Caso Richard Swing: ¿Por qué ordenaron la detención del entorno de Martín Vizcarra?

Peligro de fuga y obstrucción a las investigaciones son los fundamentos que la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas ha tenido como base para solicitar la detención preliminar -por siete días- de personas del círculo más cercano del presidente Martín Vizcarra y otros funcionarios vinculados a las presuntas irregularidades que se habrían cometido para la contratación del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

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Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno; Karem Roca, exasistente, el cantante Richard Cisneros; exasesor presidencial Óscar Vásquez y otras cinco personas que trabajaban en el Ministerio de Cultura han sido detenidas hasta el momento. Por ahora, no se ha ubicado a Margot Chanamé, exfuncionaria del Mincul, pero se espera su detención en las próximas horas.

Según la resolución judicial, a la que accedió el Comercio, la fiscalía ha enumerado una serie de hechos recopilados desde que inició la investigación. Estos pasarían por la manipulación de testigos, ocultamiento de pruebas y red de contactos que llegarían hasta el presidente Vizcarra a fin de eludir las investigaciones.

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Habrían tratado de ocultar pruebas

Tras analizar diversos elementos, declaraciones y audios incorporados en el caso, la fiscal anticorrupción señaló que Morales habría desarrollado las “reuniones previas” con los “contactos previos” para favorecer a Cisneros en sus contrataciones en el Ministerio de Cultura. Agregó que la ex secretaria general de la Presidencia “habría procurado desaparecer evidencia o material probatorio para el esclarecimiento del caso", e indica que mandó “a limpiar el celular de una testigo para borrar evidencia vinculada a los hechos, como llamadas, mensajes y otros”.

“Habría influenciado en coimputados y testigos a fin de coordinar la forma cómo deben declarar ante la presente investigación fiscal, para evadir la acción de la justicia, falseando la información y dificultando la averiguación de la verdad; y por ende, por el alto cargo que ostentaba resulta la posibilidad de que pudiera acceder a diversos medios probatorios, documentos y otros que pudieran ser de relevancia para la presente investigación, procediendo a destruirlos, modificarlos, ocultaros, suprimirlos o falsificarlos, con lo cual se atentaría contra la intangibilidad de elementos de prueba fundamentales y necesario para el objeto de la presente causa”, sostiene la fiscalía en sus argumentos acogidos por el Poder Judicial.

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Para la fiscal, Morales tendría una amplia malla de contactos de alto nivel “como es el presidente de la República como se habría advertido de los audios difundidos en el Congreso de la República”.

Subraya que la ex secretaria general de la Presidencia, junto con otros exfuncionarios de Palacio de Gobierno, pactaron reuniones o llamadas con testigos y coimputados para dificultar la presente investigación preliminar.

“Habría sido una de los contactos previos, con quien se habría reunido el proveedor Richard Cisneros Carballido, a fin de coludirse para las contrataciones directas materia de investigación, la cual habría instigado junto con el Presidente de la República en ministros de Cultura para que se viabilice las contrataciones a favor del citado proveedor, por lo cual atendiendo a los graves delitos que se le imputa, no cabe duda que tiene la facilidad de utilizar a sus contactos e influencias para tratar de obstaculizar los actos de investigación dispuestos por este despacho fiscal tendientes al esclarecimiento de los hechos”, postuló la fiscal.

La fiscal Sánchez Porturas también señaló entre sus argumentos que “la citada imputada no tiene arraigo domiciliario”. Sobre la gravedad de la pena, la fiscalía espera como resultado del proceso debido a la presunta comisión de los delitos imputados se puede inferir con alta probabilidad “que la pena se encontraría enmarcada en un rango de no menor de seis ni mayor de quince años, siendo necesariamente con carácter efectivo, dada su condición de funcionaria pública”.

Además, se señala que no habría colaborado en las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, y por el contrario habría dificultado la investigación preliminar induciendo a testigos para guiarlos a decir lo que ella consideraba a fin de entorpecer la averiguación de la verdad. Si ha efectuado esa calidad, ahora con mayor razón si tiene calidad de investigada, podría seguir dificultando la investigación preliminar en su contra.

Vásquez habría usado el cargo

En el caso de Óscar Vásquez, exasesor del presidente Martín Vizcarra, se sostiene que tampoco tendría arraigo domiciliario ni laboral, “pues ha renunciado a la Palacio de Gobierno".

Además, la fiscal Sánchez Porturas sostiene que los delitos imputados permitirían inferir que la pena a imponer sería alta, ya que ante una eventual acusación “esta se encontraría enmarcada en un rango no menor de seis ni mayor de quince años solo por el delito de colusión agravada, por lo cual la pena necesariamente sería de carácter efectiva”.

Para la fiscal, debe tenerse en cuenta que las conductas presuntamente desplegadas por Óscar Manuel Vásquez Zegarra fueron en su calidad de coordinador de prensa y comunicaciones del Despacho Presidencial.

