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“Ahorraremos agua, vamos a mirarlo por el lado positivo”. En medio de la preocupación por el corte masivo del servicio de agua potable anunciado por Sedapal para la próxima semana en Lima, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, llamó la atención al pedir a la población una mirada positiva a una situación que restringirá el acceso a un servicio básico por hasta cuatros días en los distritos de menores recursos. El problema es que, aunque el servicio se restablezca eventualmente, el estrés hídrico que enfrenta el país tiene poco para el optimismo.
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Se estima que 3,5 millones de peruanos aún no cuentan con el servicio de agua potable, la mayoría ubicados en Lima (798, 348 mil), Loreto (457,179 mil), Puno (457,118 mil) y Piura (231, 849 mil), de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Y entre la población que cuenta con conexión, hay restricciones que agudizan la brecha. En el distrito Castilla de Piura, por ejemplo, cientos de familias denuncian que llevan más de 20 días sin servicio.
En un país que tiene el octavo puesto en la mayor disponibilidad hídrica del mundo suena a paradoja esta situación. Una de las razones es el atraso en cuanto a capacidad de almacenamiento. El estudio “Perú, acciones estratégicas para la seguridad hídrica”, del Banco Mundial, publicado en junio pasado, pone en cifras la situación peruana frente a otros países de la región: la capacidad total de represas artificiales del país es de solo unos 184 m3/persona, muy por debajo del promedio de 2.500 m3/persona para América Latina. Nos encontramos por debajo de Chile, que se encuentra en 706 m3/ persona y Ecuador 450 m3/persona.
El informe advierte que la capacidad existente también sufre afectaciones que reducen su productividad, especialmente los reservorios. Por ejemplo, la represa Poechos de Piura, la más grande del Perú, y Gallito Ciego de La Libertad “han perdido más del 50 por ciento de su capacidad total en menos de 50 años y 34 años de operaciones, respectivamente”.
El otro riesgo que identifica el Banco Mundial es que la infraestructura hidráulica existente no ha sido diseñada, en su mayor parte, para resistir las inundaciones por el cambio climático y el fenómeno de El Niño. Eso fue evidente en el 2017, cuando una veintena de huaicos sobre el río Rímac hicieron colapsar la Atarjea. Durante varios días, incluso una semana para algunas zonas, el servicio se cortó en 27 distritos de Lima. Este año, las ciudades norteñas de Chiclayo, Ferreñafe, Piura y Paita sufrieron serios problemas de desabastecimiento de agua y saneamiento por las lluvias intensas del Niño Costero y el ciclón Yaku.
Corte en Lima durará hasta 4 días
Sedapal aplicará un corte de agua en 22 distritos de Lima, especialmente de la zona sur, a partir del 6 de octubre y que la suspensión del servicio duraría, en algunos casos, hasta 4 días. Los distritos afectados por el corte de agua son Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Chorrillos, así como Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, El Rímac, San Martín de Porres y Cieneguilla.
Solo en este último caso, el problema se acrecienta por la gestión. En junio, la Contraloría General afirmó que la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau no utilizó la totalidad de los camiones cisternas de su propiedad para distribuir agua potable a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, a pesar del desabastecimiento que sufrió la población durante el último periodo de lluvias.
Inversión y gestión
Alexandre Almeida Del Savio, director del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, sostiene que el estrés hídrico, cuando la demanda es más alta que la cantidad disponible, se agudiza por el cambio climático, la distribución geográfica desigual, el crecimiento poblacional y la contaminación, pero que todo eso es previsible y se mitiga con infraestructura adecuada. “En Perú dependemos mucho de las precipitaciones y no hay suficiente infraestructura para almacenar, tratar y distribuir el agua de manera eficiente”, indica.
Sunass estima que se requieren S/ 95 mil millones de inversión para cierre de brechas en agua y saneamiento. Sin embargo, en opinión de Almeida, no solo se trata de un problema de financiamiento sino de también de gestión. En el Perú existen 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). “En algunos casos existe presupuesto, pero no se logra ejecutar los proyectos o hay retrasos que generan proyectos más caros. Se necesita una mejor gestión y encontrar fórmulas para fomentar la inversión publica y privada en proyectos de infraestructura”, añadió.
