Editorial El Comercio

En un país que lleva ya un tiempo acostumbrándose a los escándalos de los personajes que son recluidos en prisión, esta vez la conmoción vino más bien por la liberación de uno. , organizador del intento de golpe de Estado conocido como el ‘andahuaylazo’ que resultó en el asesinato de cuatro policías, ha sido puesto en libertad luego de más de 17 años en prisión.

El hermano menor del expresidente Ollanta Humala se benefició de la figura de redención de pena. Su condena –que incluía los cargos de homicidio simple y secuestro– era por 19 años, pero, de acuerdo con el INPE, los días de trabajo y estudio le permitieron acortarla en un año y siete meses. La decisión fue tomada por el Consejo Técnico Penitenciario del penal Ancón II, donde estaba recluido el líder etnocacerista.

Existen tres motivos por los que la libertad de Humala ha causado enorme controversia. El primero es una discusión legal sobre la manera en que se dio la liberación. Si bien el ministro de Justicia, Félix Chero, defendió la salida de Humala de prisión –y el INPE depende de su despacho–, especialistas consultados por este Diario señalan que más bien le correspondía a un juez revisar o validar la decisión de liberar a Humala por redención de pena, no a un consejo técnico. Otras consideraciones, como el pago de la reparación civil, el informe psicológico sobre la rehabilitación del recluso o la legalidad de conceder beneficios a condenados por delitos de la naturaleza de los cometidos por Humala, también habrían sido omitidas de la discusión.

El segundo motivo de controversia es el momento en que ha sido puesto en libertad uno de los personajes más radicales del país. El presidente se halla en un contexto de especial debilidad, con aliados políticos cada vez más reducidos y un Ministerio Público que avanza a paso firme en las investigaciones en contra de él y de su entorno familiar. La presencia del exmilitar en las calles podría redistribuir parte de las fuerzas del tablero político a favor del mandatario, sobre todo con miras a los comicios subnacionales de octubre.

En ese sentido, no han pasado desapercibidas las visitas de Virgilio Acuña, operador de Humala, al presidente Castillo y al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, esta semana en Palacio de Gobierno. Vale recordar que la cercanía del presidente al entorno de Humala no es nueva. El ofrecimiento de un indulto para el también autor del levantamiento de Locumba formó parte de la campaña electoral de Castillo, al tiempo en que bases etnocaceristas fieles a Humala proveían logística y seguridad al entonces candidato de Perú Libre.

Finalmente, el tercer motivo de preocupación es que Antauro Humala representa todavía un peligro para el país y su sistema democrático. Contrario a la narrativa que sus simpatizantes han tratado de empujar, Humala no es un patriota: es un homicida orgulloso de sus crímenes. Su visión política radical tiene elementos fascistas, violentos y autoritarios, incompatibles con cualquier debate político en una democracia moderna.

“¡Hemos matado a cuatro perros del Estado!”, dijo Humala en el ‘andahuaylazo’, según un policía que estaba oculto en la comisaría. Ayer, al salir del penal, señaló que se sentía “muy orgulloso de lo que hicimos en Andahuaylas”. Esto evidencia que el hermano menor del exmandatario no muestra arrepentimiento ni resocialización, sino todo lo opuesto. Humala podrá haber saldado sus cuentas con la justicia, pero no merece ni olvido ni perdón de la sociedad por sus crímenes.