Por tanto, “se habría valido del cargo que ostentaba de coordinador de prensa y comunicaciones del Despacho Presidencial, así como de las cercanía con altos funcionarios de gobierno, habría estado dificultando la investigación preliminar induciendo a testigos para guiarlos a declarar falsamente a fin de entorpecer la averiguación de la verdad; actos que hacen presumir que podría seguir dificultando la investigación preliminar en su contra”.

En consecuencia, sostiene la fiscal, por el alto cargo que ostentaba “habría inducido a testigos a declarar falsamente en la presente investigación preliminar; lo que, podría hacer sospechar que podría realizar actos de ocultamiento y demás a fin de dificultar las investigaciones y averiguación de la verdad”.

El grado de confianza y cercanía a funcionarios de Gobierno también ha sido valorado por la fiscalía y el Poder Judicial para dictar la orden de detención preliminar, ya que podría acceder a diversos medios probatorios, documentos y otros que pudieran ser de relevancia para la presente investigación, procediendo a destruirlos, modificarlos, ocultaros, suprimirlos o falsificarlos, con lo cual se atentaría contra la intangibilidad de elementos de prueba fundamentales y necesario para el objeto de la presente causa.

En el documento se sostiene que entre los contactos que podrían ayudarlo a eludir la justicia estaría el presidente Martín Vizcarra y otra red de personas allegadas a él.

“Tendría una amplia malla de contactos de alto nivel, como es el presidente de la República; como se habría advertido de los “audios” difundidos en el Congreso de la República, por el programa “Panorama” (medio de comunicación), que estaría comunicándose incluso con testigos y coimputados para presuntamente dificultar la presente investigación preliminar”, se sostiene en los argumentos.

No ha acudido a conectarse para llevar a cabo la diligencia de declaración indagatoria programada para el 18 de septiembre del 2020 a las 10:00 a.m. Solicitó reprogramarla según constancia de llamada de asistente del despacho fiscal.

Richard Swing no colabora

La fiscal Sánchez-Porturas, además, sostiene que el cantante Richard Cisneros “no ha acudido a conectarse para llevar a cabo la diligencia de declaración indagatoria programa para el 18 de septiembre del 2020 a las 10 a.m., solicitando reprogramar según constancia de llamada de asistente del despacho fiscal”.

“Tendría una amplia malla de contactos de alto nivel, como es el presidente de la República como se habría advertido de las declaraciones del aspirante a colaborar y testigo protegido, así como los demás testimonios que han mencionado de dicha cercanía y confianza”, sostuvo la fiscal en sus argumentos amparados por el Poder Judicial.

Además, según la fiscal, en el análisis de los audios se desprende que habría ocultado o guardado información relevante del caso materia de investigación, lo que estaría obstaculizando la averiguación de la verdad, “por ello, no cabe duda que tiene la facilidad de utilizar a sus contactos e influencias para tratar de obstaculizar los actos de investigación dispuestos por este Despacho Fiscal tendientes al esclarecimiento de los hechos”.

La duplicidad de domicilios de Roca

Sobre Karem Roca, exasistente presidencial de Vizcarra, la fiscalía sostiene que podría eludir la justicia puesto que tiene duplicidad de domicilios y “nos lleva a a concluir que no se tiene la certeza de la verdadera residencia o podría existir un peligro de cambio de residencia o habitación de esta investigada”.

“No habría colaborado en las indagaciones para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, y por el contrario habría dificultado la investigación preliminar ocultando información consistente en materia probatorio registros de ingresos a través de sus agendas o correo electrónico; además, habría prestado testimonio falso en su declaración testimonial, entorpeciendo la averiguación de la verdad; por ello, cabe precisar, si tales circunstancias se habrían dado en su calidad de testigo, ahora con mayor razón al tener la calidad de investigada, en efecto, podría seguir dificultando la investigación preliminar en su contra”, reseñó la fiscalía.

Además, según a fiscal, Roca habría dado una declaración falsa en su declaración testimonial rendida ante esta Fiscalía en la presente investigación, pues habría manifestado falsamente que habría asumido la reunión del día 12 de octubre del 2018, cuando realmente lo habría atendido el señor presidente de la República; además, que los registros a nombre de Richard Javier Cisneros Carballido no se habrían dado, es decir no habría ingresado y que el presidente de la República no lo habría recibido ni se habría reunido con el citado investigado

Los otros investigados

Otra de las detenidas fue Diana Angélica Tamashiro Oshiro, sobre quien la fiscalía sostiene que no se tiene la certeza de la verdadera vivienda de la citada investigada.

Tamashiro Oshiro, en su calidad Secretaria General del Ministerio de Cultura, podría “evadir o coordinar con otros coimputados para obstruir las investigaciones; tal es el caso, que se advierte según la declaración del testigo protegido, señala que Mirian Morales Córdova habría coordinado con la señora Diana Tamashiro, lo que permite inferir que se estén coordinando a fin de dificultar la presente investigación”, señaló la fiscalía.

Por ello, según las pesquisas, la exfuncionaria podría utilizar sus contactos e influencias para obstaculizar las investigaciones. Además, al ser investigada por el presunto delito de Colusión Agravada, el rango de sanción pena sería no menor de seis ni mayor de quince años, consideró la fiscal.

