“Estoy convencida de que esos 4 millones [de Sada Goray] son la punta del iceberg”

En su diálogo con este Diario, la actual titular de Vivienda y Saneamiento da cuenta de lo hallado en sus primeros meses en este ministerio en relación con la tesis fiscal de que en ese sector se desplegó uno de los brazos de la presunta red criminal liderada por el exmandatario. Además, comenta las acciones ante aparentes irregularidades encontradas en el ministerio y responde por algunos de los temas que han causado mayores críticas al gobierno del que forma parte.

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Para la fiscalía, durante el gobierno de Pedro Castillo el Ministerio de Vivienda buscó ser copado por una red criminal. ¿Cómo encontró el sector al momento de iniciar su gestión?

Nosotros llegamos el 10 de diciembre y, de la información que pudimos levantar, pudimos rápidamente identificar que había 230 obras paralizadas, por diferentes razones. Lo que buscamos, en primera instancia, fue entender por qué estaban paralizadas y a medida que hemos ido investigando y escarbando, nos hemos dado cuenta que muchas de ellas fueron paralizadas por algunos incumplimientos, problemas de gestión, que hoy por hoy, estarían algunos de ellos derivados de temas de corrupción

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Uno de los modus operandi de la corrupción es que inician las obras, cobran los adelantos, cobran los primeros desembolsos de las obras y luego las dejan paralizadas. Es parte de lo que estamos viendo a nivel nacional, no solo en el ministerio. Luego surge muy pronto los del Fondo Mi Vivienda, que es adscrito al ministerio. Vimos lo que había sucedido, se mandó a hacer un informe rápidamente y vimos la magnitud del copamiento que hubo.

A medida que hemos ido avanzando en estos meses nos hemos podido dar cuenta de que hay proyectos que se gestaron en el periodo anterior, que han ido evolucionando y que están mostrando serios indicios de irregularidades. Lo que nos llamó profundamente la atención es que era muy difícil acceder a información. La gente estaba muy temerosa de brindar información, había mucho miedo a firmar, a transparentar cómo se hacían las cosas, los grupos funcionaban de manera muy dividida. Ese es un estilo de trabajo donde lo que se busca es compartimentar la información porque así no pueden direccionarla. Ha habido mucho temor, mucha resistencia a transparentar información.

Nosotros hemos llegado a un punto de pensar que aparentemente las estarían paralizando a propósito. Hay todavía algunas cosas que nos toca terminar de identificar, pero yo en su momento señalé que encontramos el ministerio en ruina moral. Y lo vuelvo a señalar. Había y hay muchos funcionarios probos que en su momento estuvieron con miedo. Eso se está trabajando, estamos generando mayores sinergias y trabajo colaborativo.

¿Qué tipo de irregularidades se han encontrado?

Todas están relacionadas a procesos de licitación, a presuntos direccionamientos. Se manipulan los términos de referencia, no se integran bien las bases, no hay una supervisión permanente y detallada de las obras que financiamos […] Hay diferentes formas de operar. Hemos también descubierto que los propios funcionarios contratan a proveedores donde habría familiares de ellos. Otro modus operandi es que cuando hay que hacer un arbitraje vamos a un centro de arbitraje que no tienen las competencias de hacerlo. Hay diferentes modalidades, pero todas están relacionadas a las obras de licitación, que es la razón de ser del ministerio.

¿Todo eso ya se ha reportado a la fiscalía?

Muchos de ellos han sido identificados por la procuraduría. Esto no solo data de esta gestión. Hasta el momento tenemos 90 procesos derivados o que incluyen corrupción de funcionarios, que están actualmente investigándose, desde el 2016 al 2023. Hoy están en manos de la procuradura. De esos 90, cuatro son del 2023. Son proyectos que hemos heredado de la gestión anterior.

La tesis fiscal es que la presunta organización criminal de Pedro Castillo buscó copar con funcionarios el Ministerio de Vivienda. ¿Han podido revisar la designación de puestos de confianza en la gestión de Geiner Alvarado?

