Áncash: dictan nueve meses de prisión preventiva contra gobernador regional

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, investigado por una presunta colusión agravada en la construcción y equipamiento de un ambiente para la atención de pacientes con coronavirus en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

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El juez Derby Mirko Quezada Blanco, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz, determinó que existen graves elementos de convicción para que Morillo Ulloa sea investigado en la cárcel.

“Conforme a la gravedad de la pena y determinándose la carencia de arraigo familiar y domiciliario, este órgano jurisdiccional concluye un riesgo elevado de fuga (…). Corresponde declarar fundado el pedido de prisión preventiva por el plazo de nueve meses”, señaló en su resolución.

Durante la audiencia virtual, el fiscal anticorrupción de Áncash, Robert Rojas Ascón, sustentó que Juan Carlos Morillo Ulloa se concertó con sus funcionarios y los representantes de las empresas contratistas para defraudar al gobierno regional con la ejecución del proyecto de ampliación e implementación de un ambiente COVID-19 en el Hospital Regional, valorizado en 10 millones de soles.

El representante del Ministerio Público presentó las declaraciones de tres testigos protegidos y un aspirante a colaborador eficaz quienes han revelado que el titular de Áncash y sus funcionarios cometieron presuntos actos de corrupción durante el estado de emergencia sanitaria.

La medida también alcanza a Jhonny Constantino Muñante Quispe, exgerente del gobierno regional; Juan Wilson Mendo Sánchez, gerente de Administración; Pedro Velezmoro Sáenz, gerente de Infraestructura; y Ángel Velásquez Abanto, subgerente de Abastecimiento.

Así como a William Percy Rojas Vereau, subgerente de Estudios y Proyectos; Jiordano Renzo Alva Pinedo, responsable de la elaboración del proyecto; Italo Bryan Kiyoshi Lon Kan Pérez, encargado de la evaluación del proyecto; y a la representante de la empresa constructora Quimera SAC, Ninel Romero Bartusiak.

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El juzgado declaró fundado el pedido del Ministerio Público para que en el plazo de nueve meses se elaboren diversas pericias a los equipos médicos, celulares y equipos informáticos de los investigados, y se recaben documentos y declaraciones que permitan esclarecer los hechos.

El magistrado Quezada Blanco ordenó que el gobernador regional y los seis funcionarios, detenidos desde el 30 de noviembre, fueran internados en el penal Víctor Ramos Liendo de Huaraz.

Además, dispuso la inmediata ubicación y captura de Ninel Romero e Italo Lon Kan Pérez por encontrarse prófugos de la justicia.

En tanto, los abogados de todos los investigados anunciaron que apelarán la resolución judicial.

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