¿Qué pasó con la ‘policía del orden’ y las medicinas gratuitas que anunció Dina Boluarte en el 2023?

“La inseguridad ciudadana es el problema número uno y tenemos que afrontarlo con energía y determinación. El país espera respuestas firmes y claras”, dijo antes de anunciar la presentación de cinco proyectos de ley para “atender con mayor experiencia las necesidades básicas de la población”.

El más publicitado de ellos fue la creación de una “Policía del orden y seguridad” para incorporar a miles de jóvenes peruanos, con una preparación de entre seis meses y un año, a las actividades policiales. El proyecto de Ley N° 05633/2023 PE, ingresado al Congreso ese mismo 28 de julio, proponía añadir una nueva categoría en la estructura de personal de la Policía Nacional del Perú, conformada actualmente por oficiales y suboficiales, para contar con personal con “facultad de autoridad policial con capacidad coercitiva y posibilidades de uso de la fuerza” que pueda realizar labores de patrullaje, intervención de personas y vehículos, apoyo en la descongestión y redireccionamiento vehicular y otras funciones relacionadas la prevención de la delincuencia.

El objetivo, según reiteraba el entonces ministro del Interior, Vicente Romero, era cubrir el déficit de policías, que se estimaba en 50.000 agentes, y “dar oportunidad a los jóvenes que no estudian ni trabajan”. A diferencia de los agentes de la carrera policial, los “policías de orden y seguridad” tendrían un vínculo con la PNP a partir de un contrato “especial policial” de tres años, con la posibilidad de renovarse en el mismo periodo y no podrían atenderse en los hospitales de la policía (en el sueldo se les descontará el aporte para Essalud).

El proyecto de ley fue derivado a la comisión Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas el 14 de agosto de ese año. " [Este proyecto] es la manera más concreta de poder contar con más efectivos en las calles y mejorar las condiciones de seguridad en el país”, insistió el titular del Mininter durante su reciente presentación ante el Pleno Congreso de la República el 16 de octubre del 2023.

Pese a ello, luego de tres meses de evaluación, la Comisión de Defensa Nacional, presidida por la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), decidió archivar el proyecto de Ley 5633-2023 con 14 votos a favor. “El Consejo Directivo, en sesión del 27 de febrero de 2024, tomó conocimiento del dictamen y dispuso que pase al archivo”, es la última actualización del estado procesal del proyecto de ley tras su archivamiento. La iniciativa no volvió a ser presentada.

“Es lamentable [la decisión del Congreso]. Hubiera sido una decisión histórica para el Perú, entendiendo que es una necesidad urgente. La población reclama más seguridad, más policías, más comisarías, más patrulleros y cámaras de video. No entendemos, no hay una lógica”, dijo Romero tras conocer el archivamiento.

Mientras el principal ofrecimiento de la presidenta terminó archivado, solo durante el primer trimestre del 2024, las denuncias por delitos contra el patrimonio (robos, asaltos, estafas) y contra la libertad (secuestro, violaciones), incrementaron 4% y 15,5%, respectivamente, a comparación con el mismo periodo del 2023. Por otro lado, los homicidios se redujeron en un 56% en dicho trimestre.

El otro proyecto vinculado con seguridad que anunció Boluarte hace un año fue la “Ley que modifica diversos artículos del Código Penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario”. Presentado también el 28 de julio del 2023, proponía incorporar al trabajador del INPE como sujeto de los delitos de cohecho pasivo propio e impropio. Es decir, sancionarlos por corrupción con penas de hasta 10 años de cárcel. Aunque fue aprobado en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en abril de este año, aún no ha pasado al Pleno.

Respecto al sector salud, uno de los principales anuncios de Dina Boluarte fue la entrega gratuita de 54 medicamentos oncológicos adquiridos por Cenares “sin distinción de tipo de seguro de salud” y la adquisición de 20 medicamentos oncológicos “nuevos y de alto costo”, con una inversión de más de 100 millones de soles.

Al respecto, Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de la ONG Con L de Leucemia, señaló que la promesa fue cumplida a medias: “Si bien se han dado medicinas para pacientes afiliados al SIS, no han habido mecanismos de contraprestación para los afiliados a Essalud, Fuerzas Armadas y la Policía”, dijo.

En diálogo con El Comercio, Oropeza advirtió que el principal problema con el acceso a medicamentos es el desabastecimiento que se denuncia constantemente en Cenares. De hecho, esta semana, el Colegio Médico del Perú ha alertado que se “han agudizado los problemas” con las compras centralizadas por el Ministerio de Salud, especialmente aquellos de alto consumo, como sueros o medicamentos para tratar infecciones o para estabilizar a pacientes en emergencia y los de difícil adquisición, relacionados con enfermedades propietarias como cáncer, salud mental, VIH y tuberculosis.

