Renzo Navarro, el hombre de confianza de George Forsyth que recibió más de S/100 mil de la Municipalidad de La Victoria

Unidad de Investigación

Durante su paso por La Victoria, George Forsyth tuvo como brazo derecho en la municipalidad a su amigo y socio en una empresa de seguridad, Renzo Navarro. El hombre de confianza del ahora candidato presidencial por el partido Victoria Nacional recibió más de S/100 mil de esa comuna por servicios como especialista en administración, en gestión y comunicación, pese a no tener estudios universitarios ni técnicos, ni tampoco experiencia en el sector público. Ahora Navarro es uno de los principales colaboradores de su campaña a la presidencia.

El Comercio accedió a todas las órdenes de servicio que la Municipalidad de La Victoria (MLV) suscribió con Navarro. En febrero del 2019, a un mes de haber asumido la alcaldía, Forsyth lo contrató como asesor de su despacho y le pagó S/16.000. Ese mismo mes, fue contratado por la Secretaría General como especialista en administración por 15 días y recibió S/8.000 más. Desde el inicio hasta el final de la gestión, fueron 12 contratos por un total de S/107.500.

Navarro, quien fue contratado como locador, recibió pagos entre S/4.500 y S/8.000 por mes, incluso más que los sueldos de los subgerentes que —según información de la entidad— ganan en promedio S/6.900.

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Amigos y socios

Forsyth y Navarro son amigos desde hace más de 20 años. Ninguno cuenta con estudios técnicos y superiores concluidos, pero juntos fundaron una empresa de seguridad: GRT Seguridad y Control. Navarro cursó estudios de Gestión de Recursos Humanos en la Universidad San Martín de Porres (USMP) solo hasta quinto ciclo. Tampoco terminó la carrera de Administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

En su curriculum vitae, además de la primera empresa, registra como experiencia laboral el cargo de “gerente general adjunto” en Inversiones FBG S.A.C., de propiedad de Forsyth, un gimnasio ubicado en el Jockey Club.

En el 2018, junto con el exarquero, intentó postular como teniente alcalde de La Victoria. Fue inscrito en la lista de Somos Perú, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente su candidatura, porque no pudo sustentar su domicilio en el distrito victoriano. En esa ocasión, Navarro acompañó a Forsyth en casi todas sus actividades y, según fuentes de este Diario, era quien lo apoyaba en la toma de decisiones como parte de su equipo de campaña. Esta vez, en las elecciones generales del 2021, repite la historia.

Los contratos

Las otras diez órdenes que la MLV pagó a Navarro consignan como área usuaria la alcaldía, es decir, fueron solicitadas exclusivamente por Forsyth. En marzo del 2019, requirió a su amigo como especialista en administración. Sus funciones fueron: organizar la agenda del alcalde, coordinar sus reuniones, mantener los directorios actualizados, redactar y formular “documentos diversos” y para el “registro en SISDOC”, según se detalla en el informe de locador. Por estos servicios, realizados en un mes, se le pagó S/8,000.

Los siguientes meses, su socio fue contratado como especialista en gestión, especialista en gestión de comunicación y asistente administrativo, a través de nueve órdenes de servicio de manera continua desde agosto del 2019 hasta setiembre del 2020, semanas antes de que Forsyth renunciara a la alcaldía.

Durante ese periodo, según los informes de locador revisados por El Comercio, se encargó de implementar proyectos para mejorar la atención al ciudadano en la Oficina de Gestión Documentaria, optimizar procesos técnicos y de contribuir a la mejora de “la gestión de procesos de Imagen institucional”. Por esos servicios, recibió montos por S/11.000, S/5.500, S/4.500, entre otros, que sumaron un total de S/67.500.

Si bien Navarro fue contratado bajo la modalidad de locación de servicios, para la designación de personas en un cargo similar, pero a través del régimen CAS, se exige contar con título universitario de abogado para laborar en la Secretaría General, e incluso título profesional y especialización en gestión municipal para la Alcaldía, tal como consta en el Manuel de Organización y Funciones (MOF) de la municipalidad.

Además, los profesionales contratados reciben S/3.000 como honorarios, lo que equivale a la mitad de lo que se le pagaba al amigo de Forsyth mensualmente por los servicios que brindó como locador.

Funcionarios clave

Sin la firma ni el sello del subgerente de Abastecimiento y Servicios Generales, las órdenes a Navarro hubiesen sido consideradas nulas. El exalcalde designó en ese puesto a Jimmy Olmedo, quien, para su cargo, no cumplía con tener el título profesional de abogado ni de administrador, ni la experiencia mínima de 4 años, requeridos por el MOF del municipio.

