Acción Popular, una bancada con 13 de sus 15 congresistas investigados | INFORME

Acción Popular, la bancada que aspira a integrar nuevamente la Mesa Directiva del Congreso, tiene a trece de sus 15 congresistas involucrados en investigaciones fiscales por el Caso ‘Los Niños’, denunciados por presuntos recortes de sueldos a sus trabajadores, cuestionados por ser patrocinados por empresas privadas para viajes al extranjero e incluso sentencias con prisión suspendida.

Entre mayo del 2022 y enero de este año, casi la totalidad de la bancada fue incluida en las indagaciones de la fiscalía por presuntos vínculos con una red criminal que habría estado encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

Además, los congresistas José Arriola y Jorge Flores Ancachi fueron denunciados por la Procuraduría General del Estado (PGE) debido a que habrían recortado las remuneraciones de los trabajadores de sus despachos.

MIRA: Acción Popular se reunirá este lunes 17 para definir candidato a la Mesa Directiva del Congreso

En medio de estos cuestionamientos, la bancada se reunirá este lunes 17 para elegir a su candidato para integrar la Mesa Directiva del Congreso. Actualmente, la congresista Silvia Monteza, también incluida en la investigación fiscal por ‘Los Niños’, es parte de esta directiva.

De otro lado, Acción Popular es uno de los partidos políticos que no ha presentado sus respectivos informes financieros anuales del 2019, 2020 y de la campaña electoral de ese año.

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El congresista Carlos Alva Rojas, quien había estado alejado de la bancada de Acción Popular desde julio del 2022, se reincorporó en junio de este año a este grupo parlamentario. El legislador está también comprendido en la investigación por el Caso ‘Los Niños’ que lleva a cabo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Testimonios del colaborador eficaz CE-04-2022 involucran Alva Rojas y al congresista Carlos Zeballos, quien también renunció a la bancada de Acción Popular. Las declaraciones, reunidas el 30 de julio del 2022, comprometen a los congresistas por presuntamente haberles dado “competencias ilegítimas e ilícitas” para el manejo de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

En enero de este año, la fiscalía amplió la investigación del Caso ‘Los Niños’ e incluyó a otros 18 congresistas, entre ellos Alva Rojas. Este grupo de legisladores está envuelto en los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El colaborador eficaz CE-12-2022 relató que el expresidente Castillo habría captado a estos legisladores “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”.

Dos meses después, en marzo, fueron allanados los inmuebles y despachos vinculados a estos congresistas en el megaoperativo ‘Los Pequeños II′, autorizado por el juez supremo de investigación Juan Carlos Checkley. También se allanaron los inmuebles de Alva Rojas. Paralelamente, la Comisión de Ética del Congreso aprobó el pasado 27 de marzo denunciar de oficio e iniciar una indagación preliminar a 17 nuevos congresistas incluidos en la investigación fiscal, entre ellos Alva Rojas y otros integrantes de Acción Popular como Luis Aragón, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Edwin Martínez e Hilda Portero.

Al igual que el congresista Carlos Alva, el legislador Luis Aragón fue incluido por la fiscalía en la ampliación de investigación del Caso ‘Los Niños’ en enero de este año. Los inmuebles vinculados a Aragón también fueron allanados dos meses después, en marzo, por el equipo especial. Asimismo, fue denunciado ante la Comisión de Ética del Congreso en marzo debido a su incorporación en la investigación fiscal.

Esta última semana, El Comercio reveló que Aragón, aún presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, viajó a Barcelona financiado por la empresa Huawei. Aragón además ha firmado tres proyectos de ley que buscan exonerar de tributos a autos eléctricos. En este viaje participó participó en el Mobile World Congress (MWC). El Reglamento del Código de Ética del Congreso establece, en su artículo 12, que los parlamentarios deben “abstenerse de recibir dádivas, obsequios, presentes o donaciones de cualquier tipo y de toda procedencia que pueda comprometer la objetividad e imparcialidad de su actuación parlamentaria o la toma de decisiones”.

Entre el 8 y 10 de febrero, antes del viaje que empezó el 27 de febrero, Aragón recibió en su oficina la visita de tres ejecutivos de la empresa Huawei. Fuentes de la PGE indicaron a este Diario que analizarán si solicitan o no al Ministerio Público abrir investigación preliminar contra Aragón.

El congresista José Arriola fue incluido por la fiscalía en la ampliación de investigación del Caso ‘Los Niños’ en enero de este año. En el allanamiento a su domicilio y despacho en marzo, el equipo de fiscales y policías de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) halló US$71.950 y S/33.570 en efectivo en la vivienda del legislador, en La Molina. Los fajos de billetes fueron incautados.

