Nuestro declive democrático, por Martín Tanaka

Hace unos días salió publicado el informe sobre la Democracia 2021 del proyecto Variedades de la Democracia, que llama la atención sobre la “viralización de la autocratización”, en el que se vislumbran retrocesos en los procesos democráticos en el contexto de la pandemia, por la expansión de “autocracias electorales”. Esto dio lugar a un interesante comentario de Paolo Sosa en estas mismas páginas. Países como Brasil, la India y Turquía han caído en los índices del componente liberal de la democracia, de modo que, si bien se trata de gobiernos elegidos democráticamente, muestran comportamientos claramente autocráticos.

Para América Latina, se señala que en el contexto de la pandemia se han erosionado las democracias en El Salvador y Paraguay, pero también México, Venezuela, Brasil y Bolivia. En términos generales, el patrón de erosión con los presidentes Bukele, Benítez, López Obrador, Maduro, Bolsonaro y Morales (creo que también se podría incluir a Áñez) muestra rasgos similares: presidentes que actúan de manera intolerante, atacando a los medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil críticas, satanizando a la oposición política, incluyendo el recurso de la difusión de información falsa para desacreditar a los adversarios. Perú tiene experiencia en este tipo de problema, es más, podría decirse que fuimos los pioneros del modelo de autocracias electorales, configurado por el fujimorismo en la década de los años noventa. Ciertamente el riesgo de repetir ese tipo de experiencia existe. Pero Perú está enfrentando otros riesgos más inmediatos de declive democrático, en realidad, que no son los mismos que están encendiendo las alarmas en otras latitudes.

Perú tuvo en los últimos años una histórica continuidad democrática, que estuvo además acompañada por crecimiento y reducción de la pobreza. Sin embargo, era una democracia de mala calidad por la debilidad de sus instituciones y de sus actores políticos, por la dificultad de convertir el crecimiento en bienestar y la reducción de la pobreza en una situación menos precaria y vulnerable. Con todo, había un notable, para nuestros estándares, consenso en torno al respeto a fundamentos democráticos elementales (mínima pluralidad, respeto a los adversarios), y a los fundamentos económicos (mantener la estabilidad macroeconómica y los equilibrios fiscales básicos). Desde 2016 se empezó a romper la dinámica que se estableció desde la transición en 2001. Para empezar, nuestra precariedad institucional siguió estando allí, pese a algunos intentos de enfrentarla. Segundo, aquello que funcionaba bien empezó a resquebrajarse: sufrimos una clara desaceleración en el crecimiento, y la pobreza no solo dejó de reducirse, sino que inició un nuevo dinamismo, haciéndose visible en zonas no tan “convencionales” como la sierra norte y las grandes ciudades. De otro lado, los actores políticos principales se enfrascaron en una lógica de conflicto crecientemente polarizante y destructiva, que terminaron afectando incluso el consenso económico, a la vez que se difuminó el consenso en torno al respeto a ciertos límites en la disputa política, se forzaron las prerrogativas constitucionales hasta el límite en el conflicto entre vacancias presidenciales y disoluciones parlamentarias.

Este enfrentamiento, al que habría que sumar los efectos destructivos de las denuncias asociadas al Caso Lava Jato y otros, debilitaron aún más a los actores políticos. Esto hizo que la representación política se poblara aún más de intereses fragmentados, particularistas y oportunistas. En el contexto de la pandemia, esto se ha manifestado en el desafío abierto a los consensos económicos del pasado y en la pérdida de mínimos códigos de conducta democrática. En lo político el riesgo mayor no es tanto la concentración del poder en un autócrata; el camino de nuestro declive democrático sería el del entrampamiento permanente, cayendo en círculos crecientemente autodestructivos, en el que políticos irresponsables, cortoplacistas, demagógicos, soliviantando a una ciudadanía crecientemente irritada e impaciente, impidan la formación de mayorías y un mínimo de gobernabilidad.

Ninguna de las candidaturas en competencia, por sí sola, podrá resolver este problema. Se requerirá construir coaliciones en torno a plataformas mínimamente sensatas.