Cuando entramos ya había pasado un ministro posterior [a Geiner Alvarado], el ministro César Paniagua. Él hizo un primer barrido. Por el tiempo, no sé cuan profundo llegó, pero sí hubo cambios. Hasta el día de hoy tenemos a funcionarios en la época del sr. Geiner Alvarado. Algunos de los cuales hemos verificado y sí cumplen con el perfil, sí son técnicos. Hay otro gran bloque que son CAS permanente y no se les puede remover. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que los comités de selección se constituyeron con funcionarios del propio ministerio alrededor de junio del 2022, en la época de Geiner Alvarado, justamente para que llevaran los procesos que están hoy en el portafolio. Uno de ellos es el que hemos denunciado hace unos días.

Hemos notado que hay funcionarios que integran diferentes comités, eso es normal, lo qe pasa es que los miembros de este comité, que están siendo cuestionados, forman parte de otros comités. Por lógica, asumiríamos, aunque eso lo debe determinar la fiscalía, que estas mismas personas que habrían operado en este comité podrían haber estado operando de la misma forma en otros procesos. Ahorita tenemos cuatro procesos en curso que para nosotros podrían estar involucrado en temas de corrupción. Son cuatro proyectos y ocho procesos: cuatro para la selección del contratista y cuatro para la del supervisor. Todos vinculados a esta gestión.

¿En qué consiste la presunta irregularidad que denunciaron esta semana en uno de esos proyectos?

Nosotros hicimos una solicitud de nulidad basada en una primera información, producto de una denuncia anónima. A raíz de que se otorga una buena pro yo voy a Piura. Según la ley, hay unos días donde se tiene que llevar a cabo ciertos procedimientos administrativos, donde hay opción a apelación, hasta que finalmente se firma al contrato. Cuando voy a Piura en marzo y anunciamos la buena pro, días después llega una denuncia diciendo que había habido irregularidades.

El equipo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) elabora una demanda de nulidad sobre la base de esta denuncia que estipulaba que no se habían integrado correctamente las bases. Al no integrarse correctamente las bases, se supone que habría habido un favorecimiento a uno u otro postor, ya que no todos van a tener la igualdad de información. Si no accedemos a la misma información, no podemos hacer propuesta con toda la información. Aparentemente, esta no integración de las bases es uno de los modus operandi: no integro las bases correctamente, el SEACE no las puedo colgar y por lo bajo sí le doy toda la información al candidato ya estipulado.

En paralelo, la OCI levanta un informe donde ve nuevas irregularidades. La Secretaría de Integridad, actividad por nosotros, y ve nuevos indicios. Los adjuntamos a la demanda de nulidad para que el tribunal pueda tomar una decisión. Esto escala al tribunal porque cuando emitimos la demanda de nulidad, la empresa apela y paga la caución que es aproximadamente 1 millón y medio de soles […] Los informes adicionales señalan que los miembros del comité habrían tenido un doble criterio para calificar a los postores, favoreciendo a unos sobre otros. Sobre la base de toda esta demanda el tribunal declara nula nuestra demanda de nulidad, lo cual abre un espacio para que esta empresa pueda poner una demanda para que se otorgue la buena pro, pero también nos encarga que establezcamos una nueva demanda de nulidad. Lo que vamos a hacer es una nueva demanda de nulidad, que puede ser apelada o no por la empresa.

¿Y qué pasará con los funcionarios involucrados?

El comité de selección se disuelve, dejó de funcionar una vez que seleccionó la buena pro. Lo que se ha hecho es abrirles un procedimiento administrativo por los indicios que tenemos. La secretaría de Integridad y la Procuraduría está haciendo lo propio para iniciar estos procedimientos. Además, toda esta información ha sido levantada por la fiscalía. Son funcionarios que estaban durante la gestión de Geiner Alvarado, algunos nombrados por él y otros venían desde antes. El delito es individual, ojo, no podemos decir que todos los miembros del comité han obrado mal, eso lo tendrá que esclarecer la fiscalía. Sí tenemos identificados a tres que habrían estado cometiendo actos irregulares, en colaboración con otros funcionarios del PNSU que no eran parte del comité, pero que trabajaban de manera articulada […]

¿Qué empresas integraban este consorcio?

