El 10 de diciembre del 2024, en el cruce de las avenidas San Eugenio y Santa Catalina en La Victoria, el taxi que conducía José Daniel Vargas fue atacado a balazos. Recibió 64 impactos y el chofer falleció en el lugar. Su pasajera, Andrea Vidal, fue trasladada al hospital Dos de Mayo, donde falleció días después. Este podría ser uno más de los violentos atentados que sufrimos cada día en Lima. Pero Andrea trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde su jefe era el abogado Jorge Torres Saravia. A raíz de su muerte, se denunció una supuesta red de prostitución que Torres habría encabezado, a través de la cual en el Parlamento se habría contratado a asesoras que brindaban favores sexuales a congresistas. La policía desarrolló un par de hipótesis, una estaba vinculada a la información que Andrea poseería sobre el Legislativo y sus presuntas redes de prostitución y corrupción.
Desde un inicio, la policía quiso desviar a la opinión pública y esta primera hipótesis fue descartada al sostener que el sicario iba tras el taxista y Andrea solo era una víctima circunstancial. Días después se regresó a la primera hipótesis. Pese a la gravedad del asesinato, la fiscalía peruana acaba de archivar el caso. ¿Qué congresistas estaban vinculados a esas redes?
El 20 de enero del 2025, el periodista Gastón Medina salía de su casa en la urbanización San Isidro, en Ica, cuando fue asesinado a balazos por un sicario en moto. Medina tenía una línea crítica hacia autoridades regionales y municipales y había denunciado actos de corrupción. Tres años antes, Medina publicó una entrevista al sicario Víctor Mere, quien contó que había un plan para asesinarlo, y mostró un audio donde se escuchaba la voz de quien sería el entonces asesor del gobierno regional, Carlos Zegarra. Pero el sicario, sicario al fin, cambió de opinión y denunció que el que sería asesinado sería Zegarra y el que lo quería muerto sería Medina, quien formaba parte de una organización criminal que incluía a un fiscal anticorrupción. Muertos Mere y Medina, Zegarra se convirtió en diputado por Fuerza Popular y no está incluido en la investigación.
La ‘China’ Polo era una periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash que fue asesinada de balazos en la cabeza frente a las cámaras en un evento de campaña el pasado 19 de setiembre. Ella había denunciado que existía un plan para asesinarla y sostenía que el entonces jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo Farfán, era quien habría ordenado un ataque contra ella. ¿A quien representaba la ‘China’ Polo y por qué quería llegar al gobierno regional?
¿Qué tienen en común todos estos crímenes? Las víctimas tenían información confidencial sobre personas muy poderosas y, al haber caído en desgracia, les habían advertido que la harían pública. Ya la vida no vale nada y el crimen organizado opera impunemente porque han entendido que para operar con eficacia no basta con controlar territorios o actividades ilícitas; se necesita influencia dentro de las instituciones del Estado. Por eso se infiltra en la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y regionales e incluso en el propio Congreso.
Cuando las investigaciones por asesinato se archivan y las bandas criminales continúan actuando con impunidad, surge una pregunta inevitable: ¿por qué? La respuesta es clara: la captura de sectores del poder público por redes criminales. Policías vinculados con organizaciones delictivas, jueces y fiscales comprados, autoridades locales y regionales que reciben beneficios a cambio de permitir y proteger operaciones ilegales. Las economías ilegales están operando desde dentro del Estado.
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