Peruanos de Estado: ¿Quiénes integran el nuevo colectivo de empresarios y qué propuestas han llevado al Congreso?

A un mes y medio para que la presidenta Dina Boluarte convoque a las elecciones generales 2026, el colectivo Peruanos de Estado- conformado por los empresarios Raúl Diez Canseco, Roque Benavides, Rosario Bazán, Ricardo Márquez y Carlos Añaños- entregó al Congreso un conjunto de propuestas para una reforma electoral y de seguridad ciudadana.

Los integrantes del nuevo colectivo empresarial, con excepción de Añaños, llegaron este jueves al Palacio Legislativo, donde se reunieron con el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso). Durante la cita, le entregaron dos documentos con sus iniciativas.

Una de estas apunta a modificar el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (N°26859), a fin de establecer que los condenados por homicidio, genocidio, desaparición forzada, rebelión, tortura, secuestro, robo agravado, tráfico de personas, lavado de activos, minería ilegal, terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico y violación sexual están impedidos de postular a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, “aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.

Lee también: Candidatos presidenciales “invitados”: los peligros del proyecto que impulsa bancada de José Luna

Precisamente, en el último día de la legislatura anterior, el Congreso no logró los votos para impedir que sentenciados por delitos como terrorismo, rebelión y narcotráfico puedan postular a cargos de elección popular hasta por 10 años, luego de haber cumplido sus condenas. La propuesta solo alcanzó 64 votos a favor, frente a 25 en contra y cinco abstenciones.

Por ser una propuesta de reforma constitucional, requería ser aprobada con un mínimo de 87 votos en esta y en la próxima legislatura, que comenzará en marzo. O con 66 votos y luego ser sometido a referéndum para su ratificación.

En junio último, el Parlamento tampoco logró un consenso para aprobar el referido dictamen. Aunque en aquella oportunidad fue por los cambios de último momento que realizó la fujimorista Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución. Y, además, por la intención de un sector de la izquierda de incluir más delitos en la restricción. Por ello, la fórmula regresó a comisión, dónde aún permanece.

Lee también: De los 20 congresistas que se reunieron este año con ministro Santiváñez solo dos respaldan su censura: ¿quiénes son?

Cambios de cara a los comicios

El colectivo Peruanos de Estado también planteó que el plazo para la inscripción de las alianzas electorales sea hasta el 12 de octubre, es decir seis meses antes de los comicios general. Esto “para facilitar que los partidos puedan ir juntos”. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su cronograma, había sugerido que la fecha límite para inscribir las coaliciones sea el 12 de mayo.

Los empresarios propusieron que la valla electoral para las alianzas pase del 6% al 5% y que se permita que las listas al Congreso puedan correr de manera independiente a una coalición partidaria para la fórmula presidencial.

Además, sugirieron que se restablezca la figura del recurso extraordinario por afectación al debido proceso, que tiene como finalidad “que el pleno del JNE reexamine, en forma extraordinaria las resoluciones que emita, cuando estas específicamente afecten u omitan un derecho fundamental de procedimiento”.

Respecto a la seguridad ciudadana, Peruanos de Estado aconsejó al Parlamento aumentar las penas para los policías y militares que suministren armas de fuego y municiones a redes criminales y delincuentes que se dedican a la extorsión, secuestro y sicariato. También plantearon la construcción de cárceles a través de la participación del sector privado, mediante el mecanismo de obras por impuestos.

Lee también: La desactivación exprés de Legado: en dos semanas Consejo de Ministros decidió que IPD absorba proyecto

“Ir con 40 candidatos es llevar al Perú al precipicio”

En conferencia de prensa en el Congreso, el ex vicepresidente de la República Raúl Diez Canseco aclaró que ninguno de los cinco empresarios que forman parte del nuevo colectivo será candidato en el 2026 e indicó que sus propuestas se dan porque están preocupados por el futuro del país.

“Hay que sacar normas de emergencia, que permitan un mayor horizonte, que los plazos [para las alianzas] no terminen ahora, sino el 12 de octubre […] Hay que tener una norma definitiva para prohibir que criminales puedan llegar a un poder del Estado”, manifestó.

