‘Los Niños’: Pedro Castillo dio “facultades ilegítimas” a congresistas, según informe

Unidad de Investigación

Cuando amanecía ayer, la Fiscalía de la Nación, con el apoyo del grupo especial de policías, comenzó un operativo de allanamiento de los despachos de los seis congresistas de Acción Popular (AP) que han sido señalados como parte de ‘Los Niños’.

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Como este Diario informó el domingo pasado, los parlamentarios Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Ilich López, Juan Carlos Mori y Jorge Luis Flores son investigados de manera preliminar por el delito de organización criminal.

Junto con el presidente Pedro Castillo y el prófugo exministro Juan Silva, formarían una red ilícita que direccionó licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que colocó funcionarios en puestos claves del Estado. Para la Fiscalía de la Nación, los legisladores son “mandos medios” y el “brazo congresal” de la red.

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Las oficinas allanadas están en el mismo lugar: el edificio Fernando Belaunde Terry –expresidente, fundador y líder histórico de AP–, ubicado en el jirón Huallaga 385, en el Centro de Lima.

La medida fue ordenada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En su resolución, del 6 de octubre, el juez autorizó el allanamiento y registro de los despachos hasta por 24 horas.

El fiscal supremo provisional Marco Huamán lideró el equipo que realizó la diligencia en las oficinas.

En paralelo, los fiscales y policías del grupo especial llevaron a cabo la misma acción en los domicilios de Lima y regiones de donde provienen los congresistas: Doroteo ( Ica), López (Junín), Espinoza (Áncash), Flores (Puno), Vergara (Ucayali) y Mori (Loreto).

Espinoza declaró ayer que no tenía “ningún reparo en entregar algún objeto que se requiera. En Chimbote han incautado una computadora y algunos discos, pero yo me siento tranquilo”.

En un comunicado, la bancada de AP rechazó que miembros del grupo integren una organización criminal.

Cuarta etapa

Si bien la resolución del juez Checkley menciona los argumentos por los que los seis congresistas de AP son investigados, el Informe 068-2022-Equipo Especial de Apoyo al EFICCOP da más detalles del papel de esos parlamentarios y de otros.

El informe es parte del caso del ‘gabinete en la sombra’, por el que se investiga a una presunta organización criminal integrada por funcionarios y empresarios cercanos a Castillo. Ayer, mientras se realizaba el allanamiento de las oficinas, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con apoyo de la policía, hizo un operativo para detener a los investigados por el caso.

El documento plantea varias etapas del accionar de esta red. En la cuarta, indica el reporte, se captó y reclutó a parlamentarios “para que funjan de coalición en el Congreso ante cualquier adversidad que pudiera poner fin a su hegemonía en las instituciones del Ejecutivo, y mediante su voto se evite cualquier moción de censura, vacancia o admisión de acusación constitucional de políticos y funcionarios”.

Los legisladores eran de diversos partidos, y fueron captados mediante negociaciones ilícitas encabezadas por Auner Vásquez cuando era asesor de Castillo en Palacio, “dotando de facultades ilegítimas e ilegales a sendos congresistas para [la] designación de titulares [de] ministerios, funcionarios de alta dirección”. Se mencionan los ministerios de la Producción, Salud, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Mujer, Transportes y Comunicaciones, el Viceministerio de Educación, además de Petro-Perú y Perú-Petro.

Las reuniones

Como “antesala a las negociaciones para la permanencia en el poder” de Castillo se habrían organizado reuniones en Palacio desde el 25 de agosto del 2021.

Según la investigación de la Fiscalía de la Nación, Auner Vásquez, coordinador de la presunta red criminal, le planteó a Castillo captar a congresistas para “garantizar la permanencia de él en el Ejecutivo, indicándole que a cambio estos estarían solicitando obras, direcciones y ministerios”. Por eso, Castillo le ordenó que los congresistas “accedan a todo”.

Hay tres reuniones claves en las que participaron los legisladores de AP investigados y otros de su bancada.