“El desabastecimiento no es solo de medicamentos oncológicos sino también de medicamentos básicos. Es algo que sucede desde hace bastante tiempo y se sigue repitiendo. No se dan soluciones para que los pacientes puedan acceder a sus medicinas sin retrasos. Eso pasa con pacientes continuadores que interrumpen su tratamiento y con pacientes nuevos, con nuevos diagnósticos, que necesitan acceder al tratamiento para que el cáncer no avance”, dijo Oropeza.

Según explicó, hay casos de pacientes que han esperado hasta 4 meses para obtener sus medicamentos. “Son pacientes con cáncer de pulmón o cáncer de mama que avanzando rápido. Si se demora el acceso a la medicina o se interrumpe el tratamiento es bastante peligroso para su vida. Sin contar que los pasos tan burocráticos para medicinas de alto costo, incluso si están en stock, son muy lentos y pueden tardar de tres semanas o dos meses en entregarlos. Cada día es un riesgo a su salud”, añadió.

Para la vocera del Semáforo Oncológico resulta indispensable que se acelere la aprobación del reglamento de la Ley N° 31870 sin lo cual “no se puede implementar”. Sobre ese punto, la cartera emitió el levantamiento de observaciones presentadas por la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) respecto a la propuesta de Decreto Supremo que tiene como finalidad modificar el DS 004-2022 SA, actualmente nos encontramos a la espera de su evaluación y pronunciamiento.

El Comercio consultó al Minsa sobre los avances en la entrega de medicamentos oncológicos y señalaron que son 57 los medicamentos oncológicos que se encuentran en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) los que se distribuyen a nivel nacional. Sobre la promesa del 2023 para aumentar la lista, informaron que “para este año 2024 se ha programado la compra de 23 medicamentos oncológicos NO PNUME y de alto costo”. No dieron fecha.

Respecto a las denuncias por desabastecimiento en Cenares, añadieron que el Minsa “garantiza el abastecimiento de medicamentos oncológicos PNUME a los Hospitales, Regiones e Institutos que por su nivel de complejidad pueden utilizar los medicamentos oncológicos”. Sin embargo, tampoco dieron detalles sobre los retrasos reportados por el Semáforo Oncológico.

Lo que sí aseguraron es que para este año aumentaron en 192% (S/ 321′733.153) el presupuesto del SIS destinado exclusivamente para la cobertura financiera del cáncer en los tres niveles de atención y con alcance nacional para su más de 27.2 millones de asegurados. “Estas medidas permitieron que, en el año 2023,127,871 asegurados SIS recibieran 1, 215,771 prestaciones de salud relacionadas con el cáncer, de las cuales el 63 % correspondieron a los 7 tipos de cáncer de alto costo financiados por el Fondo Intangible Solidario en Salud (FISSAL), que desde el diagnostico asume su atención de forma inmediata”, señalaron.

Otra de las promesas de la mandataria estuvo relacionado con la salud mental. Dijo que para este año funcionarían “307 Centros de Salud Mental Comunitarios, entre nuevos y fortalecidos, para lo cual se dispondrá de 177 millones de soles adicionales”. Sin embargo, según el propio Ministerio de Salud, hasta el 4 de junio de este año, hay 276 centros de este tipo.

“Solo con maestros capacitados y preparados lograremos una educación inclusiva y de calidad, como queremos todos”. Con esta frase, la presidenta Dina Boluarte se comprometió a que su gobierno “continuará impulsando la meritocracia y revalorizando de la carrera docente”. Sin embargo, un año después, la meritocracia se encuentra en riesgo, esta vez, por iniciativas legislativas.

La semana pasada el Poder Ejecutivo observó la Ley de Nombramiento Automático de Docentes, aprobada por el Congreso el 14 de junio, que en la práctica iba a permitir que más de 180 mil profesores entren a la Carrera Pública Magisterial sin rendir la Prueba Nacional del Docente.

Además, el Congreso aprobó en abril la Ley Nº 31996, que dispone el retorno de los docentes cesados en aplicación de la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU, la cual permite el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de los profesores nombrados interinamente que fueron retirados desde el 2014 por no dar el examen de evaluación docente o haber sido desaprobados.

Si bien el Ejecutivo había observado la norma en diciembre pasado, el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, minimizó el impacto al señalar que el número de beneficiados oscilaría entre 2.000 y 3.000 docentes, que representa el 0.5% del total. De hecho justificó su reincorporación en la necesidad de cerrar brechas de personal.

“De 14.000 pasaron a 8.000 y hoy estaríamos hablando de 2.000 a 3.000, todos tienen títulos que los habilitan como profesores y son contratados desde hace años en el sistema educativo porque nos faltan profesores”, dijo en conferencia de prensa.