Partidos no admiten responsabilidad en casos de gobernadores detenidos o investigados

Representantes de partidos políticos cuyos gobernadores regionales se vieron detenidos o involucrados en investigaciones por presuntos casos de corrupción negaron que sus agrupaciones tengan responsabilidad respecto a ellos.

Uno de estos partidos es Alianza Para el Progreso (APP), donde el gobernador de Ucayali, Francisco Pezo, fue detenido preliminarmente este mes en una investigación por los delitos de organización criminal, colusión y cohecho; mientras que el de Madre de Dios, Luis Hidalgo, también es investigado por presunto cohecho, vio sus oficinas allanadas y se le impidió salir del país.

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Al respecto, el secretario general de APP, Luis Valdez, dijo a El Comercio que las eventuales responsabilidades de los gobernadores “son personalísimas” y aseguró que su partido no avala ningún acto de corrupción. “Exigimos al Ministerio Público que investigue todo lo que tenga que investigar y el Poder Judicial, de determinarlos responsables, los tendrá que sancionar”, dijo.

“En todo caso, no tendría por qué afectar a una organización que no está conformada por una o dos personas, o un grupo de amigos. Alianza Para el Progreso es un partido político nacional que tiene cerca de 300 mil militantes (…) El hecho de que uno, dos o un puñado hayan cometido algún ilícito, que está en proceso, en trámite de verificación, no significa que tengamos que señalar o culpar a toda una institución”, manifestó.

Señaló que su partido apoyó la reforma para que sentenciados en primera instancia no puedan postular a cargos públicos y que “lamentablemente, no podemos controlar lo que puede hacer una, dos o determinadas personas. Por eso digo que la responsabilidad es personalísima (…) A veces [estos casos] escapan las manos de los partidos políticos”

Valdez añadió que “lo que hace APP, como cualquier partido político, es abrir las puertas” a candidatos y evaluar sus hojas de vida con las herramientas y filtros del sistema electoral. “Estas personas pasaron sin ningún cuestionamiento, sin ninguna observación. De ahí para adelante, lo que nos queda es reprochar, cuestionar y pedir que todo el peso de la ley caiga sobre las personas que son responsables”, expresó.

Finalmente, el dirigente opinó que lo mejor que podrían hacer Francisco Pezo y Luis Hidalgo, mientras son investigados, sería apartarse de su militancia en APP. “Si ellos se creen inocentes, como un gesto desprendido (…) tendría que, por lo menos, pedir licencia”.

En el Registro de Organizaciones Políticas, ambos gobernadores todavía figuran como afiliados a la organización liderada por César Acuña.

Una postura similar manifestó Enrique Wong, secretario general y congresista de Podemos Perú. Su partido sirvió para que Anselmo Lozano lograse ser gobernador de Lambayeque. Sin embargo, este año fue detenido preliminarmente y luego se le dictó prisión preventiva por presuntos actos de corrupción vinculados a su gestión previa como alcalde del distrito chiclayano de La Victoria.

Enrique Wong lamentó que el candidato de su partido se haya visto involucrado en un caso así, pero considera que la responsabilidad no alcanza a su partido. Más bien, afirmó que ellos se vieron sorprendidos, ya que no se les informó que Lozano tenía investigaciones al momento de postular.

“Cuando pedimos sus antecedentes, no había ninguna mención de eso. Por eso nosotros aceptamos (…) Nos llamó la atención esa investigación, que creemos que ha hecho en forma efectiva el Ministerio Público”, dijo Wong a El Comercio.

En el caso de Lozano, no figura como afiliado a Podemos Perú. “Llegó como invitado”, comenta Wong. “No es justificarnos, pero todos los antecedentes que le pedimos, judicial, policial, de su carretera política, eran positivos (…) Lamentamos que un hombre que aparentemente parecía que podía hacer una buena gestión, fue al revés”, agregó.

Desde Somos Perú, cuyo militante Juan Carlos Morillo dejó de ser gobernador de Áncash y recibió hasta dos órdenes de prisión preventiva, hay cuestionamientos al accionar de la Fiscalía y el Poder Judicial.

La presidenta del partido, Patricia Li, manifestó que su caso “se debe de prestar mucha atención sobre el abuso de la detención preliminar, hasta el momento el fiscal que lo acusa no le ha encontrado ninguna sola prueba”.

“Nosotros confiamos en que las cosas se esclarezcan por el bien de él y su familia”, agregó Li, a través de sus representantes de prensa.

Consultados sobre si el partido admite alguna responsabilidad en haber llevado a un candidato que terminó siendo detenido por presuntos actos de corrupción en la región, fuentes cercanas a la dirigencia de la agrupación respondieron que “mientras que no exista una sentencia, no podríamos decir que el partido tuvo responsabilidad”.

En diálogo con El Comercio, el politólogo Omar Awapara comentó que, en gran parte, casos como los mencionados ocurren cuando partidos políticos recurren a invitados para competir con movimientos regionales.

“No hay un proceso de filtración tan correcto, lo que lleva a que pasen estas cosas”, comentó. “Como estamos acostumbrados a ese juego, en el que no hay militancia, son invitados y los partidos pueden deslindar fácilmente (…) no es tan costoso. Esto debería ser más costoso para los partidos”, añadió.

Awapara indicó que, si bien estos casos podrían traducirse en un proceso interno de disciplina en el partido, “lo más eficaz sería que el partido reciba un voto de castigo”. “El voto es la mejor herramienta para combatir esto”, aseveró.

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