Como argumento, el congresista Arriola dijo que no era su costumbre ahorrar el dinero en un banco. Según el legislador, durante el interrogatorio inicial declaró “voluntariamente” la existencia del dinero en efectivo en soles y dólares. Además, que el monto en soles era el saldo de sus abonos con respecto a su sueldo desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2023.

Sin embargo, además de este hallazgo, Arriola es también parte de los congresistas que ha recortado el sueldo de trabajadores de su despacho. En abril de este año, se reveló que el legislador de Acción Popular extendió a sus trabajadores declaraciones juradas en las que autorizan con su firma “donar” parte de sus remuneraciones. Estas supuestas donaciones serían aportes para apoyo social.

Uno de los trabajadores del despacho de Arriola que firmó esta declaración jurada fue Franco Valenzuela Abanto, quien percibía S/5.297. De acuerdo con el documento que firmó, entregó S/1.323 como “donación”. “Todos los trabajadores que vienen en mi equipo desde el 99 que trabajo en Ate están imbuidos de sentimiento social”, justificó Arriola en declaraciones al dominical ‘Cuarto Poder’. La fiscalía halló decenas de estas declaraciones juradas.

La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó el 2 de mayo una denuncia contra Arriola por este presunto recorte de sueldos y la Comisión de Ética inició una indagación en su contra el 8 de mayo. Sin embargo, el pasado 23 de junio no se llegó a un acuerdo en la votación del informe de calificación por el presunto recorte de sueldos. El tema quedará pendiente hasta una próxima sesión.

El congresista Raúl Doroteo fue uno de los primeros en ser señalado por la colaboradora eficaz Karelim López en ser parte del denominado grupo ‘Los Niños’, llamados así por seguir directrices del expresidente Pedro Castillo. Según López, Doroteo junto a otros cuatro congresistas de su bancada “obedecían todo” lo que indicaba el exjefe de Estado y los involucró en la presunta red de empresas ganadoras de millonarias licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde el 2021.

En mayo de este año, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra los congresistas Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Ellos son investigados en el Caso ‘Los Niños’. Ellos habrían integrado el “brazo congresal” de una presunta organización criminal encabezada por Castillo.

La función de este brazo fue “garantizar la permanencia” de Castillo, así como de los miembros de la organización criminal a través de los votos de los mencionados congresistas en contra de las mociones de vacancia, censuras e interpelaciones, así como su respaldo en cuestiones de confianza.

“Una vez captados e incorporados a la organización criminal, los parlamentarios en mención habrían sostenido permanente contacto con el presunto líder de la referida organización, así como con otros miembros de esta y/o personas vinculadas a la misma”, desarrolla la tesis de la fiscalía.

En noviembre del 2022, Doroteo fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por el Juzgado Unipersonal de Corte de Ica por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Esto luego de que en diciembre del 2021 la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció al parlamentario ante la Fiscalía por presuntamente haber mentido en una declaración jurada del año 2013, cuando consignó que había culminado los estudios de la carrera Sistemas e Informática en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). La sentencia fue confirmada en enero de este año, tras la apelación presentada por Doroteo.

Junto a Doroteo, Elvis Vergara y Jorge Flores, el congresista Darwin Espinoza fue señalado por Karelim López en marzo del 2022 como uno de los integrantes de ‘Los Niños’ en su declaración ante el Ministerio Público. Adicionalmente, la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación en mayo de este año también alcanzó a Espinoza por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con la declaración del colaborador eficaz 11-2022-EFICCOP del 18 de octubre de 2022 el exjefe del Gabinete Técnico, Auner Vásquez Cabrera, le habría indicado al exjefe de Estado que los congresistas Doroteo, Vergara, Flores y Espinoza estarían “solicitando obras, direcciones y ministerios”, ordenando a Castillo “que accedan a todo”.

Según la declaración del citado colaborador eficaz, el presidente Castillo, una vez en el cargo, ya había coordinado “con un grupo de congresistas de Acción Popular, liderados por Darwin Espinoza, para que ellos apoyen a la gestión” y se reunió el 25 de agosto del 2021 en su despacho presidencial con Flores, Espinoza, Vergara y Doroteo.

En octubre del 2022, la fiscalía y la Policía Nacional allanaron los inmuebles vinculados a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. La tesis fiscal apuntaba a que los congresistas habrían obtenido beneficios ilícitos, como el direccionamiento de licitaciones del MTC y la colocación de funcionarios en puestos claves. Tras este allanamiento Espinoza consideró que la justicia estaba siendo politizada.