Hay una empresa china que se llama Tiesiju, la otra es JPC Ingenieros. Esta empresa Tiesiju es subsidiaria de China Railway 10, vinculada al tema de Pedro Castillo. El consorcio es Piura Castilla. Ya lo hemos visto: las empresas chinas formas consorcios con empresas locales.

¿Han identificado si hay contratos de otras empresas chinas con el Ministerio de Vivienda?

Hemos identificado aproximadamente trece. Esa información la hemos entregado a la comisión investigadora de empresas chinas que se está manejando en el Congreso. Son siempre las mismas empresas que están en el MTC, Vivienda, Salud.

El otro caso ligado a su sector es el que involucra a Sada Goray, Salatiel Marrufo y Mauricio Fernandini, donde se habla de pagos para nombrar a funcionarios en el Fondo Mi Vivienda. ¿Los funcionarios que habrían sido nombrados de esa forma seguían al momento que inició su gestión?

Ya habían sido cambiados en la gestión de Paniagua. Sin embargo, hemos vuelto a cambiar a todo el directorio y la plana dirigencial, tomando medidas como poniéndole candados administrativos a ciertas contrataciones. Estamos trabajando en un relanzamiento de los productos del Fondo Mi Vivienda, trabajando en normas anticorrupción. También se están investigando otros fideicomisos. Lo de Sada Goray se refiere a un fideicomiso en específico, pero la hipótesis es que no fue el único, se podrían haber infiltrado otros fideicomisos.

¿Qué pasará con los proyectos que tiene o tenía Marka Group?

Con Fondo Mi Vivienda tenía seis proyectos inmobiliarios enmarcados en fideicomiso: Barranca Bonita, Alto Larán en Ica, Piura Bonita, Lima Bonita en San Bartolo, Chiclayo Bonito y Praderas de Cacatachi en San Martín. De estos, el más avanzado era el de Lima Bonita. Lo que está haciendo la dirección del Fondo Mi Vivienda es que va a hacer con cada uno de ellos [..] En el caso de Lima Bonita, estamos evaluando la posibilidad de que haya un cambio de promotor para que pueda terminar la obra y no pueda dejar desamparados a los beneficiarios. Los aportes y los ahorros están garantizados, no van a perder esos fondos, pero hay que ir más allá, tenemos que garantizar la opción de que tengan una vivienda digna.

Y como ministra, qué sensación le deja escuchar o leer estas confesiones sobre pagos para poner a funcionarios en el sector que hoy dirige

Me da asco. Me indigna. ¿Cómo es posible que corruptos estén jugando con las expectativas de la gente, con los ahorros de las personas y con el dinero público? En el Perú, el tener la casa propia es el sueño de cientos de miles de personas. No solamente es un proyecto más, es muchos casos es un proyecto de vida […] En el caso del agua, la indignación es mayor. Que estas obras de agua y saneamiento se vean ensuciada con temas de corrupción es indignante. Cuando uno conversa con los dirigentes y los ves llorar, te dicen que hace 15 o 20 años están esperando este proyecto, y tienes a tres o cuatro hampones que se aprovechan de eso, es realmente indignante. No lo digo como ministra, lo digo como ciudadana.

¿Le parece verosímil pensar que lo del Fondo Mi Vivienda, que involucraba al exjefe del gabinete de asesores del exministro, haya ocurrido sin que él lo sepa?

No, imposible. Como también estoy convencida de que esos 4 millones [de Sada Goray] son la punta del iceberg. Que ella haya pagado cuatro millones para poner a gente es parte de todo el andamiaje. Ella se ha beneficiado no solo poniendo a estas personas, porque a partir de ahí se han tomado decisiones que la están beneficiado. Te aseguro que su inversión ha sido altamente rentable. Esos 4 millones, para mí, son la punta del iceberg. Hay que deducir cuánto invirtió ella y cuánto estimaba recibir, te aseguro que es bastante más grande la suma. Uno no se arriesga de esa manera, para invertir 4 millones para recibir 4 millones de vuelta, ni 5. Seguramente ha tenido que duplicar o triplicar el monto.

