La trama alrededor de Petro-Perú sin duda destaca entre las limitaciones más notables de este gobierno. Luego de un mes de que el directorio renunciase a causa de la indecisión del Ejecutivo sobre la ruta que debía seguir la petrolera estatal, el gobierno aún no encuentra reemplazantes. El equipo saliente, como se recuerda, intentó tomar medidas concretas para aliviar progresivamente los problemas inmediatos y de fondo de una compañía al límite del colapso, pero no recibió mayor respaldo político, lo que precipitó su paso al costado. Es decir, la empresa se halla sin capacidad efectiva de tomar decisiones estratégicas precisamente cuando más las necesita.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Arista, y el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, vienen prometiendo desde hace semanas que la confirmación del nuevo directorio se realizaría en cualquier momento, pero hasta ahora no se ve luz verde. “Nos estamos tomando tiempo, porque queremos poner un buen directorio. No nos gusta hacer cambios a cada rato, sino gente que está dispuesta a estar trabajando ahí por un buen tiempo”, dijo esta semana Arista.
El motivo real de la demora, sin embargo, es más intuitivo. Luego del maltrato al anterior directorio –del que la presidenta Dina Boluarte insinuó además que no tenían suficiente espíritu patriótico–, los profesionales competentes entusiasmados con tomar la posta probablemente no abundan en el mercado. Además, ya es obvio que cambios necesarios para sanear la empresa –y que el anterior directorio intentó implementar– no cuentan con suficiente apoyo político. Difícil encontrar entonces personas interesadas en tomar el timón de un barco a medio hundir, cuando además no se tiene capacidad de maniobra.
Adrianzén ha pedido disculpas por la demora. El gesto es bienvenido, pero no es suficiente. Desde el 2013, Petro-Perú le viene costando al país S/20.000 millones según cifras del IPE publicadas en este Diario. La cifra solo seguirá subiendo con el tiempo y la inercia. Mientras tanto, la mandataria ha permanecido silente ante un desaguisado de enormes proporciones causado por la incompetencia de su administración. El colapso final de Petro-Perú, si sucede, no habrá tenido a este gobierno como su principal responsable –el desastre de la refinería de Talara se gestó mucho antes–, pero sí como un torpe facilitador.
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