El 7 de setiembre del 2021, Castillo recibió a Espinoza, López, Vergara, Mori, y a Hilda Portero, José Arriola, Carlos Zeballos y Pedro Martínez Talavera, todos de AP. Según la declaración del colaborador eficaz 03-2022, del 20 de setiembre, a Martínez “le habrían dado la designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional”.

Otra cita clave fue el 14 de setiembre, fecha en la que Vásquez se reunió con Flores, Espinoza, López, Vergara, Doroteo y Mori. Ese día, Vásquez “habría transmitido las pretensiones ilícitas” de Castillo, ofreciendo a los legisladores “el manejo del Ministerio de la Producción, para que designen el ministro de la cartera y les permita manejar el Viceministerio de Pesquería”. Portero, Arriola y Wilson Soto, de AP, también estuvieron en Palacio.

El colaborador 03-2022 declaró que, luego de esa cita, Vásquez le dijo a Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio, que ya estaba “todo coordinado, tenemos el apoyo de Acción Popular, pero me han pedido doce direcciones de órganos estatales a cambio”, entregándole doce sobres con currículum vitae de terceros, “uno por cada congresista”.

El mismo colaborador afirmó que el 14 de setiembre Vásquez le dio a Pacheco una relación de siete proyectos, un pedido de los congresistas de AP “como parte del trato para su apoyo incondicional”.

Estos proyectos son los de la lista de siete obras de Provías Nacional que, en febrero pasado, Karelim López entregó a la fiscalía en un archivo guardado en un USB. Hace unas semanas, El Comercio reveló que ese archivo fue modificado por última vez el 2 de setiembre del 2021, antes de que se decidiera la buena pro de esas obras. Los contratos de esas licitaciones suman S/891′855.814.

Una tercera reunión relevante, en la que participaron congresistas de AP, se dio en marzo de este año. De acuerdo con la declaración del colaborador eficaz 04-2022-EFICCOP, del 30 de julio, Castillo le ordenó a Beder Camacho, entonces subsecretario general de Palacio, que se “apaguen las cámaras de seguridad de ingreso a Palacio porque iba a tener una reunión a horas 9 a 10 de la noche aproximadamente y no quería que se grabe el ingreso de sus invitados”: Doroteo, Espinoza, López y Vergara. Ellos ingresaron por la puerta 6, por lo que solo debería entrar el mandatario, esposa e hijos. La cita “habría durado dos horas y media aproximadamente”. Luego se volvieron a prender las cámaras.

¿Otros ‘Niños’?

En el informe también se señala que Vásquez coordinó con integrantes de Perú Libre, Somos Perú, Juntos por el Perú y Podemos Perú, “a fin de realizar negociaciones ilícitas de entrega de instituciones públicas a sendos congresistas, con el condicionamiento de contar con sus votos ante mociones de vacancia, mociones de censura y acusaciones constitucionales”.

Aunque no se mencionan nombres, el informe relata que Vásquez le dio a Perú Libre “facultades ilegítimas e ilícitas” para que influyan en la designación de funcionarios del Minsa.

Asimismo, Luis Picón, ahora congresista no agrupado, coordinó con Biberto Castillo, funcionario de Palacio, para que se designe a Luis de la Cruz Godoy como vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, según el documento.

A Carlos Alva y Carlos Zeballos, elegidos por AP pero ahora en Integridad y Desarrollo, se les habría dado “competencias ilegítimas e ilícitas” para el manejo de Migraciones.

Castillo también habría ordenado a Vásquez que coordine con Enrique Wong, de Podemos Perú, para darle “competencias ilegítimas e ilícitas” en la designación de funcionarios del MTC y, como cuota de poder, manejar el Viceministerio de Educación.

Asimismo, la congresista Sigrid Bazán “se habría unido a la coalición congresal”. El 6 de diciembre del 2021, un día antes de que se votara la admisión a debate de una moción de vacancia contra el mandatario, Bazán se reunió en Palacio con Castillo, con quien “habría coordinado la designación de la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, como parte de su cuota de poder en el Ejecutivo, asegurándose el presidente un voto más en contra de la vacancia presidencial”.