El jueves pasado, el último día de CADE Ejecutivos 2022, en Paracas, tuvo un enfoque político, más que empresarial. La presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia, abrió la jornada advirtiendo que la democracia en el Perú se encuentra en cuidados intensivos. Y luego tres altas autoridades del Estado le tomaron la posta en el foro “Control de daños del deterioro institucional”.
En esta mesa participaron la presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios; la defensora del Pueblo, Eliana Revollar; y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta última exhortó, en ese sentido, a los empresarios y líderes de gremios reunidos en Paracas a no permitir que en el país se normalice la corrupción. “Señores empresarios, no podemos permitir que en nuestro país se normalice la corrupción”, expresó.
La titular del Ministerio Público afirmó que su administración está comprometida con “una investigación firme y célere” en contra de la corrupción en las altas esferas del poder, porque estos actos “afectan las bases institucionales” del Estado de derecho. Puso como ejemplo su decisión de continuar la pesquisa en contra del presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal que su antecesor en el cargo, Pablo Sánchez, abrió.
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“Los fiscales no somos actores políticos, sino operadores jurídicos”, manifestó.
Benavides alertó que cuando un político es sometido a investigación, estos se defienden alegando que se intenta judicializar la política, “cuando en realidad lo que buscan es politizar la justicia”. “Desde todos los frentes se debe exigir y rechazar todo tipo de intromisión política al sistema de justicia, en especial en el Ministerio Público”, agregó.
De otro lado, anunció que el 100% de los audios de la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto, que reveló una red de tráfico de influencias y de corrupción en todo el sistema de justicia, estarán procesados para enero del próximo año. Añadió que cuando llegó a la dirección del Ministerio Público, solo el 15% de las grabaciones habían sido escuchadas.
Por otro lado, la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, advirtió que hoy, como hace 26 años, cuando su institución fue fundada, el país “está en una situación de convulsión” y sufre “una crisis en la que se ve amenazada la democracia”. Pero, a diferencia de lo anterior, esta vez sí se ha abierto una investigación fiscal “a un presidente en funciones”.
Revollar indicó que, desde su nacimiento, la Defensoría del Pueblo ha sido vista con hostilidad y a muchos les resulta “difícil comprender que no somos un agradable acompañante del poder político”. “Nuestra misión no es lavarle la cara nadie”, expresó.
Al finalizar su discurso, la defensora del Pueblo en funciones sostuvo que el diálogo democrático es fundamental para arribar a consensos, y que lamenta que en los últimos tiempos esta capacidad se ha perdido entre los altos funcionarios del Estado.
En tanto, en declaraciones a la prensa tras su presentación en CADE, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, afirmó que el Tribunal Constitucional (TC) ya se ha pronunciado a favor de la norma que regula la cuestión de confianza y que fue promulgada por el Congreso en octubre del año pasado. Agregó que esa decisión se debe respetar, porque estamos en “un Estado de derecho”.
“Cuando el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento, esto es fuente de derecho, crea derecho constitucional. ¿Qué significa? Que todos los poderes del Estado y los órganos constitucionales tienen que seguir el lineamiento trazado por el TC, que es el máximo intérprete de la Constitución y de las leyes. Tenemos que aprender a respetar las decisiones”, manifestó.
De esta manera se pronunció al ser consultada sobre la decisión del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, de reiterar su solicitud de presentarse ante el pleno del Parlamento para plantear una cuestión de confianza en respaldo a una norma que deroga la ley que regula la referida figura constitucional.
Barrios indicó que, si bien el Ejecutivo tiene derecho a cuestionar las decisiones del TC, “debe acatarlas”.
De otro lado, la presidenta del Poder Judicial informó que recibió una solicitud de la misión de la OEA que arribará a Lima en una semana y media para reunirse.
Reiteró que ella ha solicitado en diferentes oportunidades al presidente Castillo convocar el Consejo de Estado, a fin de consensuar y generar un acuerdo “que haga viable la gobernabilidad en el país”.
El presidente Pedro Castillo no asistió a CADE Ejecutivos 2022. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo que el mandatario priorizó atender sus actividades programadas en Lima.
“Tiene una serie de actividades aquí en Lima y él considera que es más importante atender los campos sociales que ir a CADE hasta Paracas”, manifestó Salas en radio Exitosa.
Castillo se convierte en el primer presidente desde 1999 en no asistir a CADE Ejecutivos. Alberto Fujimori había sido el último en no clausurar el foro económico.
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