Malas relaciones: Desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso por leyes polémicas

En medio de la ronda de diálogo con actores sociales, el Ejecutivo decidió observar la norma aprobada por el Congreso que formaliza a los taxis colectivos. La decisión podría generar más revuelo en la alicaída relación entre ambos poderes.

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El presidente de la República tiene la facultad de observar las normas que el Parlamento apruebe. Esta figura sirve para el contrapeso, control y equilibrio de poderes, según explica el constitucionalista Víctor García Toma. Así como el Legislativo puede interpelar y censurar ministros, el Ejecutivo puede observar las normas que el pleno apruebe.

Hasta el momento, el Ejecutivo ha observado dos leyes de este Congreso y no publicó la norma del retiro de fondos de las AFP.

¿Se puede abusar de la observación de leyes? García Toma considera que sí, pero que eso no estaría pasando ahora, pues las normas “se están aprobando con precipitación, sin tener informes mixtos de varias comisiones y cayendo en populismos”.

La primera ley de este Congreso que Vizcarra observó fue la que suspende el pago de los peajes concesionados a empresas privadas a nivel nacional, casi un mes después de su aprobación. En el oficio que le enviaron a su presidente, Manuel Merino, se señalaba que modificar un contrato de concesión puede generar contingencias para el Estado, como el riesgo de ser sometidos a un arbitraje internacional.

Sin embargo, una semana después, el 8 de mayo, el Congreso aprobó la norma por insistencia y la publicó. La ministra de Economía, María Antonieta Alva, señaló que esta ley era “un subsidio encubierto a empresas de transporte”, y advirtió que el Estado iba a tener que pagar indemnizaciones. En respuesta, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, la cual acaba de ser admitida a trámite.

El segundo caso es sobre la formalización de los taxis colectivos en todo el país, excepto en Lima y Callao. Hace casi un mes, Vicente Zeballos había señalado que esta norma era contraproducente; y el ministro de Transportes, Carlos Lozada, la había calificado como “un retroceso”.

En el plano técnico, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, María Jara, indicó que esta norma limitaba los esfuerzos de algunas municipalidades por implementar un sistema integrado de transportes.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, había reconocido que la aprobación de esta norma no se dio en el momento más adecuado. Aún así, justificó la decisión del pleno señalando que era un proyecto que necesitaba segunda votación por haber sido aprobado en un periodo anterior.

Además, el Ejecutivo también cuestionó otra norma de este Parlamento: la que dispone el retiro del 25% de los fondos de las AFP. Una vez aprobada, el Gobierno no se pronunció: ni la publicó ni la observó, pese a que la habían cuestionado severamente.

El Congreso le remitió oficios a Vizcarra para instarlo a promulgarla, con el fin de que los trabajadores beneficiados puedan acceder a sus fondos. Cumplido el plazo que tenían, el Congreso la promulgó.

Otro enfrentamiento entre ambos poderes se dio a raíz del proyecto que planteaba el control concurrente de la contraloría durante la pandemia por el nuevo coronavirus. En este caso, la disputa estuvo en relación a los proyectos elaborados por el Ejecutivo y el Congreso, en la cual finalmente se impuso el primero.

En el Congreso hay otros dos temas calientes que podrían generar nuevos enfrentamientos: la ley que aprueba el nombramiento automático del personal de salud y el predictamen que plantea crear una comisión revisora de las decisiones de la Sunedu. El primero establece el nombramiento del personal que se encuentra contratado en la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), lo que implica incrementar el presupuesto.

El segundo de estos, aprobado por la Comisión de Educación, plantea que se cree el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (CONAU), integrado por un representante de este grupo parlamentario, un rector de las universidades públicas, uno de las privadas, un representante del Ministerio de Educación, un integrante del Poder Judicial y el defensor del Pueblo. En reiteradas ocasiones, Vizcarra ha defendido la labor de la Sunedu.

Conflictos por el Congreso disuelto

Durante el Congreso anterior, el Ejecutivo observó 58 normas aprobadas, de las cuales el pleno solo insistió en el 17% de los casos, como lo reportó este diario. Esta cifra fue más baja que el promedio de insistencias en los periodos de sus antecesores Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alan García.

El Congreso anterior dejó aprobadas algunas normas que no se promulgaron que generaron tensiones en este periodo. La primera de ellas fue la norma de protección policial, que le quita responsabilidad penal a los agentes del orden que lesione o mate a una persona dentro de sus funciones y “en forma reglamentaria”.

Como el Ejecutivo no se pronunció en el plazo reglamentario, el Congreso la promulgó. El presidente Vizcarra señaló que la autógrafa había sido observada pero que no se derivó al Parlamento, pues este había sido disuelto. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur había alertado que esta norma abría espacios para la impunidad.

En el periodo anterior, la Comisión de Constitución rechazó una propuesta hecha por el Ejecutivo para modificar la cantidad de votos necesarios para aprobar una norma por insistencia. La iniciativa consideraba que se requiera el voto de la mitad más uno del número legal de miembros del pleno, pero el grupo liderado por Rosa Bartra lo dejó de lado.

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