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Un día después de que se revelara que la ministra de Cultura contrató en el Estado a dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se le vincula sentimentalmente, la Fiscalía de la Nación abrió este lunes investigación preliminar en contra de Betssy Chávez por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
De esta manera, Chávez Chino pasó a integrar la lista de ministros del presidente Pedro Castillo que afrontan pesquisas, entre los que figuran Aníbal Torres (Presidencia del Consejo de Ministros), Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo).
Además, el Ministerio Público también investiga a ex integrante del Gabinete Ministerial, como el prófugo Juan Silva (Transportes y Comunicaciones), Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Walter Ayala (Defensa).
Según informó el programa “Cuarto Poder”, el padre de Abel Sotelo, Antonio Sotelo Calderón, fue designado como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el Consejo Nacional del SENATI el 12 de enero último por la propia Chávez Chino, cuando ella estaba al frente de dicha cartera.
Sotelo Calderón fue contratado después en COFOPRI en Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El otro familiar del comerciante que fue “amadrinado” por la alta autoridad del Ejecutivo fue Marco Antonio Sotelo. El bachiller en Derecho fue incorporado como asistente en el despacho congresal de Chávez en octubre de 2021.
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Tras el inicio de investigación preliminar, un equipo de fiscales del Ministerio Público acudió a COFOPRI y a la oficina de la política de izquierda en el Parlamento, a fin de recabar información sobre los nombramientos referidos.
Al respecto, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado saludó la “respuesta inmediata” que ha tenido la Fiscalía de la Nación, y refirió que la investigación debe ser rigurosa. “En su momento, deberán solicitar al Congreso el desafuero de esta persona, sin perjuicio a que el Parlamento le impongan medidas disciplinarias como la destitución e inhabilitación. El Ministerio Público tiene la tarea de construir un caso sólido”, complementó.
En comunicación con El Comercio, Maldonado indicó que la denuncia en contra de Chávez Chino revela que existe un “patrón”, en el sentido, de que el gobierno, bajo el “auspicio” del presidente Pedro Castillo, “se ha convertido en un sistema que busca lesionar al Estado”.
“El presidente sería el primero en incurrir en actos de corrupción, y esto da un mensaje a sus ministros: que pueden abusar de sus cargos”, acotó.
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La abogada penalista Romy Chang señaló que esta investigación preliminar también debe apuntar a definir si hubo otros ilícitos en las contrataciones a los familiares de Abel Sotelo.
“Es punto de partida para definir la existencia o no de otros delitos más graves de corrupción”, expresó.
Chang también explicó que si Antonio Sotelo Calderón y Marco Sotelo no registraron en su declaración jurada de intereses la relación con Chávez Chino, estos podrían ser investigados por el presunto delito de falsedad genérica.
Por su parte, la abogada penalista Cecilia Madrid refirió que el Ministerio Público también le puede imputar el presunto delito de instigación a la colusión a la también congresista de Perú Democrático, “en el sentido de que ella habría ejercido presión para que se favorezcan a estas personas”. Agregó que la contraloría también debe intervenir a nivel administrativo.
A través de un comunicado, la ministra de Cultura negó que un familiar suyo “cercano o lejano” haya sido beneficiado con designación “de ningún tipo”. Agregó que “todas las contrataciones efectuadas” por su despacho congresal fueron “debidamente filtradas” por la oficina de Recursos Humanos del Parlamento y “se enmarcaron en la ley”.
Chávez dijo que no le sorprende “la selectiva oficiosidad” de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de iniciar una investigación preliminar en su contra.
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(Foto: Difusión)
La también congresista sostuvo que la pesquisa no tiene “sustento jurídico alguno” y que espera “que tenga el destino que le corresponde”.
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Oposición pide su renuncia
Desde el Congreso, el portavoz de Renovación Nacional, Jorge Montoya, consideró que la ministra de Cultura “lo que debería hacer es renunciar inmediatamente”, porque existe “un manifiesto tráfico de influencia”.
“Solo le queda la renuncia, esperemos que lo haga en el transcurso de hoy”, manifestó para luego indicar que si no da este paso su bancada evaluará tomar acciones al respecto, en referencia a una posible interpelación.
A su turno, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) afirmó que la denuncia contra Chávez “es muy grave” y “lamentablemente” la contratación de allegados que no cumplen los requisitos técnicos y de idoneidad en el Ejecutivo se ha convertido en “una práctica muy recurrente” en el gobierno de Pedro Castillo.
“Uno no puede utilizar el poder para beneficiar a su círculo cercano, a sus familiares y a amigos, el poder debe ser para trabajar para solucionar el problema de los peruanos, El caso de la ministra es una muestra más de este problema y creo que debe ser interpelada por este Congreso”, expresó.
Tudela recordó que Chávez Chino fue censurada del cargo de ministra de Trabajo en mayo último, tras la huelga de controladores aéreos que generó que miles de personas perdieran sus vuelos durante la última Semana Santa. Esta paralización contó, inicialmente, con la autorización del sector.
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La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano (Fuerza Popular), opinó que la titular de Cultura “tiene que dar explicaciones a la ciudadanía y al pueblo que ella tanto proclama” sobre la contratación de dos de sus allegados.
“Si ha favorecido a los familiares de una persona con la que está relacionada sentimentalmente es un tema de ética, por decir lo menos. Ella sí debería dar explicaciones a todos los medios de comunicación y también al propio Congreso”, subrayó.
El congresista Héctor Valer, de Perú Democrático, bancada a la que también pertenece Chávez Chino tras haber renunciado a Perú Libre, dijo, a título personal, que está a favor de una eventual interpelación a la integrante del Gabinete. No obstante, señaló que no existe una prueba respecto al vínculo sentimental entre su colega y Abel Sotelo.
“Ella está en la facultad de nombrar o no a las personas que crea convenientes y que cumplan los requisitos de ley”, complementó.
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La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes (Acción Popular), refirió a El Comercio que evalúan iniciar una indagación de oficio a la también parlamentaria de Perú Democrático.
Por su parte, el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), lamentó que la ministra de Cultura no haya dado explicaciones y adelantó que solicitarán la entrega de documentos de manera formal en las próximas horas.
El silencio del oficialismo
El congresista Álex Paredes (Bloque Magisterial) señaló que “no voy a defender lo indefendible” y remarcó que si hay indicios de conductas contra la ley por parte de Chávez Chino, la contraloría y el Ministerio Público deben intervenir de “manera inmediata”.
“Si hay indicios, no se va a avalar lo que no se puede avalar”, manifestó.
El portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo, en una breve declaración a la prensa, que esperan que el Ejecutivo se pronuncie “y resuelva esto”.
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El partido fundado por el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón votó, en mayo, a favor de la censura a Chávez del cargo de ministra de Trabajo.
El presidente Pedro Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con los dirigentes de Sedapal, pero no se pronunció sobre la situación de la titular de Cultura.
Fuentes del Ejecutivo indicaron a El Comercio que hasta el momento Castillo no ha evaluado la continuidad de Chávez en el Gabinete, “porque en su agenda están otros temas políticos”.
Más información
La ministra de Cultura participó este lunes en la colocación de la primera piedra de la obra de nueva sede del Archivo Regional de Tacna.
Durante su discurso, la también congresista destacó que los documentos del Archivo General de la Nación fueron claves en el proceso de delimitación marítima entre Chile y el Perú en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
“Sin esos documentos hubiese sido imposible argumentar ante la Corte de La Haya”, mencionó.
