Fiscalía de la Nación amplía plazo de investigación contra Alejandro Soto: ¿Cuáles son los motivos?

A tres meses de haber iniciado una investigación preliminar en contra del presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por el presunto delito de concusión, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió ampliar el plazo de la pesquisa por 60 días más. Esto debido a que aún existe información que el Parlamento no le ha hecho llegar.

Soto es investigado, luego de que se revelara un conjunto de chats, a través de los cuales Phenelope Contreras Cabezas, trabajadora de su oficina, solicitaba a otros colaboradores dinero para solventar el pago de la publicidad en Facebook y otras redes sociales del parlamentario apepista.

“Phenelope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para la publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y octubre”, le escribió Sandra Rodríguez, principal asesora del hoy titular del Poder Legislativo, en el grupo que tenían el 27 de setiembre del 2022, según informó el programa “Cuarto Poder”.

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De acuerdo a la Biblioteca de Anuncios de la empresa Meta, Soto pagó para que 90 de sus publicaciones lleguen a un público más amplio.

La persona que realizó todas las transferencias, según la misma plataforma, fue Contreras Cabezas, quien hasta la fecha continúa laborando como “técnica” en la oficina congresal del integrante de Alianza para el Progreso con un sueldo de S/6.245. Esto a pesar de estar comprendida en la pesquisa en calidad de cómplice.

En la disposición N°02, del 16 de noviembre último, la fiscal de la Nación da cuenta que, en estos tres meses, su despacho ha recibido la declaración de 24 trabajadores y ex trabajadores de Soto en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso y su oficina, entre ellos Rodríguez y Eduardo Quezada Yepes.

Rodríguez Vargas y Quezada Yepes coordinaron que se realicen ataques desde la oficina del apepista a los parlamentarios Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) a través de cuentas falsas en redes sociales. Todos estos son representantes de Cusco, la misma región de la que proviene el actual titular del Poder Legislativo.

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Ambos fueron ascendidos y ahora trabajan como asesores en la Presidencia del Congreso. Rodríguez tiene un salario de S/13.415, mientras Quezada, S/10.975.

Fuentes de El Comercio indicaron que ninguno de ellos ha enfrentado procesos disciplinarios y administrativos por sus acciones.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, Benavides también indicó que interrogó a Soto y a Contreras Cabezas en calidad de investigados.

Las diligencias dispuestas

La fiscal de la Nación subraya que “es evidente que se han practicado hasta el momento una considerable cantidad de actos de investigación, entre declaraciones testimoniales de los trabajadores que laboraron” con Soto, así como la incorporación de información “relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

No obstante, “existen diligencias que pese a haber sido dispuestas, no ha sido posibles incorporarlas a la presente investigación”.

En ese sentido, el Ministerio Público le reiteró una solicitud hecha al Congreso, a fin de que informe “el estado actual de la denuncia realizada” por Soto en contra de Rodríguez, Contreras, Julio Castillo, Melisa Huamán y Edgar Gamarra, trabajadores y ex colaboradores de su oficina.

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Como parte de la ampliación de la investigación preliminar al apepista por 60 días, Benavides ha dispuesto un conjunto de nuevas diligencias. Una de ellas pedirle al Parlamento que remite la relación del personal de confianza que trabajó con el político cusqueño cuando este fue portavoz de la bancada de Alianza para el Progreso, entre julio de 2022 y julio de 2023.

También ha solicitado al Congreso entregar las planillas de remuneraciones de estos trabajadores, así como la “copia certificada” de sus hojas de vida.

La fiscal de la Nación, además, refirió que una vez que tengan identificadas a estas personas, se les citará para recibir su declaración testimonial.

El Ministerio Público reprogramó la declaración del periodista Carlos Alberto Aima Mesco- del programa “Jaque Mate”, de Cusco-para el 30 de noviembre a las 9:30 a.m.

A Aima Mesco, de acuerdo a los chats mostrados por “Cuarto Poder”, se le habrían realizado pagos desde la oficina de Soto “por concepto de publicidad”.

Al respecto, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo que cuando concluya esta ampliación serán casi 150 días de investigación preliminar contra Soto, lo cual consideró “excesivo”. “Una pesquisa que no se hace de forma rápida tiene a ser ineficaz y, por lo tanto, está dirigida al fracaso”, agregó.

En diálogo con El Comercio, Maldonado refirió que la Fiscalía de la Nación debería precisar si la investigación al presidente del Congreso es compleja o no.

“Este es un caso simple, de un solo delito, el plazo es excesivo […] Para mí, hay abundantes elementos para pasar a una investigación preparatoria. Los medios de comunicación han aportado con mucha información. La investigación que demora es la verdad que huye”, acotó el ex abogado del Estado.

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El abogado penalista Andy Carrión refirió que lo usual en una investigación preliminar es que las diligencias se pueden postergar o que incluso las defensas de los imputados realicen maniobras dilatorias, por lo que eso podría justificar la ampliación.

“En este caso, la fiscal ha señalado que necesita 60 días más, hay pesquisas donde se amplía por más tiempo, esta debería ser la única ampliación y luego tendría que evaluar si proceso el archivo o si está convencida de pasar a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria”, expresó a este Diario.

Carrión sostuvo que el Ministerio Público debe apuntar a precisar si el “aporte voluntario” de los trabajadores del congresista de APP para pagar la publicidad en sus redes sociales fue realmente así o “sí hubo algún tipo de presión o coacción” del político cusqueño.

“En otras denuncias en contra de los llamados ‘mocha sueldos’ algunos trabajadores decían que la entrega de dinero era voluntaria, pero luego se supo que no había sido sí, la fiscalía debe evaluar si el desprendimiento de los honorarios fue voluntario o si hubo presiones, eso es lo principal”, finalizó.

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