Rechazan constantes prórrogas a brevetes vencidos para combis y taxis

Melina Salas Seminario estaba manejando su auto el 4 de noviembre del 2021. Se encontraba junto a su madre, tomando una ruta en la Av. Brasil que iba de Magdalena hacia el hospital del niño. Fue en ese momento cuando, a las 15:30 horas aproximadamente, un conductor se estrelló contra su vehículo. Tras el choque, Salas aseguró que el infractor, identificado como Miguel Vera Liza, pretendía darse a la fuga.

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“El sujeto conducía un auto de propiedad de una empresa que brinda apalancamiento financiero para personas que principalmente desean hacer taxi. Este conductor me impactó y descarriló cuando iba con mi madre (…) hemos pasado un shock traumático donde ambas vimos en riesgo nuestra vida”, confesó Salas.

Al indagar en el historial de papeletas de Miguel Vera Liza, figura como última infracción recibida una R01, la cual se asigna a quienes prestan el servicio de taxi sin la autorización otorgada por la Gerencia de Transporte Urbano, de esta manera cayendo en la informalidad. Además, cuenta con una M27, circulando así con un vehículo que no cuenta con el certificado de Inspección Técnica vigente. A pesar de ello, la empresa le brindó un auto, con el cual terminó ocasionando el accidente.

Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito, señala que uno de los grandes problemas que tiene el país es la ausencia del Estado para brindar la debida importancia a las irregularidades al volante. Agrega que tanto las empresas como las personas inmersas están en la obligación de tener las competencias para manejar un vehículo y evitar tragedias.

La aventura legal de Melina ha tomado siete meses de investigación. “El señor nunca quiso presentarse a rendir su manifestación para cerrar el tema (…) Mi abogado y yo generamos actas de inconcurrencia para que acuda a la Fiscalía. Él alegaba que había presión de una ambulancia que le insistía pasar. Sin embargo, las ambulancias no piden que interrumpas el tránsito de manera violenta porque generas un problema para avanzar”, señala.

Melina comenta que el señor Vera Liza es una persona reincidente con la licencia vencida. Sin embargo, como se constata en la plataforma digital del Estado Peruano, la validez de los brevetes de clase A se extendió hasta agosto y octubre, mientras que los de clase B hasta diciembre del 2022. Salas asegura que la prórroga de vigencia de licencias de conducir vulneraría el derecho a la vida, así como protegería a los conductores infractores.

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Martín Ojeda, director del consejo nacional de transporte terrestre, afirma que un país con tan alto índice de siniestralidad no se puede dar el lujo de prolongar estos procesos de revalidación de brevetes ni exámenes médicos, menos teniendo alrededor de 3 mil fallecidos por accidentes de tránsito al año.

“La solución no es seguir prorrogando porque se pone en riesgo a los 30 millones de peruanos (...) Se dio un decreto supremo (N.º 011-2021-MTC) para aprobar el cronograma de regularización de la vigencia de licencias de conducir, el cual es aplicable siempre y cuando el titular no cuente con sanciones muy graves”, sostiene Ojeda. Advierte que, a pesar de la publicación de la norma, existen conductores que creen que pueden manejar justificándose en la prórroga.

Consecuencias y descargos

Melina y su familia están cubriendo todos los gastos hasta la fecha. Ella tiene una orden quirúrgica en la columna y su madre, Consuelo Seminario Villar, necesita terapias físicas. “El responsable debe hacerse cargo, está mermando mi economía y truncando mis planes”, confiesa.

Sostiene que por parte del seguro RIMAC también hay un entorpecimiento. “La aseguradora primero derivó mi caso a una abogada que me llamó con un tono intimidante preguntándome ‘quién soy’ y ‘qué pretendía’, fue muy descortés”, comenta.

Respecto a la prórroga, el coronel Franklin Barreto afirma que es una decisión que compete exclusivamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “En algún momento tuvimos la oportunidad de poder capacitar y hacer conocer cuáles eran los riesgos en la circulación, pero no lo tomaron en cuenta. En lugar de ser rigurosos, flexibilizan más las medidas”, advierte.

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Tuvimos acceso al documento que recibió Melina de parte de William Roberto Usca, exdirector de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC. “Por quienes se verían afectados al no poder realizar renovaciones durante el periodo de cuarentena, se dispuso la ampliación del plazo, (…). Ha sido necesario continuar con la medida de ampliación a efectos de cubrir la demanda de atenciones acumulada”, aseguró Usca.

Asimismo, precisó que el conductor que cometa faltas graves o muy graves que generen la retención de su licencia o suspensión de la misma, y aun así conduzca, le corresponde la suspensión por tres años o incluso la cancelación definitiva de su brevete.

Cabe resaltar que, al comunicarnos con la oficina de comunicaciones del MTC, se nos compartió su más reciente rueda de negocios donde el extitular, Juan Barranzuela, tuvo el propósito de “transparentar los futuros procesos de licitación y recuperar la confianza en el sector”. Se tocaron temas como la implementación y nuevas técnicas para “optimizar las condiciones de los servicios de transportes y logística nacional”.

A Melina le preocupa hasta dónde llegará el MTC con el tema de las prórrogas. “Están generando un mayor riesgo si permiten que alguien que no está debidamente calificado tenga acceso a un volante. Si bien es necesario abrir canales de protección en la pandemia, mi derecho fundamental no deja de ser la vida cuando estoy manejando”, manifiesta.

Respecto a la empresa de leasing financiero, Melina asegura que nunca le brindaron atención a pesar de que ella acudió a sus oficinas administrativas. “La recepcionista incluso pidió con chasquido de dedos a la seguridad que me retiraran”, añade.

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Son tres los pilares que Melina necesita para terminar esta batalla. Por un lado, la atención del seguro RIMAC, debido a que asegura que no la reciben si es que no brinda la pretensión económica que desea el abogado Manuel Chong. Además, pide que el MTC se haga cargo y no siga ampliando la vigencia de brevetes vencidos, menos a los conductores reincidentes.

El doctor Manuel Chong declaró que ha brindado asesoría técnica legal de forma externa en relación a este caso. “Yo soy nombrado para tratar de llegar a un acuerdo entre la señorita Melina y la aseguradora con la finalidad de que ella presente los sustentos necesarios (…) de ninguna manera tengo injerencia (…) debo dejar en claro que no es mi pretensión económica”.

Por último, Melina Salas solicita que el señor Miguel Vera Liza se haga responsable de las consecuencias del accidente. Tratamos de comunicarnos con él para escuchar sus descargos, pero no recibimos respuesta. “No tuvo en cuenta que podía aventurarse a conducir un vehículo con su licencia vencida y matar a quien sea”, concluye Salas.