Diez Canseco sostuvo que es viable que el país crezca 4%, como lo anunció el MEF, pero remarcó que esta meta no se va a lograr si el Perú no fortalece su seguridad frente al sicariato y la delincuencia. Y si es que no se va a un proceso electoral “ordenado y transparente”. “Ojalé que en este tiempo se permita unificar [partidos], porque ir a una elección con 40 candidatos es llevar al Perú al precipicio”, acotó.

A su turno, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, remarcó que las propuestas hechas por Peruanos de Estado pueden ayudar a impedir la dispersión de candidaturas, cuando en la actualidad hay 41 partidos inscritos.

“Tememos que la dispersión pueda generar resultados que no corresponden a los reales intereses del país”, subrayó.

“[También] nos han hecho llegar propuestas sobre seguridad ciudadana, ellos tienen claro que no hay reactivación económica y que las inversiones se limitan si es que no hay seguridad. Agradezco el esfuerzo, les hemos señalado que las puertas del Congreso están abiertas para recibir ideas y alternativas para mejorar el país”, expresó.

Lee también: El poder de Nicanor Boluarte en el IPD, la entidad que controlará el millonario presupuesto de Legado

El punto de vista

El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, dijo que no cree que haya voluntad política en el Congreso para aprobar la propuesta de los empresarios que busca ampliar los impedimentos para postular en una fórmula presidencial. “Es complejo que los partidos con bancadas se pongan de acuerdo en este tipo de temas, debido a que dentro de sus agrupaciones esta normativa podría terminar afectando a sus dirigentes e integrantes”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Elguera refirió que la iniciativa de Peruanos de Estado para que las alianzas puedan ser solo para candidaturas presidenciales “podría ser viable” desde el punto de vista técnico, pero no en lo político.

Lee también: La distribución de escaños para el Congreso bicameral: ¿Lima ha perdido representación? ¿Y cuáles son los riesgos de “cinco elecciones”?

“El hecho de que los partidos vayan separados para el Congreso podría no convenirle a todos los que integran la alianza. Algunos no podrían pasar la valla y esto los dejaría con un menor peso para un cogobierno”, expresó.

El letrado también señaló que aplazar hasta octubre el cierre de la inscripción de las alianzas electorales no es viable, porque se trataría de una prolongación “al extremo”.

“Hay otra fórmula, que las alianzas puedan ser hasta junio, esa es una propuesta más razonable. Llevarlo hasta octubre implica que no haya tiempo para que los otros pasos puedan darse a tiempo suficiente”, acotó.

Salhuana sobre norma de extinción de dominio: “Hay que corregir y buscar un equilibrio”

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), consideró que los cambios aprobados por su institución a la ley de extinción de dominio, en primera votación, “deben ser revisados”, porque “tienen omisiones y falencias”. No obstante, también refirió que la actual norma necesita “un equilibrio”.

“El tema de la extinción de dominio está para la segunda votación, hay una reconsideración. Pienso que el texto debe ser revisado, tiene omisiones y falencias, hay que corregir el tema y buscar un equilibrio, que los bienes incautados sean a ciudadanos que realmente están cometiendo los ilícitos penales”, manifestó en conferencia de prensa.

El 13 de diciembre, a dos días del cierre de su última legislatura, el Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio que establece que los procesos de extinción de dominio contra una persona natural o jurídica, se inicien únicamente “cuando exista una sentencia condenatoria penal firme y consentida”.

Según informó este Diario, más de cinco mil casos — en fase de indagación o proceso judicial— que actualmente se encuentran en trámite de extinción de dominio, podrían ser mandados al archivo o quedarían anulados debido a esta iniciativa, que tuvo su origen en la bancada de Fuerza Popular.

Hace unos días, el Ministerio Público advirtió que si el Poder Legislativo concreta la modificación de la Ley de Extinción de Dominio, seis casos emblemáticos se verán afectados.

“Esta herramienta, clave para quitar bienes de la corrupción, el narcotráfico, la extorsión, lavado de activos y otros delitos, podría estar en riesgo: solo se actuaría con condena firme”, señaló la institución en su cuenta en la red social X.

A continuación, los casos en peligro en caso de aprobarse las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio:

Salhuana, de otro lado, evitó responder sobre los S/30 mil que ganará el portavoz del Ministerio del Interior.