Previamente, en agosto del 2022, Espinoza fue sentenciado por el delito de difamación agravada contra Otto Guibovich, quien fue legislador por el mismo partido durante el periodo 2020 -2021. La sentencia fue confirmada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa (Chimbote),

A fines de mayo de este año, tanto Espinoza como Raúl Doroteo, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi fueron blindados por el Congreso al decidir archivar un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba acusar constitucionalmente y suspender a los cuatro legisladores de Acción Popular por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

Jorge Flores Ancachi es uno de los congresistas involucrados en la investigación por el Caso ‘Los Niños’, iniciada en octubre del 2022 por la fiscal de la Nación contra Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Adicionalmente, en mayo de este año, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Doroteo, Vergara , Flores y Espinoza.

En setiembre del 2021, la Comisión de Ética aprobó iniciar investigaciones preliminares en contra del legislador de Acción Popular por haber intentado sobornar a un periodista para ser entrevistado. El 25 de setiembre del 2021, el periodista Liubomir Fernández Fernández denunció que el legislador, en un apretón de manos, intentó darle 100 soles con la finalidad de que su colega de bancada Carlos Zevallos ya no sea entrevistado durante su estancia en Puno, sino él.

De otro lado, en la fiscalía el congresista afronta tres procesos en curso por presunta corrupción. Flores Ancachi es acusado junto a otros exfuncionarios del Gobierno Regional de Puno de haber cobrado ilegalmente S/15.597, dinero proveniente del sueldo de 14 “trabajadores fantasmas”. Junto a otros coimputados fue declarado reo contumaz y se le dictó una orden de conducción compulsiva al no haberse presentado el 9 de junio a la audiencia de instalación de inicio del juicio oral.

También el congresista lleva un proceso por presunta apropiación de bienes. Sumado a ello está investigado de ser parte del “brazo congresal” de una presunta organización criminal encabezada por Pedro Castillo y ser integrante de ‘Los Niños’. La tesis fiscal apunta a que Doroteo, Vergara, Flores y Espinoza, como parte del “brazo congresal” de la organización habrían “desplegado actos de tráfico de influencias con la finalidad de obtener beneficios económicos” para esta presunta red.

Flores Ancachi fue también blindado por el Congreso en abril del 2023 frente a un informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspenderlo por 120 días debido a su involucramiento en el Caso ‘Los Niños’. También fue blindado en este caso el congresista Elvis Vergara. De la misma forma, en mayo el pleno decidió archivar un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba acusar constitucionalmente y suspender a Doroteo, Vergara, Flores y Espinoza.

En junio de este año, Flores Ancachi fue declarado reo contumaz y detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando pretendía viajar a China. Luego de estar internado en Puno, fue liberado. Tras esta detención Flores Ancachi tomó el vuelo hacia una feria tecnológica que se desarrolló en Shanghái. Este viaje, así como los pasajes y viáticos, fueron financiados por la empresa privada DPL Group. Junto a Flores viajaron otros cinco legisladores.

El grupo de congresistas ha sido cuestionado por el financiamiento que recibieron al tratarse de una dádiva recibida por parte de una empresa privada, prohibida de acuerdo con el Reglamento del Código de Ética. Sin embargo, la Comisión de Ética no ha dispuesto ninguna indagación hasta la fecha.

Finalmente, recientemente se reveló que el congresista también habría recortado el sueldo de trabajadores de su despacho. “Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, dijo Flores a sus trabajadores en una grabación. “Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, dijo en audios difundidos por el dominical ‘Cuarto Poder’.

Por este caso, Flores Ancachi ha sido denunciado por la Procuraduría General del Estado. La Comisión de Ética ha iniciado indagaciones preliminares por este caso.

El congresista Ilich López fue señalado por la colaboradora eficaz Karelim López de haber integrado una presunta red de corrupción encabezada por el expresidente Pedro Castillo, así como haber sido parte del denominado “brazo congresal”. Por ello, en octubre del 2022 la fiscal de la Nación dispuso iniciar una investigación en su contra.

En julio del 2022, la Comisión de Ética rechazó los informes de calificación que proponían declarar procedentes las denuncias contra cuatro de seis congresistas señalados como parte de ‘Los Niños’. El grupo de trabajo votó en contra de iniciar investigaciones contra los congresistas Doroteo, Espinoza, Mori y López.

Posteriormente, en octubre del mismo año, la fiscalía allanó las oficinas y viviendas de Doroteo, Mori, Flores Ancachi, Espinoza, López y Elvis Vergara.

