La libertad del delito

Encuestas recientes apuntan a que la ciudadanía opina que el Congreso es uno de los principales responsables de la crisis de inseguridad ciudadana –solo por detrás de la presidenta Dina Boluarte–. La percepción no es gratuita y se basa, en parte, en la aprobación de leyes como la que el año pasado eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta, como se sabe, era una figura legal sumamente útil para que las autoridades puedan realizar arrestos en ausencia de flagrancia siempre que “existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años”. De acuerdo con el Ministerio Público, personas con investigaciones por extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas, entre otros delitos, quedaron en libertad gracias a la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia.

Pero la semana pasada el Congreso finalmente terminó de corregir su error. El pleno aprobó por insistencia –con 86 votos a favor– la restitución de la detención preliminar. En diciembre pasado, el Congreso había dado luz verde a su restitución, pero la iniciativa fue observada por el Ejecutivo, con lo que cumplen ya casi tres meses de inaplicación. Si bien parte de la nueva norma puede ser luego mejorada para evitar, en la medida de lo posible, potenciales abusos contra personas inocentes, su entrada en vigor lo antes posible será importante para combatir el avance del crimen que vive el país día a día.

Hay, no obstante, dos figuras que merecen un llamado de atención en esta trama. La primera es la presidenta Boluarte y su administración. Arrastraron los pies hasta el último momento para luego observar la autógrafa, y su reticencia hace inevitable pensar en algunos personajes cercanos a Palacio de Gobierno, como el vocero presidencial y exdirector de Qali Warma, Fredy Hinojosa, quien eludió su arresto gracias a que la detención preliminar no estaba entonces vigente. De hecho, al momento de escribir estas líneas, el diario “El Peruano” aún no publicaba la ley pendiente, y las demoras podrían ser atribuibles al gobierno.

La segunda es la bancada de Perú Libre. El grupo parlamentario luchó hasta el último minuto para seguir dilatando la votación final que restituiría las capacidades de la policía y de la fiscalía. “Nadie está libre de, por acción u omisión, cometer un delito”, dijo entonces Flavio Cruz, vocero de la bancada, una frase que inevitablemente se escuchó más cercana a la confesión que a la defensa de principios legales razonables.