Gobiernos “fuertes”, instituciones débiles

En ciertos círculos empresariales y mediáticos se insiste en que el Perú necesita un gobierno ‘fuerte’ –por no decir autoritario– de derecha. La fórmula suena rotunda, urgente, casi obvia. Pero, como toda consigna demasiado simple, encubre una complejidad que conviene desmenuzar: ¿qué significa, en concreto, reclamar un ‘gobierno fuerte’ y cuáles serían sus consecuencias?

La ‘fortaleza’ puede nombrar dos cosas casi opuestas. Puede aludir a la capacidad del Estado para hacer cumplir reglas impersonales, previsibles y aplicables a todos. O puede referirse a la disposición a concentrar poder para torcer esas reglas cuando estorban. En el primer caso hablamos de un Estado moderno, con instituciones que funcionan. En el segundo, de un atajo: un Estado capturado. No es lo mismo un gobierno que ordena a través de instituciones que uno que ‘ordena’ debilitándolas.

Para algunos, el pedido nace del temor a que un eventual gobierno de izquierda reabra heridas aún recientes: las expropiaciones del gobierno de Juan Velasco Alvarado, los desajustes macroeconómicos del primer gobierno de Alan García o la retórica incendiaria del siglo XXI. Son miedos comprensibles, aunque no siempre bien canalizados. El riesgo de un giro populista existe; la pregunta es si la respuesta será institucional (más reglas, contrapesos y predictibilidad) o personalista (más poder concentrado en una figura que promete ‘orden’ debilitando instituciones). Y no siempre el miedo es inocente: a veces no se teme el desorden, sino a perder privilegios construidos en un entramado donde la cercanía al poder –y no la productividad– opera como ventaja competitiva.

Otros idealizan el ‘orden’ asociado a los noventa de Alberto Fujimori: privatizaciones, fin de la hiperinflación, restablecimiento de la autoridad. El precio pagado –autoritarismo, corrupción, desinstitucionalización– se reduce a un ‘costo inevitable’. Pero esa lectura confunde resultados económicos con métodos políticos. Muchas reformas técnicas no exigían dinamitar contrapesos, domesticar la justicia ni normalizar la arbitrariedad.Conviene precisar algo: no toda derecha ni toda agenda proinversión desemboca en autoritarismo. El problema es una derecha rentista que pide ‘mano dura’ no para fortalecer el Estado, sino para disponer de él. Así se consolidan políticas hechas a la medida: se invoca la competencia mientras se levantan barreras de entrada; se celebra el emprendedurismo, pero se asfixia a la microempresa con trámites interminables y acceso limitado al financiamiento. La mano dura se reserva para el informal –como si fuera un enemigo moral–, mientras la indulgencia aparece cuando el incumplimiento viene de arriba, envuelto en lobby y lenguaje técnico. Y aquí está el punto: lo que falta no es firmeza, sino imparcialidad.

Según el costarricense Alberto Trejos, doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, el autoritarismo puede presentarse como una vía rápida para decidir, pero termina funcionando como un costo encubierto que frena el crecimiento a largo plazo. En el corto plazo, legitima abusos. En el mediano, erosiona la base del sistema económico: sin reglas claras ni instituciones sólidas, la inversión no se expande, se repliega; se vuelve defensiva y especulativa. Sin confianza en la justicia, en la regulación y en el Estado, no hay desarrollo sostenible, y se siembra resentimiento social contra el modelo.

La región ofrece lecciones que conviene mirar sin romanticismo: cuando el “orden” se vende como eficiencia y se concentra poder, se debilitan los controles y la rendición de cuentas se vuelve un trámite. Al inicio puede parecer estabilidad; con el tiempo, la arbitrariedad se instala como método y la confianza se deteriora.

No nos engañemos: el Perú no necesita un gobierno ‘fuerte’ si eso significa socavar la democracia. Lo que necesita es, justamente, lo que el atajo autoritario detesta: reglas impersonales, reguladores con dientes, justicia independiente y un Estado capaz de hacer cumplir contratos sin padrinos, ampliando oportunidades y promoviendo una formalización real. La democracia no es un adorno del crecimiento: es su seguro de largo plazo. Quien hoy la debilita en nombre del ‘orden’, mañana no tendrá ni democracia ni crecimiento; tendrá poder concentrado y una factura que termina pagando el país entero.