Editorial El Comercio

¿Quiénes deberían ser los más preocupados con el avance de la extorsión y el crimen en el país? En primer lugar, por supuesto, las propias víctimas y, en general, los ciudadanos que viven atemorizados en su día a día. En segundo lugar, debería serlo el responsable de la política de seguridad interna, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a quien el país parece írsele de las manos cada semana.

Pero no fue esa sensación de preocupación la que transpiró en la reciente entrevista que concedió a este Diario. Santiváñez, más bien, tuvo tres actos reflejo. El primero consistió en endilgarles la responsabilidad de la situación actual a sus predecesores en el puesto. “Lo que estamos enfrentando hoy son los resultados de lo que nadie hizo durante años. Los Pulpos es una organización criminal que tiene 30 años en el país. ¿Qué hicieron los ministros anteriores para evitar que esto crezca? No hicieron nada. Jamás”, dijo por ejemplo en la conversación, para luego explicar todo lo que su gestión –de acuerdo con él– sí había logrado.

El segundo acto reflejo fue apelar al conocido y reciclado argumento de la desinformación en su contra. “Lo que sucede es que a veces los gremios no reciben la información sobre las capturas, las detenciones, sobre las estrategias que hemos establecido, pues no todos los medios de comunicación lo transmiten. Bajo la desinformación podría pensarse que el sector Interior no está haciendo nada”, dijo a propósito de la crítica del presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, respecto de su trabajo. Con las estadísticas de homicidios en nivel récord, hay que ser en extremo audaz para atribuir el terrible ciclo noticioso de violencia a una suerte de campaña de comunicaciones concertada en su contra, o a “la lacra caviar”, como él mencionó.

Finalmente, el ministro insistió también en minimizar el problema y, en la misma medida, sobreestimar sus avances. A pesar de indicar que existen cerca de 300 organizaciones criminales en Lima, no parece relacionar ese devastador dato con el deficiente trabajo de la policía en sus meses de gestión. La propia presidenta, Dina Boluarte, subrayó en su reciente participación en la conferencia del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que “el Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social”, en una evidente muestra de desconexión con la realidad de las calles.

Si el país tiene alguna chance de vencer la criminalidad organizada, las autoridades deben evitar quitar el cuerpo para responsabilizar a sus antecesores, culpar a campañas de desinformación y maquillar la gravedad del problema. No hay salida alguna en esta ruta que seguimos.

Editorial de El Comercio

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