Congreso aprueba informe que plantea acusación constitucional contra expresidente Pedro Castillo y Geiner Alvarado.
Congreso aprueba informe que plantea acusación constitucional contra expresidente Pedro Castillo y Geiner Alvarado.
Redacción EC

El pleno del Congreso de la República aprobó este jueves, 25 de mayo, el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente y exministro , entre otros, por el caso ‘organización criminal familiar’.

MIRA AQUÍ: AMLO: Pleno del Congreso declara “persona non grata” a presidente de México

El informe obtuvo 61 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones. Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, sustentó la acusación contra funcionarios y personajes ligados al gobierno del exmandatario Pedro Castillo, así como sus familiares.

De acuerdo con el informe, esta ‘organización criminal familiar’ habría estado encabezada por Castillo Terrones e integrada por su esposa, Lilia Paredes Navarro, y sus cuñados Yenifer, Walter y David Paredes Navarro. También la integrarían el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López; el exasesor del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salatiel Marrufo Alcántara; el exalcalde del distrito de Anguía, José Medina Guerrero, y el empresario Hugo Espino Lucana.

A Castillo Terrones se le acusará constitucionalmente por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Por los mismos cargos, será acusado Geiner Alvarado López.

El informe señalaba sobre presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión en determinadas localidades, en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal dirigida por el expresidente Pedro Castillo, exministros de Estado, entre otros.

LEE AQUÍ: Pedro Castillo y los nueve chips prepago encontrados en sus maletas el día del golpe de Estado

Se precisó que se habrían cometido delitos de corrupción en las obras de saneamiento financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín y otros; así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del decreto de urgencia N°102-2022.