Por lo que me dice, ¿usted está convencida, como postula la fiscalía, que una red criminal se instaló en este sector?

Yo estoy convencida, personalmente, por lo que yo veo y deduzco. Habrá que terminar de probarlo. Fondo Mi Vivienda es una institución adscrita al ministerio. Pero si han hecho esto ahí, ¿por qué no lo habrían hecho en programas como el PNSU que sí dependen directamente del ministerio? Han cambiado a las cabezas de Fondo Mi Vivienda, han contratado a las personas específicos en ciertos puestos claves. Si se han dado el trabajo de hacerlo ahí, por qué no en el PNSU, en el PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural). Mi olfato me dice que sí [operó una red criminal], los indicios me revelan que sí. Le corresponde a la fiscalía determinarlo, encontrar los culpables y los tipos de delitos cometidos.

¿Qué opina sobre la ‘Ley Mordaza’ que todavía se impulsa en el Congreso? ¿Se ha hablado en el Consejo de Ministros sobre la posibilidad de observarla si es aprobada?

Estoy en contra. Soy una demócrata. […] Que yo recuerde, no se ha discutido abiertamente en el Consejo de Ministros, pero el premier también ha dicho lo propio. Creo que cuando este llegue, vamos a encontrar el consenso. Todos los ministros, y la presidenta a la cabeza, somos respetuosos de la libertad de prensa. Una prueba de ello es que muchas veces nos han criticado seria y severamente, y en todo momento hemos sido respetuosos de la libertad de prensa. Cualquier ley o tentativa de coaccionar la libertad de prensa creo que va a ser respondida con un categórico rechazo de parte del gobierno. Eso no significa que no pidamos, o yo pida, respeto a los medios de comunicación. Tiene un rol fiscalizar, sin duda, que en mi caso yo agradezco porque nos ayudan a levantar denuncias que no logramos identificar, pero sí creo que todo se tiene que hacer con respeto profesional, sin prejuzgar y siendo lo más objetivo posible.

En todo caso, personalmente, ¿usted estaría a favor de la observación?

Personalmente, sí. Sin embargo, estas decisiones también se discuten, se conversan, como parte del colegiado. Yo confío en que no se va a aprobar en el Congreso y no va a tener que llegar al Ejecutivo.

Hablando de libertad de prensa, ¿le parece apropiado que la presidenta haya nombrado a quien era su directora de comunicación e imagen como presidenta del IRTP?

Creo que la señora [Ninoska] Chandía es una profesional, cumple los requisitos, el perfil que el cargo amerita. Creo que hay que darle la oportunidad. Se le ha dado la confianza y así como a todos los ministros se nos da la confianza, también se nos la retira si es que no cumplimos con las funciones que tenemos a cargo. En este caso, creo que no ha habido nada ilegal en este nombramiento, es una profesional. Lo que toca es evaluar su desempeñó, ver si está cumpliendo con el mandato que tiene y cómo va. Estoy seguro que en función de ello de tomará, en su momento, la decisión de mantenerla o removerla.

¿Pero no ve un riesgo de que la cobertura que ella supervisa como directora pase a centrase solo en lo sea favorable al gobierno?

No lo creo. No creo que haya sido tampoco la intención de ello. Si bien el IRTP es un medio de comunicación, es el medio de comunicación del Estado, no es el medio de comunicación del gobierno. Creo que como gobierno demócrata que somos, tenemos que respetar que esta es una institución del Estado, no del gobierno de la señora Dina Boluarte. Bajo ese esquema, estoy segura de que se va a respetar la pluralidad y no se va a utilizar esos medios para hacer proselitismo.