Además, durante su paso por la municipalidad de San Juan de Miraflores, la Contraloría General de la República le encontró a Olmedo presunta responsabilidad penal por dos procesos de contratación que se habrían realizado de forma irregular en dicho municipio, según consta en los informes N° 644-2018-CG\LICA y N° 010-2018-2-2182.

Olmedo también tiene tres procesos abiertos en la fiscalía por delitos cometidos por funcionarios públicos, concusión y peculado. Por este último caso, el Ministerio Público ya ha presentado acusación.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la MVL había advertido en abril del 2019, a través del informe N° 008-2019-OCI/2155-SVC, sobre su contratación así como la de otros funcionarios que Forsyth mantuvo en el cargo pese a las observaciones.

Uno de ellos es Gerardo Farfán, quien fue designado subgerente de Registro y Orientación al Contribuyente en abril del 2019. Tan solo tres meses antes, Farfán había suscrito el certificado de trabajo, a nombre de la empresa GRT Seguridad y Control —de propiedad de Forsyth— que Navarro presentó al municipio para sustentar que contaba con experiencia laboral en cargos administrativos.

Según ese documento, Farfán había tenido el cargo de jefe de Recursos Humanos en la empresa del exalcalde victoriano.

Este Diario contactó a Olmedo, quien aseguró que “hubo un tema que se va a aclarar, [pero] las órdenes están de acuerdo a ley”. Buscamos a Farfán en su domicilio consignado en el Reniec, pero en el lugar indicaron que no vive ahí.

Descargos

El Comercio también intentó comunicarse con George Forsyth; sin embargo, su asesora de prensa nos indicó que el exalcalde no daría declaraciones. En su representación, habló la exgerenta municipal de La Victoria Yanina Abanto, ahora integrante de su equipo de campaña, quien señaló que, al margen de la amistad con Forsyth y de la falta de estudios, Navarro “es una persona con mucha experiencia en el rubro de seguridad” y por eso fue requerido.

“Al margen del título profesional de una persona, se resalta la experiencia, esa visión de gestión que el sector privado te da en la cancha. [Se lo contrata] porque es un especialista en seguridad y el gran problema que encontramos en La Victoria era el tema de las mafias”, indicó a este Diario.

“Seguridad ciudadana es un tema técnico y es un problema de fondo, estructural. Teníamos que ver el enfoque de gestión desde la operatividad de los órganos de la municipalidad internos, porque tenemos que cuidar mucho y ordenar todos los procedimientos que él, al tener una empresa de seguridad que manejaba perfectamente bien, tenía todos los conocimientos”, agregó.

Al consultarle si la elaboración de la agenda del alcalde guardaba relación con temas de seguridad, Abanto aseguró que “la agenda de George la teníamos que manejar personas muy cercanas por las constantes amenazas” y que el tópico principal de las actividades era “el de seguridad”.

Este Diario intentó comunicarse con Renzo Navarro, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras reiteradas llamadas ni mensajes.

Un posible investigación penal

El exprocurador Yván Montoya consideró que “un fiscal podría abrir investigación preliminar” para indagar presuntos hechos delictivos. “[Pareciera] que se hubieran contratado a muchas personas para condicionar esta facilitación de la contratación y pagos. Entonces uno podría hablar similar al caso de Vizcarra y Swing, desde un tráfico de influencias, en el que —en este caso— un alcalde habría incidido en autoridades que ha designado antes para que lo contraten y acepten los informes para los pagos que tenga que hacer […] hasta una posible negociación incompatible”, sostuvo.

En diálogo con El Comercio, indicó que también “está en juego evaluar si el Código de Ética, tipificado en la Ley 27815, se ha infringido, sobre todo el principio de neutralidad y la prohibición de mantener situaciones de conflicto”.

“La evaluación sobre el cumplimiento del perfil para poder designar a alguien entra en conflicto cuando interviene un sujeto con el que uno mantiene una amistad cercana [...] Y la neutralidad igualmente, porque si él mismo requirió una orden de servicio a alguien que conoce y que sería su amigo, ¿dónde está la objetividad?”, señaló.

Además, advirtió que, si bien para los contratos en la modalidad de locación de servicios no se exige cumplir estrictamente los requisitos del MOF, estos sí deben servir como referencia para los procesos.

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