En ciertos rincones del mundo, Papá Noel tendrá siempre más trabajo. Si el Perú pudiera entregarle sus regalos, hay algunos que indiscutiblemente elegiría.
Pediría sancionar de forma ejemplar a quienes, desde Qali Warma, han tejido una red de corrupción para obtener ganancias a costa de la salud de los escolares más pobres del país. Es una aberración que no podemos aceptar como sociedad. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene el deber de explicar qué cambios implementará en el programa para que, más allá de darle un nuevo nombre, proteja adecuadamente del hambre a nuestros niños.
Pediría que dejemos de ser un país mundialmente reconocido por su gastronomía, pero donde el 43,1% de niños y niñas de entre 6 y 35 meses viven con anemia, y donde uno de cada cinco peruanos padece de inseguridad alimentaria grave; es decir, que varias veces al año se quedan sin alimentos incluso durante todo un día. Sabemos qué se necesita para combatir la anemia infantil: que nuestros niños y niñas ingieran las dosis adecuadas de hierro. Hagámoslo realidad.
Pediría que dejemos de ser un país con un acceso precario a los servicios públicos. Donde, por ejemplo, todos tengan agua clorada cuando abran el caño en sus viviendas. Hoy, en la sierra y la selva, esto no alcanza ni al 20%, y en la costa, al 50%. Ampliar estos porcentajes pasa por introducir gestión profesional en las prestadoras de servicios de agua potable y desagüe, empresas públicas municipales que se manejan como les viene en gana. Además, que remontemos en los resultados de la prueba Pisa 2022, donde el 66% de los estudiantes mostró bajo rendimiento en matemáticas, mientras en comprensión lectora el 50% alcanzó los requisitos mínimos y solo el 1% obtuvo calificaciones de alto rendimiento.
Pediría que el Congreso deje de aprobar leyes que favorecen al crimen organizado y agudizan la inseguridad ciudadana. En esa línea, que no se vuelva a ampliar el Reinfo, sino que se aprueben la ley y el reglamento para la pequeña minería y minería artesanal. El Estado necesita darle incentivos para formalizarse y perseguir a la minería ilegal, que depreda ecosistemas enteros y arrastra delitos como trata de personas para fines de explotación laboral y sexual, sicariato, lavado de activos, entre otros.
Pediría que las instituciones públicas mejoren la eficiencia en la administración de sus presupuestos. Por ejemplo, como comprobamos desde Videnza Instituto, al 5 de diciembre, el Ministerio del Interior reportaba una ejecución del 52% de su presupuesto de inversión para este 2024. Y, cuando gasta, lo hace mal: por cada S/100 que planificó gastar, terminó desembolsando hasta S/132. Esto, cuando este 2024 es, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, el más violento de los últimos ocho años: más de 2.000 homicidios en todo el país, 30% más que en el 2023.
Pediría que el Ministerio Público se ponga a la altura de los retos que le imponen la corrupción y el crimen organizado, pese a que el Ejecutivo le ha otorgado 4% menos de presupuesto que el año anterior, y solo el 19% de lo que solicitaron.
Y, en términos económicos, pediría que avancemos en la formalización de la economía, recuperemos la disciplina fiscal y hagamos los esfuerzos necesarios para mantener el grado de inversión. Necesitamos un Ministerio de Economía y Finanzas que detenga los impulsos populistas del Congreso, que el 2025 serán más fuertes aún.
El Perú necesita autoridades conectadas con la realidad, que no estén obnubiladas por un poder efímero ni coludidas con redes corruptas. Requiere un Estado que apueste por la meritocracia en todos sus niveles.
La lista, por supuesto, es interminable. Pero hoy, 24 de diciembre, pediría que la Navidad nos recuerde que todos somos responsables del bienestar de nuestra comunidad. Transformemos la indignación en acción, la indiferencia en solidaridad y la desesperanza en planes concretos.