En marzo de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió no acusar constitucionalmente a López ni a Juan Carlos Mori en el Caso ‘Los Niños’. Lady Camones, presidenta de la Subcomisión, manifestó en aquella fecha a la prensa que “el hecho de que en este informe final se concluya archivar el caso respecto de ellos dos no limita las competencias de la fiscal de la Nación. Si ella encuentra algunos indicios razonables de la comisión de un presunto delito, podría formular una denuncia constitucional”. López no fue incluido en la denuncia constitucional presentada en mayo de este año por la fiscal de la Nación contra cuatro presuntos ‘Niños’.

Por otro lado, el congresista Ilich López fue también parte de la comitiva de congresistas que viajó a Shanghái para participar en una feria tecnológica, patrocinados por DPL Group. El integrante de Acción Popular justificó el viaje a China debido a que, bajo su análisis, el financiamiento no se trató de una dádiva.

Al ser consultado por la prensa respecto a si tuvo algún acercamiento con las empresas que participaron en estas reuniones, esta fue su respuesta: “Hemos ido a la China, se supone que han estado puros chinos”.

En octubre del 2022, la fiscal de la Nación dispuso una investigación por presunta organización en contra de Vergara, actual vocero de la bancada de Acción Popular. La indagación incluyó también a Doroteo, Mori, Flores y Espinoza por el Caso ‘Los Niños’. La tesis fiscal apuntaba a que esta presunta red direccionaba licitaciones en el MTC, ministerio que estaba a cargo del exministro Juan Silva. El documento precisa que los seis habrían obtenido beneficios ilícitos.

Posteriormente, la fiscalía allanó las oficinas y viviendas de los congresistas incluidos en esta investigación fiscal. Ellos serían parte del denominado “brazo congresal” de la presunta red criminal.

En octubre del mismo año, la Comisión de Ética aprobó informes finales que recomendaban suspender de sus funciones por 120 días, sin goce de haber, a Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi. Los informes se sustentaron en las visitas que los legisladores realizaron a Palacio de Gobierno, donde se reunieron con Pedro Castillo y exaltos funcionarios del Ejecutivo. También en los testimonios de Karelim López y otros colaboradores eficaces, que los implican en el caso ‘Los Niños’ y a la disposición de la fiscal de la Nación de investigarlos por el presunto delito organización criminal.

Pese a estas especificaciones, el Congreso blindó a ambos congresistas en abril de este año. En el caso de Vergara, solo 53 legisladores respaldaron el pedido. Otros 52 lo hicieron en contra y hubo 1 abstención. Respecto a Flores Ancachi, 53 votaron a favor, 54 en contra y no se registraron abstenciones. Vergara mantiene la vocería de Acción Popular.

En mayo de este año, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Vergara, así como Doroteo, Flores y Espinoza por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Los legisladores aludidos habrían tenido como espacios principales para desplegar presuntos actos de corrupción el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Provías Nacional; y el Ministerio de Vivienda, “buscando copar y aprovecharse de diversos procesos de contratación llevados a cabo en las citadas entidades”.

El congresista Juan Carlos Mori fue también incluido por la fiscal de la Nación en una investigación por presunta organización criminal en el Caso ‘Los Niños’, en octubre del 2022. Junto a los demás investigados, habría respaldado con sus votos al gobierno de Castillo a cambio de ciertos beneficios. Ellos habrían sido captados por Auner Vásquez para integrar el “brazo congresal” de la red criminal.

Al igual que los demás investigados, la fiscalía también allanó la vivienda y demás inmuebles vinculados a Mori. Este grupo de parlamentarios parlamentarios habrían beneficiado a ciertas empresas, entre ellas Ingeniería de Integración de Proyectos SAC (INIP). Previamente, en mayo del 2022, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez abrió una investigación preliminar en contra de Doroteo, Vergara, Mori, Flores, Espinoza y López por el presunto delito de tráfico de influencias.

Los congresistas Edwin Martínez, Silvia Monteza, Hilda Portero y Wilson Soto fueron incluidos por la fiscalía, en enero de este año, en la investigación por el Caso ‘Los Niños’ que se sigue contra el expresidente Castillo y otros legisladores. La investigación es por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Según el testimonio del colaborador eficaz CE-11-2022, el expresidente Castillo encargó al exasesor Vásquez captar a los congresistas de Acción Popular dado su cercanía con el parlamentario Carlos Zeballos.

