El Consejo Directivo del Congreso aprobó este martes 9 de agosto consultar al Pleno la aprobación del inicio de una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) por la “constante interferencia” del Poder Judicial en las atribuciones del Poder Legislativo.
A través de un comunicado, informó que la decisión se adoptó por 26 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones, a solicitud de la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano (Fuerza Popular), y luego de escuchar al procurador público de ese poder del Estado, Manuel Peña Tavera.
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El procurador del Congreso lamentó que algunos jueces cometan excesos en sus resoluciones judiciales, al referirse a la orden de suspensión provisional del procedimiento de elección del nuevo defensor del Pueblo, y a otras decisiones del Parlamento como es la aprobación de leyes.
Además, planteó interponer una denuncia penal por prevaricato contra el juez del Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Del mismo modo, presentará un recurso impugnatorio de apelación contra lo resuelto en la Resolución Nro. 02 del 3 de agosto y en la Resolución Nro. 03 del 8 de este mes. Además, se presentará un escrito complementario informando al órgano jurisdiccional de la inejecutabilidad de lo dispuesto en ambas resoluciones judiciales.
Finalmente, se procederá a la presentación de la ampliación de una queja funcional contra el magistrado John Javier Paredes Salas, en su condición de juez a cargo del despacho del Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
Como se recuerda, dicha instancia judicial ordenó a la nueva comisión especial encargada de elegir a los candidatos aptos para el cargo de defensor del Pueblo que suspenda nuevamente este proceso, como ya lo había dispuesto en junio de este año.
El juzgado consideró que la nueva comisión especial, conformada luego de que el Poder Judicial dispusiera detener el proceso por presuntos vicios, no cumple con requisitos mínimos que garanticen transparencia, pues solo se trata de una modificación en sus integrantes.
En esa línea, se dispone que la elección del nuevo defensor del Pueblo se suspenda de manera provisional hasta que culmine el proceso de amparo presentado por el sindicato de trabajadores de dicha entidad.
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