta con una red de 297 Centros de Salud Mental Comunitario de libre acceso para usuarios del SIS, y el número de trabajadores en salud mental por cada 100.000 habitantes se ha duplicado en el transcurso de seis años. Sin duda, esto resulta alentador, aunque insuficiente. Un reporte de la Organización Panamericana de la Salud estima que en el Perú solo un tercio de las personas con trastornos de salud mental son atendidas.
Asimismo, el impacto de la pandemia del COVID-19 dejó una profunda huella en la salud mental de los peruanos, exacerbando problemas preexistentes y generando nuevos. Según un informe reciente, los confinamientos y la incertidumbre económica estuvieron relacionados con un aumento significativo de trastornos como la ansiedad y la depresión. Y, si bien los niveles de ansiedad y depresión comenzaron a disminuir a medida que las personas pudieron volver a participar en trabajos remunerados, es crucial reconocer que el Perú, con una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo, ha enfrentado una crisis de salud mental que requiere atención urgente.
También, las repercusiones de la época del terrorismo continúan siendo una realidad para muchos, incluyendo a aquellos que aún buscan a los 20.000 que permanecen desaparecidos. El apoyo psicosocial que el Estado proporciona a estas familias es fundamental, pero aún insuficiente.
Además, sectores de la sociedad quedan marginados de estos servicios. Si miramos a la población venezolana asentada en el Perú, encontraremos que la mayoría se encuentra excluida del sistema formal de salud. Esto se explica, entre otros motivos, por barreras burocráticas, como la necesidad de contar con un carnet de extranjería para acceder a centros de salud del Estado. Sin embargo, la necesidad de atención de esta población es importante. Diagnósticos realizados en Tumbes y Lima indican que casi la mitad de los migrantes venezolanos entrevistados reportan síntomas de depresión y ansiedad. Esto no es de extrañar, si tenemos en cuenta las vivencias traumáticas que pasan durante su viaje, la incertidumbre constante con respecto a su estatus migratorio y la precariedad de sus condiciones de vida, además de las de por sí difíciles experiencias de separarse de sus familias y de adaptarse a un nuevo entorno, características de cualquier proceso migratorio.
A pesar de estas dificultades, los migrantes venezolanos en nuestro país también dan muestras de una gran resiliencia. Encarnada en el mantra “pa’ lante”, asumen una actitud de perseverancia que los mantiene en movimiento. Estudios realizados por nuestro grupo de investigación identifican que cultivar la gratitud, tener presente las metas personales, así como hacerle lugar en el día a día al disfrute y la compañía de otros, son factores de la mentalidad venezolana que la protegen del estancamiento.
De hecho, esta misma actitud proactiva ha permitido que los migrantes conformen organizaciones de base y gestionen sus propias iniciativas. Así, diversas ONG han jugado un rol primordial en proveer de servicios de salud mental a migrantes que de otro modo hubiesen quedado desatendidos. A través de iniciativas de ONG, se están creando modelos de atención que pueden ser transferidos y adaptados para beneficiar tanto a la población peruana como a los migrantes venezolanos. Si estos modelos funcionan para los migrantes, también pueden ser efectivos para toda la población. Este enfoque no solo subraya la necesidad de un sistema de salud mental más inclusivo, sino que también resalta la oportunidad de aprender de las experiencias de los migrantes para mejorar la atención en general.
Es imperativo que la reforma de salud mental continúe; se debe fortalecer y capacitar en intervenciones efectivas para trastornos mentales comunes al personal de los primeros niveles de atención y garantizar el acceso oportuno a tratamientos de salud mental en los centros de salud y hospitales locales en sus distritos. En paralelo, necesitamos garantizar el acceso de todos y todas, sin trabas burocráticas, a estos servicios.