Caso 'Aimarazo': retomarán audiencia judicial el próximo 6 de julio

El próximo 6 de julio se retomará la exposición de alegatos en el proceso judicial del caso denominado ‘aimarazo’, donde están procesados un grupo de dirigentes, entre ellos Walter Aduviri, acusados de fomentar disturbios en la ciudad de Puno en mayo de 2011. Durante la protesta en rechazo al proyecto minero Santa Ana de la canadiense, el grupo saqueó y quemó sedes de instituciones estatales.

El proceso judicial debe concluir en los siguientes días con la continuación de exposición de los alegatos finales por parte del representante del Ministerio Público y la lectura de la sentencia por los magistrados del Juzgado Penal Colegiado conformado por los jueces: Roger Fernando Istaña Ponce, Victor Calizaya Coila y Yésica Condori Chata.

El representante del Ministerio Público, Juan Monzón Mamani, solicita 21 años de cárcel efectiva por el delito de extorsión agravada y 7 años por el delito de disturbios, para el líder aimara Aduviri Calizaya, lo cual suma en total un pedido de 28 años de pena privativa de la libertad. Además, para los otros acusados solicita penas que fluctúan de 16 a 25 años de cárcel.

Además, se conoció que el Ministerio Público retiró de las acusaciones a 8 de los 18 inculpados porque no se hallaron medios probatorios para solicitar una sentencia condenatoria. Ellos son: Francisco Sarmiento Choque, Pedro Cruz Pari, Rosendo Mendoza, Marco Antonio Ururi Musaja, Edwin Condori Chipana, Emilio Paredes Pari, Guido Velez Carita y Pablo Salas Charca.

Como se recuerda, en mayo y junio del 2011, los pobladores aimaras organizados en el denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur de Puno, iniciaron una huelga indefinida en contra de la concesión minera otorgada a la empresa Bear Creek de Canadá, para explotar plata con el proyecto minero Santa Ana, ubicado en el distrito de Huacullani de la provincia de Chucuito (Puno).

La huelga implicó la toma de la ciudad de Puno por varios días y bloqueo total de la carretera Puno-Desaguadero. Los manifestantes saquearon y quemaron locales estatales como la Prefectura, Contraloría, Sunat y Aduanas, generando con ello importantes pérdidas de documentos, mobiliario y otros enseres de esas oficinas.

Finalmente, el gobierno central dejó sin efecto la concesión a la minera canadiense. Ante este hecho, el Estado peruano actualmente está demandada por conceptos de reparación con un monto millonario ante cortes internacionales por la empresa.