El Perú, según la OEA

El jueves, el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó el Perú para evaluar la crisis política luego de que el gobierno de Pedro Castillo solicitase la activación de la Carta Democrática Interamericana tras acusar un supuesto golpe de Estado en su contra presentó su informe preliminar. Este es el corolario de las 29 reuniones que el equipo sostuvo con representantes de los diferentes poderes del Estado, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil, llevadas a cabo durante los días que estuvo en nuestro país.

Lo primero que hay que decir es que, a diferencia de lo que sugieren el número y la naturaleza de los interlocutores de los encuentros sostenidos por el grupo de alto nivel, el documento preliminar no tiene nada de riguroso. Desde los “hallazgos”, donde se hace evidente que se le ha otorgado mayor peso a la versión oficialista de los hechos, hasta las “recomendaciones”, que no son más que una colección de lugares comunes, el texto sencillamente hace agua por todos lados, cuando no se conforma con lecturas maniqueas y superficiales de la coyuntura o repite afirmaciones peligrosas y mentirosas sin preocuparse por contrastarlas con la realidad.

Lo que el escrito afirma sobre la libertad de expresión, por ejemplo, es una buena muestra de lo que sostenemos. En el inciso 5 del título “Hallazgos”, se mencionan los “cuestionamientos sobre el rol de la prensa y los medios de comunicación”. Allí, no solo se recoge la versión oficialista de que los medios son “desestabilizadores” y de que lo que informan se usa como pretexto para “abrir casos de investigación legal contra actores políticos”, sino que el grupo de alto nivel también acusa haber sido informado de una supuesta “sobre libertad de expresión” en el Perú; una redacción temeraria que invita a pensar que el grupo considera que existe un exceso que debería restringirse o limitarse de alguna manera.

Lo preocupante, empero, no es que el informe recoja versiones como estas, toda vez que era previsible que el Ejecutivo y sus aliados insistirían en esta perspectiva. Lo que inquieta es que se hayan hecho tan pocos esfuerzos por mostrar la otra cara de la discusión, esa que las organizaciones de periodistas y medios de comunicación le presentaron a la OEA y que ahondaba en las restricciones y ataques planteados por el Gobierno hacia los periodistas. Así, el grupo se queda con una edición escueta y sesgada de los hechos en la que apenas se cuestiona la falta de transparencia del Gobierno.

Algo parecido ocurre con el inciso 7 de los “Hallazgos”. Este llega a leerse como uno de los discursos del presidente en los que asegura que los cuestionamientos y procesos en su contra tienen una motivación racial y no factual: “Existen sectores que promueven el racismo y la discriminación y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial”, dice el texto, sin vergüenza alguna. Ninguna versión alternativa es planteada para conjurar la posibilidad de que este “hallazgo” contribuya al objetivo del jefe del Estado de victimizarse, ni tampoco se ofrecen detalles sobre las investigaciones por corrupción que pesan sobre esta administración, ni de las groseras maniobras del Ejecutivo para obstruir la justicia. Elementos claves para entender la crisis por la que pasa el país.

Con la precariedad del diagnóstico, no sorprende que las soluciones recetadas dejen mucho que desear. En buena cuenta, se llama a “encauzar el diálogo”, establecer una “tregua política” y a dejar que instituciones como el Tribunal Constitucional despejen cualquier controversia legal que pudiese presentarse. Una serie de recomendaciones que nos dejan en el mismo lugar donde empezamos; o, dicho de otro modo, que no sirven para nada.

La OEA, está claro, ha elegido emitir un informe cómodo para el Gobierno, donde nada se dice sobre cómo este es el principal promotor de la crisis que el país atraviesa en estos momentos. Un diagnóstico de nuestra democracia bastante flojo, por decir lo menos.