Trabajadores electorales con máscaras protectoras abren una urna con votos durante el referéndum sobre una nueva Constitución chilena, en Valparaíso, el pasado domingo 25 de octubre. (Reuters/Rodrigo Garrido).
Trabajadores electorales con máscaras protectoras abren una urna con votos durante el referéndum sobre una nueva Constitución chilena, en Valparaíso, el pasado domingo 25 de octubre. (Reuters/Rodrigo Garrido).
Ian Vásquez

Instituto Cato

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Los chilenos han votado con una que producirá una asamblea constituyente. Esa decisión marca el fin definitivo del milagro chileno que convirtió al país en el más próspero de la región y en el líder regional en términos de movilidad social, el “Índice de Desarrollo Humano” de la ONU y un sinfín de indicadores de bienestar humano.

Quienes encabezaron la iniciativa por una Carta Magna nueva han argumentado que necesita un cambio de modelo. La victoria plebiscitaria contundente de quienes aprobaron el cambio (78%) dará todavía más fuerza a ese propósito. Pero una nueva Constitución que reduce los límites al poder gubernamental y agranda decididamente el papel del Estado en la vida de los chilenos –es decir, que adopta el modelo que típicamente rige en el resto de América Latina– solo convertirá a Chile, en el mejor de los casos, en un país mediocre latinoamericano.

Chile ha cuadruplicado su ingreso per cápita desde mediados de los 70, ha reducido la pobreza más que otros países en la región y ha disminuido la desigualdad de ingreso notablemente, hasta tal punto que está debajo del promedio latinoamericano. Chile ya tiene el más alto nivel de vida en la región, pero los chilenos han mostrado su descontento y esperan que una Constitución nueva mejore sus condiciones.

¿Por qué esperar que al acercarse al modelo reinante en el resto de América Latina se lograrían mejores resultados? Parte de la explicación se debe a lo que Axel Kaiser denomina “la narrativa del fracaso sin asidero en la realidad”. Eso es, el relato de la izquierda que se volvió dominante –que el mercado crea riqueza, pero es injusto porque aumenta la desigualdad y empeora las condiciones de los más necesitados– y que fue aceptado por el silencio o apoyo de buena parte de la derecha.

Otra objeción a la Constitución actual es que nació en dictadura. Sin ninguna duda, la legitimidad de una Constitución es esencial para cualquier democracia. Pero en alrededor del mundo, los profesores Daniel Lansberg-Rodríguez y Niall Ferguson muestran que un 20% de las constituciones democráticas actuales emergieron en condiciones no democráticas y se fueron adaptando a la democracia. Estas incluyen a las de Noruega, Japón, México, Holanda y Bélgica. Y también al ejemplar caso de Estados Unidos, la democracia más longeva del mundo, cuya Constitución fue redactada en secreto por individuos “designados de manera no democrática”.

Son casos semejantes a la de la Constitución actual chilena, que, hasta recientemente, gozó ampliamente de legitimidad. De hecho, desde que se redactó en 1980, se ha enmendado y cambiado la Constitución más de 250 veces. Tan extensos han sido los cambios que, en el 2005, tras numerosas reformas, el presidente socialista Ricardo Lagos celebró lo democrático y representativo que llegó a ser la Constitución: “Hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos; y hoy Chile se une tras este texto constitucional”.

La aparente pérdida de legitimidad constitucional en Chile implica un reto mayor para una Constitución nueva. Según Patricio Navia, “una de las razones más poderosas que explican el amplio apoyo al proceso constituyente fue precisamente las expectativas de mejores pensiones, más salud y mejor educación”. Poniendo al lado que Chile ya supera a la región en esas tres áreas, Navia advierte lo importante y complejo que será administrar tales expectativas altas.

Es difícil esperar que las expectativas se satisfarán. Y está por verse qué tanto la falta de resultados restará popularidad a la futura Constitución chilena.