Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha instituida oficialmente por la ONU en 1975 para reflexionar sobre las brechas de género que arrastraban en ese entonces todas las sociedades –algunas más y otras menos– alrededor del planeta. Uno puede darse cuenta rápidamente de que en los 50 años que han pasado desde entonces la situación ha mejorado muchísimo. Las mujeres, después de todo, no solo votan, sino que ocupan cargos de poder que hace medio siglo eran impensables; también presiden compañías, van a la universidad y existe un compromiso de los países por trabajar para erradicar indicadores que en el pasado eran inquietantemente altos, como la tasa de mortalidad materna. Pero quizás el cambio más importante es el que ha tenido lugar alrededor de la violencia de género, que hasta hace unas décadas era tratado como un asunto doméstico, que no debía salir de casa, y que hoy se denuncia públicamente.
Pese a todo lo avanzado, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Y en nuestro país, aunque en los últimos años ha habido mayor consciencia sobre la necesidad de luchar contra las taras que impiden que una mujer desarrolle y lleve a cabo su proyecto de vida, aún arrastramos varios pendientes. El principal de ellos es el feminicidio. En este Diario hemos recordado que en los últimos tres años se registraron 450 de estos. Lo peor de todo es que los números no se vienen reduciendo; por el contrario, las estadísticas del 2024 superaron a las del 2023, y apenas en el primer mes del 2025 ya se registraron 17 casos.
Otro gran pendiente es el de las violaciones. Según información de los centros de emergencia mujer, cada 39 minutos ocurre una de estas aberraciones en el Perú, en la mayoría de los casos, además, contra una menor de edad. Hace poco, nuestra Unidad de Periodismo de Datos (EC Data) puso la lupa sobre la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, donde los embarazos adolescentes se han quintuplicado en la última década y donde hace un año se desató un escándalo que debió haber tenido mayores consecuencias políticas cuando se supo que profesores habían violado sistemáticamente a estudiantes de la comunidad awajún, a las que incluso embarazaron y contagiaron de VIH. A propósito de esto, el año pasado también se rompieron récords en denuncias de violencia sexual en las aulas, con casi 4.000 reportes.
Las cifras, pues, están ahí y no se van a reducir por arte de magia o porque las mostremos. Hace falta un compromiso y un trabajo serio de nuestras autoridades, principalmente, y de todos como país también para cumplir con las metas que se trazaron medio siglo atrás. La lucha continúa.
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