El gabinete de la cajita azul, una crónica de Fernando Vivas

La semana pasada, en nuestra crónica “El gabinete de la inseguridad”, contamos que los cambios eran inminentes, que respetarían las carteras que habían sido designadas tras consultas o, si no las hubo, tras cálculos para contentar a partidos o sectores empresariales; y que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, había sido uno de los que ayudaron a la presidenta a tomar decisiones lo más técnicas y dúctiles posible. Hablamos de fricciones entre Arana y el primer ministro Gustavo Adrianzén, pero este último está tan mimetizado con las necesidades de Boluarte, que pensar en sacarlo hubiera sido inútil y traumático. No es tan complicado encontrar técnicos dispuestos a ser ministros en su especialidad, pero sí lo es fichar a un primer ministro con muñeca política sin que ponga condiciones de independencia de criterio que Dina no estaría dispuesta a cumplir, pues tampoco querrá regresar –ahora que se ronronea con el eco de las portátiles- a ser apantallada por un nuevo Alberto Otárola. Gustavo le cumple.

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Se quedó Adrianzén y se quedó también José Arista, el ministro de Economía que aparecía en listas de probables trocados difundidas en algunos medios. Sucede que en torno al MEF hay tantas presiones y ansias que las fuentes de esas listas hablaron por ellas. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), me dijo con ironía, en una entrevista, que los que apuntan contra Arista no son los que critican que no haga caso a las recomendaciones prudentes del CF, sino los que le exigen que las desaire más. Igual que con Adrianzén, tampoco sería fácil encontrar un MEF experimentado y flexible para el momento que vivimos.

Por supuesto, se quedó Juan José Santiváñez del Interior, el más polémico del lote pues cumple un rol político fundamental alentando al Congreso a legislar contra las facultades del Ministerio Público que investiga a los Boluarte (a la presidenta y a su hermano Nicanor) ese ente que es el principal ‘desestabilizador’ del gobierno a ojos del Gabinete Adrianzén. Y se quedó también Ángel Manero de Agricultura, quien a pesar de sus declaraciones en mofa contra el hambre en el Perú, cuenta con el beneplácito del empresariado agroexportador, tanto como el ministro Rómulo Mucho cuenta con el de los gremios mineros.

Por lo tanto, si quería y tenía que hacer un cambio para cumplir con el mito nacional del ‘refresh’ ministerial (idea rayana en el absurdo antitécnico de que los cambios de ministros son recomendables per se, más allá de los ajustes indispensables por escándalos o ineficiencia); debía podar a un par que al menos en el pasado gozaron de su confianza. Es decir, si no quería tocar las cuotas ajenas, no tenía más remedio que tocar la suya.

El caso de Hania Pérez de Cuéllar, la ministra que en algún momento fue su mejor escudera y desarrolló un filo político propio, fue más súbito de lo que se imaginan. Según me contaron fuentes que la conocen bien; la ministra llamó el lunes en la noche a la presidenta para tocarle puntos de su agenda, entre ellos, la obra de agua y saneamiento para Juliaca, la más ambiciosa de su sector. La presidenta le respondió a primera hora en la mañana del martes, conversaron de los temas previstos, y no le dijo que ya no sería ministra. Se enteró alrededor de la 9a.m. cuando acudió a Palacio a un llamado de Adrianzén, quien le pidió la renuncia. En ese trance se cruzó con González Olaechea quien también acudió a similar llamado. Podemos presumir, por lo tanto, que el ex canciller no fue enterado al mediodía cuando fue a la ceremonia sino unas horas antes. Si difundió su carta y le puso la hora 12:15 fue, muy probablemente, para delatar que su salida no fue cordialmente convenida.