Los inmuebles vinculados a estos congresistas fueron también allanados en marzo de este año. Frente a esta investigación, la congresista Monteza dijo que “los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo, creo que nosotros tenemos nuestras propias opiniones y si hemos votado de esa manera es porque hemos hecho algún análisis en ese momento”. Por su parte, Martínez respondió: “Si Dina Boluarte me convoca el día de hoy, voy a Palacio de Gobierno. No tengo ningún impedimento. Las facultades legislativas no son limitadas. Muchos tienen miedo de participar o ayudar [...] Nunca he pedido ni recibido nada que no sea legal”.

Asimismo, la congresista Hilda Portero fue denunciada el 8 de mayo ante la Comisión de Ética del Congreso por haber utilizado presuntamente aportes de sus trabajadores para realizar donaciones. El 12 de junio, se aprobó el informe de calificación en su contra.

La congresista Karol Paredes, aún presidenta de la Comisión de Ética, ha sido señalada debido al viaje que hizo a China, patrocinado por la empresa privada DPL Group. Tanto los gastos de pasajes y viáticos fueron financiados por el referido privado, que tiene sede en México.

El viaje, que tuvo como objetivo que los congresistas participen en un evento de tecnología móvil realizado en Shanghái del 28 al 30 de junio pasado, se extendió por 12 días. Paredes y los demás legisladores que fueron patrocinados rechazaron haber incumplido el Reglamento del Código de Ética, pues consideran que no recibieron dádivas ni donaciones.

Paredes se negó a aclarar cuáles fueron los gastos de la empresa privada que los financió en lo que se refiere a hospedaje y alimentación. “No puedo responder [cuánto costó el hospedaje] porque no tengo conocimiento. Ese es un tema que no me ha interesado [el nombre del hotel]”; “si quieren saber [dónde estuvimos hospedados] investíguenlo”; “no me acuerdo ni qué he comido. Han sido tantas las comidas que hemos comido que ya ni me acuerdo”; fueron algunas de sus respuestas en entrevista con Canal N.

Si bien la congresista María del Carmen Alva no reúne denuncias en su contra, su paso por la Mesa Directiva y su actividad como legisladora ha sido cuestionada debido a su comportamiento y ciertas declaraciones. Hace un año atrás, en junio del 2022, Alva incluso enfrentó pedidos de censura luego de difundirse un audio en el que se refería al expresidente Pedro Castillo y que el Parlamento tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Según Alva, la grabación fue ilegal y editada.

“(Pedro Castillo) no quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cag***. Lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, así como (Manuel) Merino, ¿me entiendes? ¿por qué renunció Merino si era constitucional?, por presión de la calle”, “Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él, ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, dijo Alva en el audio.

Otro de los motivos de cuestionamiento hacia Alva fue el bloqueo para el ingreso de periodistas a la sede del Legislativo, a espacios como Pasos Perdidos y el hemiciclo. Esta prohibición fue finalmente levantada a mediados de junio del 2022.

En su paso por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, Alva emitió declaraciones que fueron rechazadas por instituciones como la Defensoría del Pueblo debido a su adjetivación discriminativa. Esto en referencia a lo dicho por la congresista en julio del 2022: “Nuestra frase es un ‘Congreso para todos’ sin excepción a nivel nacional: Lima y regiones unidos, blancos e indios, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases”.

Antes de concluir su gestión como presidenta del Parlamento, la congresista Alva condecoró con una medalla de honor a Manuel Merino, quien en noviembre del 2020 renunció a la Presidencia luego de la muerte de dos personas en las protestas contra su ascenso al Ejecutivo.

El comportamiento de la congresista Alva también ha sido discutido en el Parlamento por hechos puntuales: en dos ocasiones la integrante de Acción Popular fue grabada jaloneado a otras integrantes del Congreso. En agosto del 2022, fuera de la Mesa Directiva, Alva jaló del brazo a la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) mientras se encontraban en el hemiciclo. El hecho ocurrió durante una suspensión del pleno, luego de incidentes entre la congresista Norma Yarrow y legisladores oficialistas.

Alva fue denunciada por este hecho ante la Comisión de Ética del Congreso, que en un informe final de febrero de este año aprobó como sanción una amonestación pública. “No se ha acreditado una agresión física voluntaria” de la acusada y sí “un acto inadecuado e irrespetuoso”, se concluyó.

Meses después, Alva protagonizó otro incidente similar en el Congreso. Esta vez, fue captada por las cámaras del Parlamento jaloneando a la congresista Francis Paredes (Bloque Magisterial). “Yo cuando converso, cuando hablo con la gente yo abrazo a la gente y agarro a la gente, yo no maltrato a nadie”, respondió Alva tras lo ocurrido.

La congresista Paredes también minimizó lo ocurrido y afirmó que no tiene “ningún problema” con Alva. Por tanto, no procedió con ninguna denuncia ante la Comisión de Ética.