Editorial El Comercio

Atendiendo a una invitación del Consejo de la Peruana (CPP), una delegación de laintegrada por sus más altas autoridades, llegará la próxima semana al país, pero no para cumplir funciones protocolares, sino para registrar y analizar los persistentes atentados contra la libertad de prensa y expresión atribuibles al Estado. De hecho, la visita se producirá solo una semana después de que la presidenta Dina Boluarte acusara a la “mala prensa” de confabularse con el Ministerio Público para desestabilizar al gobierno y dar un “golpe blando”: sintomáticamente, se trata de las dos fuentes de investigaciones sobre los problemas de corrupción que tienen a la actual administración en una situación apremiada.

Las hostilizaciones, sin embargo, no provienen solo del Ejecutivo. El Congreso, el Poder Judicial, la misma fiscalía y los gobiernos regionales y locales tienen también parte en estos intentos de intimidación a quien los observa y critica en voz alta. Ante esa circunstancia, no es de extrañar que el haya experimentado el mayor descenso en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa (un estudio independiente desarrollado especialmente para la SIP) en los últimos dos años.

La agenda de la delegación incluye reuniones con periodistas que han sido objeto de acoso, ejecutivos de medios de comunicación y representantes de asociaciones de prensa. En lo que concierne a los representantes de las distintas entidades y esferas del Estado solo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, han aceptado reunirse con los visitantes. Esto a pesar de que, según ha informado el CPP, se han solicitado también audiencias con la jefa del Estado, la presidenta del Poder Judicial y el defensor del Pueblo, entre otros.

Los informes mensuales de libertad de expresión del Consejo de la Prensa Peruana señalan que los factores que han determinado el descenso del Perú en el Índice Chapultepec son la impunidad en casos de periodistas asesinados, la persecución judicial contra comunicadores, el discurso agresivo desde los distintos poderes del Estado y la manipulación de medios públicos como TV Perú. Un cuadro alarmante, en suma, que será evaluado por la delegación que nos visitará la próxima semana, entre el lunes 10 y el miércoles 12 de este mes, y merecerá sin duda un pronunciamiento de su parte.

Editorial de El Comercio

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