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No entres, no pienses, por Fernando Cáceres

“Los funcionarios públicos deben tener cierto nivel de discrecionalidad, porque las decisiones complejas nunca son blanco o negro”.

Fernando Cáceres Freyre Analista de políticas públicas

Línea 2

“Los funcionarios de Pro Inversión buscaron una salida que penalizara a la empresa, pero que a la vez no retrasara la inversión de un proyecto que beneficiará a millones de peruanos”. 

En el 2012, el Gobierno, a través de Pro Inversión, convocó un concurso público para contratar a un consultor que estaría encargado de elaborar los estudios de preinversión necesarios para la concesión de la línea 2 del metro de Lima. Sin embargo, los funcionarios de la Dirección de Promoción de Inversiones y de la Oficina de Asesoría Jurídica de esta entidad cometieron un ‘grave error’: pensar. Algo que no parece estar permitido por la Contraloría General de la República.

La consecuencia de esta ‘osadía’, para doce funcionarios públicos, ha sido nada menos que haber quedado inhabilitados para trabajar para el Estado, por un lapso que va de uno a cuatro años. Para algunos, esto ha significado inclusive perder sus puestos de trabajo, teniendo ahora que buscar dónde recolocarse en el sector privado.

En las bases del concurso, efectivamente, se señalaba que los estudios de preinversión a ser entregados por el consultor, el consorcio Geodata-ESAN-Serconsult, deberían estar firmados por ingenieros colegiados. Cuando la empresa consultora presentó los estudios correspondientes, resultó que no contenían firma de ingenieros colegiados. Los habían elaborado ingenieros extranjeros, bastante calificados por cierto.

Los funcionarios de Pro Inversión buscaron una salida que penalizara a la empresa, pero que a la vez no retrasara la inversión de un proyecto que beneficiará a millones de peruanos, considerando que se trataba de un incumplimiento formal no esencial. Así, impusieron a la empresa una penalidad por daño menor ascendente a US$30.830,72, y consideraron subsanado el requisito de la colegiatura, con la conformidad técnica de los ingenieros colegiados de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).

Esta suerte de subsanación no es irregular. La norma madre de las contrataciones del Estado señala: “El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos”.

Si el contenido del estudio tenía fundamentos técnicos y el requisito de la firma de ingenieros colegiados podía subsanarse, ¿por qué interrumpir el proceso de inversión? Los funcionarios públicos deben tener cierto nivel de discrecionalidad, porque las decisiones complejas nunca son blanco o negro.

La interpretación de la contraloría, sin embargo, es que la falta de colegiatura configuraba un incumplimiento del contrato, es decir, debía haberse resuelto el contrato. La contraloría no dice que el contenido de los estudios no tenga fundamento técnico. Tampoco dice que los ingenieros que firmaron el estudio no tuvieran suficientes estudios. Menos aun realiza una ponderación entre los costos sociales de resolver el contrato y los beneficios de preservarlo. La contraloría dice que la ausencia de un ‘sello’ debió haberse tratado como un incumplimiento esencial, resolverse el contrato y arriesgarnos al inicio de un arbitraje.

¿Qué puede aportar el que los ingenieros tengan colegiatura peruana? Nada. Los títulos los dan las universidades a nombre de la nación, y los colegios en el Perú no hacen filtros de calidad de sus agremiados, por lo que sus cobros no tienen justificación, y son un privilegio casi monárquico.

Indecopi ya declaró como barrera burocrática varias exigencias de los colegios profesionales. Pero eso no basta para que no vuelvan a ocurrir absurdos como este. Hay una ley del 2006 que establece que para ejercer la profesión de ingeniero en el Perú se necesita estar colegiado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Vaya lobby. ¿Algún congresista que nos ayude a eliminar este privilegio?

La moraleja que deja esta historia es patética. No entres a la función pública, y si entras mejor no pienses.

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