De alguna manera, el ex canciller ya había dejado constancia de su incómoda independencia en el gobierno, y de sus ambiciones políticas, al negociar su afiliación al PPC antes del 12 de julio, cuando se venció el plazo de inscripción para quienes buscan estar en planchas presidenciales. Una fuente del gabinete me dijo que el ex canciller ya había conversado con la presidenta sobre su afiliación (Carlos Neuhaus, presidente del PPC, también me contó que JGO dijo a la dirigencia del partido que informaría a Dina). Sin embargo, mi fuente no cree que ello pesara tanto en su salida, a pesar de que cuando se hizo público que Juan José Santiváñez se había afiliado al partido Progresemos, recibió una señal que provocó que se desafiliara al día siguiente. Más habrían pesado, en la salida de JGO, una serie de incidencias que arquearon las cejas de Dina y fruncieron las de Adrianzén más de lo usual. Sucedió más de una vez, según mis fuentes, que se enteraran inopinadamente de que estaba de viaje o de que había dado un discurso que incomodó a algún embajador, como el de Canadá o Francia. Su intervención de media hora en la OEA expuso a la política exterior peruana de un modo que incomodó en Palacio y que obligó al gobierno a seguir su marcha, como, por ejemplo, cuando declaró que Perú reconocía a Edmundo González. Adrianzén ha aclarado que no hay una posición oficial peruana al respecto y ello forma confirma lo que me han dicho fuentes diplomáticas de alto nivel, sobre la necesidad de proteger a alrededor de 100 mil peruanos en Venezuela y un millón y medio de venezolanos en el Perú, ahora más vulnerables tras la abrupta ruptura de relaciones con la que respondió Maduro. Para reemplazar a JGO se eligió a un embajador de carrera, Elmer Schialer, en quien ya se había pensado cuando se le pidió la renuncia a Ana Cecilia Gervasi, de quien era su secretario general. Aquella vez, el fujimorista Alejandro Aguinaga recomendó públicamente que lo ficharan; pero Otárola buscó fuera del servicio diplomático y propuso a JGO.

Hania Pérez de Cuéllar reaccionó de otra forma. Prefirió no ver a la presidenta que le había ocultado la verdad cuando habló con ella horas antes ¿Y por qué salió? Fuentes de Palacio me dicen que ya estaba agotada de bregar desde el comienzo del gobierno; pero fuentes cercanas a ella me dicen que el año y medio que llevaba en el cargo ha enfrentado demasiados pedidos y presiones de obras pequeñas y grandes, mientras su prioridad no eran estas sino la mejora del servicio de agua y saneamiento. A mediados de junio, se reveló que la ex ministra había sostenido más de una reunión con Harvey Colchado en el 2023. Al día siguiente, ella admitió las reuniones y dijo que el motivo había sido que la Diviac la ayudara a detectar la red de corrupción heredada de la gestión de Geiner Alvarado y de la influencia que allí tuvo Sada Goray. También contó que Dina estaba advertida de las reuniones. Aunque mis fuentes me dicen que esas visitas a la Diviac o fueron determinantes, sí es cierto que a partir de esas revelaciones se percibió cierta lejanía de la ministra respecto de la presidenta y de la defensa de esta en los medios. La desconfianza o la displicencia o una mezcla de ambas se consumó el martes cuando Dina no pudo decirle con su propia voz que sería cambiada. Tampoco le contó que su reemplazo sería Durich Whittembury, un funcionario que Pérez de Cuéllar encontró en Vivienda o cuya salida ella apuró. Estuvo trabajando en la Municipalidad de Surco con Carlos Bruce (fue su secretario general cuando ‘Techito’ fue ministro del sector) hasta que fue fichado el martes pasado.

No he podido recabar mayor relato sobre Leslie Urteaga, pero cito un comentario de una fuente de Palacio, que permite intuir que la fobia ‘anti caviar´ también está instalada en la Plaza de Armas. Pues me contaron que hubo críticas y murmullos desaprobatorios hacia Urteaga cuando la vieron exponerse a una pifia en la inauguración del Festival de Cine de la PUCP. Su visita a un terreno tan hostil al gobierno, sin prever el abucheo, fue percibida como una torpeza, sino inmerecida concesión al progresismo. Y así, entre el mito del ‘refresh’, descortesías, ambiciones cortadas con saña, fobias abiertas y simpatías ocultas, tenemos cuatro nuevas cajitas azules.