Cinco de los 14 congresistas que investiga el Ministerio Público en el caso de la presunta red criminal liderada por Patricia Benavides presentaron una denuncia constitucional contra la propia fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de las pesquisas, e incluso piden inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos.
La denuncia constitucional fue firmada por los congresistas Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay (hermano de María Cordero, quien acaba de ser suspendido por ‘mochasueldos’) e Ilich López.
A Delia Espinoza la acusan de presunto delito de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública, además de haber cometido infracción constitucional.
Los congresistas afirman que Espinoza, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, no tiene competencia para investigar a legisladores, atribución que le corresponde al fiscal de la Nación.
Específicamente, se refieren a la resolución en la cual la fiscal decidió incorporar a catorce congresistas en el caso contra Patricia Benavides por presuntamente haber negociado votos con la suspendida fiscal de la Nación, según el testimonio de Jaime Villanueva y la investigación preliminar que viene realizando.
Los congresistas consideran que la decisión tomada por el Ministerio Público para que Espinoza pueda asumir en su despacho este caso concreto es un acto administrativo que “vulnera el principio de legalidad” porque por Constitución solo el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, puede investigar a parlamentarios.
Cabe recordar que la fiscal a cargo del caso contra Patricia Benavides también ha incluido en las pesquisas a Vladimir Cerrón y al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, también mencionados por Villanueva en las supuestas negociaciones.