¿La relación de Gusto Petro y AMLO con la presidenta Dina Boluarte puede perjudicar las relaciones comerciales con Colombia y México?

Una cosa son los temas políticos y otra, los temas personales. Felizmente, en la mayoría de los casos, los empresarios son mucho más pragmáticos de lo que sus propios presidentes pueden pensar. Por lo que entiendo y conozco, gran parte del sector empresarial mexicano está en contra de lo que opina su presidente. Pasa lo mismo con ciertos grupos de empresarios colombianos. Es lamentable lo que está sucediendo. Primero porque socaban las relaciones bilaterales que hubo siempre con Colombia y México. Y segundo porque, a mi juicio, demuestra lo frágiles que son esas democracias. El señor López está siendo fuertemente criticado por esas declaraciones, no solo por los propios mexicano sino ya por la comunidad internacional. Y el señor Petro también tiene serios problemas de gobernanza a la interna. Creo que es momento de que se concentren en cómo resolver sus propios problemas, que ponen en jaque sus democracias, en vez de estar cuestionando lo que sucede en otros países. Hay un discurso ideologizado que no le hace bien a su propia población.

Esta semana la presidenta declarará ante la fiscalía sobre las muertes en las protestas contra su gobierno. ¿No cree que la falta de responsables penales y políticos sobre la muerte de 60 peruanos también afecta la imagen del país?

Se ha hablado mucho del tema de las muertes, pero también creo que se ha construido una narrativa en torno a este tema. Yo formo parte del gabinete desde el día uno y hemos discutido sobre este tema en el Consejo de Ministros. Nos han dolido cada una de estas muertes, nos siguen doliendo. Pero quiero ser clara: no es este gobierno el que origina estas muertes o lleva las manifestaciones a tal punto que termina muriendo hermanos y hermanas muertes. Con esto quiero decir que somos conscientes del inmenso dolor que esto ha causado a las familias, y como nación también, pero también de que las manifestaciones han sido violentas, incluso agrediendo activos nacionales críticos, cosa que en otros países son considerado actos terroristas. Tomar por asalto un aeropuerto es en otros países y en la legislación internacional un acto terrorista. Creo que debemos ser muy conscientes, esperar que sea la fiscalía quien determine e individualice las responsabilidades. Quisiera, como peruana, que estas investigaciones se hagan lo más pronto posible y se puedan individualizar las responsabilidades […] El gobierno ha tomado decisiones de acompañar, de brindar apoyo a las familias de los deudos, justamente porque somos sensibles a estas pérdidas. Y hay pérdidas que se han dado de manera indirecta porque hubo bloqueos de carreteras y niños murieron porque no pudieron llegar a un hospital…

¿No reconocen excesos de parte de las fuerzas del orden? Hay videos que muestran a manifestantes que fueron disparados, el video donde se dispara con una bomba lacrimógena a un ciudadano en el Centro de Lima…

Yo creo que eso lo tiene que determinar la fiscalía. Y se tomarán las medidas sancionadoras correspondientes frente a lo que pueda determinar la fiscalía, el Poder Judicial intervendrá como corresponda.

¿Sea quien sea el responsable?

Sea quien sea el responsable. Las responsabilidades son individuales. El juicio político ya está instalado y seguramente vendrá después otra vez en función de lo que surja, pero eso hoy está en manos de la fiscalía. El gobierno ha actuado, ha entregado toda la información, ha estado mostrándose colaborativo frente a estas investigaciones y seguimos colaborando en la medida que la fiscalía pida mayor información. Eso ya está encaminado. Tenemos que seguir avanzando en la agenda de desarrollo, justamente para evitar que situaciones de violencia como estas se vuelvan a originar. Hay un fondo y un trasfondo social, de injusticia social, que ha llevado a la gente a manifestar. Eso es evidente y somos los primeros conscientes de eso. Lo que tenemos que hacer como gobierno es trabajar para cerrar esas injusticias, cerras esas brechas. Solo así vamos a conseguir paz y fortalecer nuestra democracia.