En términos de resultados, la bancada que ha tomado recientemente la delantera, y con gran ventaja, en la competencia populista en el Congreso es la de Alianza para el Progreso (APP). Fue la principal impulsora de la ley de nombramientos a granel y ascenso automático en el sistema de salud, que destruye toda meritocracia, dispara el gasto público en plena crisis y lleva a la quiebra a Essalud, que tendría este año un déficit de 2.500 millones de soles como consecuencia de la ley.
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Solo en esta institución los más de tres mil contratados por el régimen CAS de manera temporal para luchar contra la pandemia aspirarán ahora al nombramiento eterno, lo que de hecho ocurrirá con los más de diez mil restantes. Y en lo que se refiere al Minsa y las direcciones regionales, el costo fiscal sería cercano a cuatro mil millones, según el MEF, pues incluso se autoriza el paso de los administrativos al régimen de los sanitarios, que tiene más beneficios.
César Acuña habría sido persuadido de que, comprando a los 123 sindicatos de Essalud y a las 15 federaciones y 120 sindicatos del Minsa y otros tantos de las direcciones regionales, tiene más posibilidades de ganar la elección presidencial. Lo que no percibe o no le importa es que por meterse ilusamente al bolsillo a decenas de miles de trabajadores de la salud, perjudica a 26 millones de peruanos que sufrirán un empeoramiento del servicio. Pues lo más grave es que los miles de CAS ni siquiera pasarían al régimen de la Ley Servir, que es meritocrático, sino a la 728 u otros regímenes, que los convierten en dueños inamovibles de sus puestos, sin evaluaciones de desempeño ni nada. Así, no se les podrá exigir nada y antes bien tendrán libertad para salir más temprano a sus consultorios privados, consagrando el servicio público como coto de caza de pacientes incautos.
Es obvio que en esas condiciones será imposible aplicar una reforma del sistema de salud que realmente funcione, y que el propio Congreso quiere dar en 120 días. La que salga será una farsa. El Ejecutivo tiene que observar esta ley. Pero no solo observarla. El jefe del Gabinete y los ministros tienen que hacer campaña, reunirse con congresistas para persuadirlos de la inconveniencia de la ley a fin de que no insistan. La sociedad civil tiene que pronunciarse, pues la gran lección de esta pandemia es que tenemos que construir un servicio público de salud eficiente. El Consejo Fiscal tiene que advertir acerca de la bomba fiscal.
El primer ministro se ha reunido con presidentes o secretarios generales de los partidos, pero en esa reunión no se ha tocado el tema y Acuña ni siquiera participó. Lo que tiene que hacer es montar un mecanismo de trabajo conjunto con el Congreso y de coordinación política con las bancadas, porque en algunas de estas más peso tiene el vocero o algún asesor, que el presidente o secretario general del partido. La irresponsabilidad populista de disolver el Congreso sin buscar bancada propia en el nuevo Parlamento está trayendo graves consecuencias. A falta de fuerza propia, el Ejecutivo tiene que conversar mucho más. No hacerlo está costando demasiado caro.
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