Respecto a Patricia Dávila, la fiscalía sostiene que también tiene dos domicilios y por tanto no se tiene la certeza de una vivienda fija. Mientras que una prognosis de pena, en su caso, estaría entre una no menor de seis ni mayor de quince años por el delito de Colusión Agravada.

Dávila Tasaico, en su calidad Secretaria General del Ministerio de Cultura, tendría cercanía de personas ligadas al gobierno o altos funcionarios y por tanto, podría dificultar la presente investigación, ya que tendría mayor posibilidad de poder evadir o coordinar con otros coimputados para obstruir las investigaciones.

"Habría desarrollado las “reuniones previas” con el proveedor Richard Javier Cisneros Carballido para ser favorecido en sus contrataciones en el Ministerio de Cultura, y por el alto cargo que ostentaba, podría coordinar con otros coinvestigados o testigos para dificultar las investigaciones en su contra", sostuvo la fiscal ante la jueza Bazalar.

Lincoln Martin Matos Parodi, fue detenido en su calidad Director de la Oficina de Administración- OGA del Ministerio de Cultura. “Estando al alto cargo que ostentaba Lincoln Martin Matos Parodi como Director General de la Oficina de Administración- OGA del Ministerio de Cultura, cargo de confianza, y a la cercanía de personas ligadas al gobierno o altos funcionarios podría dificultar la presente investigación, tendría mayor posibilidad de poder evadir o coordinar con otros co imputados para obstruir las investigaciones”, explicó la fiscal en el documento judicial.

La fiscalía sostiene que, sobre Aura Elisa Quiñones Li -en su calidad Director de la Oficina de Administración (OGA) del Ministerio de Cultura- lejos de colaborar con las investigaciones ha solicitado su reprogramación, lo cual dificultaría las acciones de averiguación de la verdad.

“Realizándose un pronóstico en cuanto a la pena que se solicitaría ante una eventual acusación, esta se encontraría enmarcada en un rango de no menor de seis ni mayor de quince años por el delito de Colusión Agravada, por lo cual la pena necesariamente sería de carácter efectiva”, postuló la fiscal.

Sobre Liliana Margot Chaname Castillo, quien actuó en calidad Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, la fiscalía sostuvo que podría obstruir las investigaciones y eludir la justicia.

Recordó que, en una anterior diligencia de allanamiento dispuesta por su judicatura, “se dejó constancia mediante acta fiscal que, la imputada Liliana Margot Chaname Castillo, se habría retirado de la citada vivienda con dirección a la casa de otra familiar (tía). Acción que hace presumir que podría valerse de sus contactos para poder dificultar las acciones desprendidas como consecuencia de la presente investigación, no pudiéndose incautar su celular el cual podría contener información relevante para el caso”.

Mauricio Manuel Salas Torreblanca, indica la fiscalía, como Coordinador y Programador del Gran Teatro Municipaldel Ministerio de Cultura, habría desarrollado las “reuniones previas con el proveedor (Richard Cisneros)” y que por el alto cargo que ostentaba, podría procurar desaparecer evidencia o material probatorio para el esclarecimiento del caso o podría influenciar en los órganos de prueba en la presente investigación.

El abogado Carlos Rodas, defensa de Miriam Morales, en declaraciones a la prensa, cuestionó la forma en que se vienen usando los audios difundidos en el marco del caso Richard Cisneros.

“Vamos a empezar aclarando. Lo primero que tiene que hacer la fiscalía, con todo el respeto, es que tiene que empezar a ponerse de acuerdo y el contenido de los audios ¿es verdadero o falso? Si es verdadero que sea verdadero todo”, dijo.

César Nakazaki, quien asumió la defensa de Diana Tamashiro, aseveró que se no existe fundamento para la medida contra su patrocinada quien ha colaborado con las investigaciones. “Luego de revisar auto de detención preliminar, una vez más compruebo que se utiliza como medio de presión o pesca de “testigos”; pero no para lo que permite la ley”, sostuvo.

Explicó que, por ahora, solo son investigaciones y no hay cargos concretos; y que en el caso de su patrocinada debe explicar la contratación de Cisneros, no obstante precisó que debido al cargo de Tamashiro no habría tenido intervención en ello. “Los secretarios generales no participan en el procedimiento (de contratación)”, alegó.

En declaraciones a la prensa, Nakazaki sostuvo que cuestionó las medidas de bioseguridad aplicadas en el caso, debido a la pandemia mundial del COVID-19. “Espero que eso se haya corregido por la pandemia porque la jueza ha decidido darle detención preliminar a diez personas, entonces lo primero que se tiene que verificar es el tema de salud”, dijo.

El abogado Juan Badilla, defensa de Richard Cisneros, negó que exista peligro de fuga ya que “tiene domicilio conocido” y calificó de “incoherencia” la decisión judicial pues aseveró que su patrocinado ha colaborado con la fiscalía.

“Vive en Conde la Moncloa hace veinte años; sin embargo la fiscal ha un documento de la Sunarp, de un supuesto vehículo de mi patrocinado, en la que indica que él vive en el Rímac. Mi patrocinado nunca ha vivido en el Rímac”, dijo.

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