Casi la mitad de casos de trata de personas en fiscalías corresponde a menores de edad | INFORME

La trata de personas es un delito complejo. El exviceministro del interior y director de CHS Alternativo, Ricardo Valdes, explica que este incluye el proceso de captación, transporte y traslado de una persona, que a su vez, ha sido amenazada o coaccionada con fines de explotación sexual, laboral u otros.

LEE TAMBIÉN: Denuncias con registro pendiente: más de 400 docentes sancionados por abuso no fueron destituidos | INFORME

El problema está en que en el Perú la data sobre trata de personas no se encuentra sistematizada. Solo en el 2022, las 14 fiscalías especializadas del país reportaron 638 casos de menores de edad presuntamente víctimas de este delito. En ese mismo periodo, la Policía Nacional (PNP) registró 223 denuncias por trata de menores, una cifra que representa el 35% de casos revisados en el Ministerio Público.

Según Valdés, la diferencia de cifras se da porque “la PNP trabaja el posible caso de trata denunciado por un familiar, mientras que el Ministerio Público reúne la información de aquellos procesos en los que está interviniendo”. El experto sostiene que es urgente que el Estado sistematice la información. “Es una obligación que tiene pendiente”, subraya.

En esa misma línea, Julio Rodríguez, Oficial Nacional de Proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte que “uno de los problemas de la trata en el país es la ausencia de información clara, lo que evita que el Estado pueda construir medidas preventivas correctas e idóneas”.

La trata tiene diversas finalidades: para explotación sexual, laboral o para fines de adopción irregular y venta de niños. Dado que la primera es la más conocida, es común que en los otros casos no se interpongan denuncias.

“Hay una importante cifra oscura, porque está altamente normalizada (la trata para fines distintos a la explotación sexual), tanto por la sociedad civil, como por los operadores. (...) Cuando la sociedad se enfrenta a un menor sometido a trabajo forzoso o a servidumbre no lo identifica como trata. Entonces, no lo reporta”, menciona Rodríguez.

Además, existe una alta rotación de funcionarios en la PNP y los agentes no suelen trabajar de forma proactiva con las fiscalías. En el caso del Poder Judicial, aún se requiere un sistema especializado único, específicamente para el delito de trata. “Como existe un gran subregistro se cree que no tenemos un gran número de casos y eso hace difícil abogar para que se cree un subsistema”, subraya Rodríguez,

El experto sostiene que otro tema urgente de solucionar es que la explotación sexual está definida en el código penal, mientras que no sucede lo mismo con la explotación laboral. “Cuando tienes normalización y una definición muy pobre por parte de la legislación sobre la materia se complejiza la labor de investigación. Los policías aún tienen problemas. Un fiscal o una jueza tienen conocimientos jurídicos, que les permiten interpretar, pero al policía, que es un aplicador, le cuesta más investigar con tan pocas herramientas especializadas”, enfatiza.

Por último, se necesita de un presupuesto particular. “Se debe aprobar un programa presupuestal específico, que lleva bastante tiempo pendiente en el MEF. Contar con esto permitirá capacitar funcionarios y realizar campañas que eviten la normalización (del delito)”, dice Karine Jensen, especialista técnica de la OIT.

Según explica Valdés, hasta el 2021 se contaba con un Plan Nacional de Acción contra la trata cuyo presupuesto apenas pasaba los S/4 millones, lo cual significa una inversión de 12 centavos por persona. “A partir del año 2022 contamos con una política nacional con 42 servicios que brinda el Estado. Nuestro estudio revela que se requiere de S/ 1.150 millones para que funcionen bien, pero las partidas presupuestarias apenas suman poco más de S/ 5 millones”, afirma.

El impacto en los menores víctimas de trata es severo. Jensen, de la OIT, asegura que en la mayoría de casos las víctimas llegan a padecer problemas de salud mental, comorbilidades, abuso de sustancias, entre otros problemas. “Además, la mayoría de menores vícitmas de trata no ha terminado el colegio. Hay un reto muy grande en cuanto a la reintegración de los sobrevivientes en la parte educativa y laboral”, sostiene.