Es moneda común el reconocer que en los últimos años el Perú atraviesa un proceso de polarización política, muy negativo para nuestra democracia. No hay acuerdo, sin embargo, sobre sus orígenes y dinámica; por consiguiente, tampoco sobre qué podría hacerse para reducirla. Si bien se han desarrollado valiosas experiencias en las que se procura generar diálogos y buscar acuerdos entre actores políticos y sociales distanciados, sería útil tener un mejor diagnóstico sobre qué empuja a la polarización. Si al menos parte de esta se explica como una reacción ante acciones percibidas como amenazantes o inaceptables por otro sector, entenderlas sería un paso previo para proponer gestos o acuerdos que permitan reducir el nivel de animosidad política. En todo caso, sería útil tener claro con quiénes y en torno a qué se puede negociar políticamente, y con quiénes eso resulta inaceptable.
Partamos reconociendo que la polarización política es un fenómeno global; buena parte de la explicación está relacionada al hecho de que el mundo en general pasó por una etapa de prosperidad relativa entre finales del siglo pasado y los primeros años del actual, pero el modelo en el que se basaba sufrió un golpe devastador, expresado en la crisis financiera del 2008, cuya recuperación posterior resultó muy difícil, y sacó a relucir los límites del modelo imperante para que el crecimiento económico se traduzca en el bienestar de los ciudadanos. De allí la expansión de discursos populistas y lógicas polarizantes en muchos países del mundo, desde los centrales hasta los periféricos.
Por supuesto, ante influencias globales, cada país posee un dinamismo propio que puede contrarrestar esas tendencias y hacerlas inocuas, o por el contrario puede agrandarlas y volverlas centrales. En el Perú, a mi juicio, la respuesta al final del ciclo de crecimiento 2003-2013 llevó a cierta división en el mundo de la derecha: de un lado, sectores que propusieron profundizar una lógica de reformas institucionales, y otros que propusieron profundizar un modelo basado en la explotación de recursos naturales. En la base de estas controversias estuvieron también diferencias respecto a cómo se percibieron las protestas y conflictos socioambientales: mientras unos consideraron que expresaban un descontento real y legítimo, consecuencia del mal funcionamiento del Estado; otros lo atribuyeron a la acción de agitadores e intereses subalternos. A esto hay que sumarle que posturas liberales de derecha empezaron a perder espacio frente a posturas más abiertamente populistas, que es lo que sucedió claramente con Fuerza Popular después de perder las elecciones del 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski, produciéndose una escisión en el campo de la derecha, hasta ese momento relativamente unido.
Los problemas con la identidad de Fuerza Popular se agravaron con su postura frente al indulto de Alberto Fujimori, otorgado por Kuczynski en el 2017. Si bien Kuczynski tomó esa decisión en coordinación con su hijo Kenji, no con Keiko, avivó al sector antifujimorista, que ya había sido muy importante en las elecciones del 2011. Hasta ese momento, la respuesta del fujimorismo ante sus críticos solía ser más concesiva, justificando la necesidad de tomar medidas extremas en circunstancias excepcionales en el pasado, que no debían repetirse en el futuro. Como es claro, ese discurso empezó a cambiar en los años siguientes.
Otro factor clave fueron las revelaciones del Caso Lava Jato y sus consecuencias. Seguiré con el tema.
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