El reciente cambio ministerial nos ha dejado a muchos navegando en un mar de dudas. Dina Boluarte decidió prescindir de dos de sus integrantes de mayor peso político, Javier González-Olaechea y Hania Pérez de Cuéllar, y, en su lugar, optó por personajes que despiertan más sospecha que confianza.
Como ministro de Vivienda, designó a Durich Whittembury, quien fue secretario general durante la gestión del tan cuestionado (y hoy preso) Geiner Alvarado. Recordemos que el Ministerio de Vivienda fue un hervidero de corrupción durante el gobierno del expresidente (también preso) Pedro Castillo. Aunque Whittembury asegura que “nunca fue captado” por Alvarado, su nombramiento evoca ecos inquietantes de la era Castillo y siembra justificadas sospechas.
Por otro lado, las primeras y desafortunadas declaraciones del nuevo canciller sobre que “los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos” despiertan ecos perturbadores de la fatídica entrevista de Pedro Castillo en el 2022, cuando le decía a Fernando del Rincón (CNN) que “hay que preguntarles a los venezolanos [sobre la legitimidad de Maduro]”. Además, Maduro respaldó enfáticamente a Castillo tras su fallido golpe de Estado y no olvidemos que el otrora prófugo sobrino presidencial, Fray Vásquez, pasó sus últimos meses como fugitivo en Venezuela.
La defensa de la democracia hoy –sobre todo después de haber vivido un intento de golpe de Estado– debe ser firme. Se entiende que en la diplomacia es crucial navegar con cuidado, más cuando están en juego los derechos de miles de venezolanos que han buscado refugio en nuestro país, pero inclinar el péndulo hacia la complacencia tampoco es la solución. Aunque el canciller rectificó su postura y reafirmó el compromiso del Perú con la democracia, la reticencia del presidente del Consejo de Ministros a calificar al régimen de Maduro como una dictadura, junto con el silencio calculado de Boluarte, dejan la sensación de que se camina por una cuerda floja y nos hace preguntarnos: ¿cuál es la posición del Perú realmente?
De más está decir que la opinión pública no es un factor que este Gobierno tome en cuenta a la hora de decidir. Al fin y al cabo, ¿qué más puede bajar la aprobación de Boluarte? Vale la pena preguntarse entonces, ¿cuál es la racionalidad detrás de las decisiones de la presidenta? Sabemos que su principal objetivo es mantenerse en el poder, y los cambios ministeriales (así como la permanencia de figuras cuestionadas) probablemente respondan a una lógica que sirva a ese propósito, aunque aún no tengamos del todo claro el cómo. Eventualmente tendremos respuestas, pero, hasta entonces, mejor no bajar la guardia ante un gobierno que cada vez se asemeja más al de Castillo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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