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“Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia, antes que el amiguismo para los ascensos”, fueron las palabras de Pedro Castillo en su primer discurso como presidente, el pasado 28 de julio. Menos de cuatro meses después, el gobierno atraviesa una nueva crisis que causó la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala, generada por las denuncias de los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro. Según los militares, pasados a retiro en los primeros días de noviembre, recibieron presiones del Ejecutivo para ascender a generales que no cumplían con el cuadro de méritos.
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El proceso de ascensos y pases a retiros se realiza de manera anual y el número de vacantes depende de las necesidades de las instituciones castrenses. Este, sin embargo, no siempre está libre de cuestionamientos.
“Desde antaño, los gobiernos hacen las llamadas ‘podas’ o ‘purgas’ en las FF. AA. para poner al frente a personal más cercano al proyecto político. Siempre hay esa propensión, sobre todo cuando no tienen partido ni cuadros”, señala Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia y analista en temas de Defensa.
En las últimas 4 décadas, no han faltado en el Perú los casos controvertidos. Luego de la cooptación que existió durante el gobierno fujimorista –15 compañeros de promoción de Vladimiro Montesinos llegaron a ser generales de división en el Ejército–, la suspicacia de la injerencia política en las decisiones de los institutos castrenses han sido una constante (ver tabla “Ascensos que generaron polémica”).
En la gestión de Alejandro Toledo, una serie de ascensos promovidos desde el Ejecutivo generaron la renuncia del entonces comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Aurelio Denegri. El caso más polémico fue el del piloto del avión presidencial Luis Alfredo Muñoz Vignes, quien fue ascendido al grado de mayor general de la institución. Denegri dejó el cargo ante lo que consideró un proceso irregular. “Al piloto del presidente no le correspondía ascender”, dijo entones.
En aquel entonces renunció también el comandante general del Ejército, José Graham. Tanto este como Denegri acudieron a la Comisión de Defensa del Congreso y reiteraron que el gobierno impuso los ascensos sin respetar las normas que regulan las promociones castrenses. Según denunciaron, cuatro oficiales que no estaban en el cuadro de méritos fueron incluidos en la lista de ascensos.
Durante el mandato de Alan García, Carlos Zárate Cáceres, pareja de la segunda vicepresidenta Lourdes Mendoza del Solar, fue ascendido al grado de contraalmirante de la Marina de Guerra. Según denuncio el programa “La ventana indiscreta”, el capitán había pasado en el orden de méritos del puesto 14 al puesto 2, lo que permitió su subida. El gobierno negó haber tenido injerencia en el hecho.
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Dos años más tarde, García mismo pidió a la Marina el ascenso del vicealmirante Mario Caballero Ferioli, cuando no le correspondía. La Junta de Vicealmirantes, sin embargo, rechazó la solicitud.
Antes del actual gobierno, la polémica más reciente en relación a una posible injerencia del Ejecutivo en las FF. AA. ocurrió en la gestión de Ollanta Humala. Durante esta, se promulgó el decreto supremo 009-2013, el cual permitió el ascenso de los generales de brigada a división sin que hayan sido de generales de brigada por cinco años. Dicha modificación a la normativa sobre de ascensos favoreció a miembros de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, a la que pertenecía el presidente nacionalista.
Así, en el 2016, Manuel Rodríguez Luna Victoria, Próspero Díaz Arrué, Augusto Villarroel Rossi y Manuel Gómez de la Torre, todos compañeros de promoción de Humala, fueron ascendidos al grado de general de división del Ejército, el grado máximo en la institución. El único que tenía cinco años como general de brigada era Gómez de la Torre.
Como consecuencia de las distintas denuncias realizadas por los mismos miembros de las FF. AA., durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el ministerio de Defensa convocó a un grupo de trabajo liderado por el fallecido constitucionalista Enrique Bernales para que evalúe los procesos de ascensos y pases a retiro de los oficiales castrenses en el periodo 2012-2016.
El informe de la comisión concluyó que durante el mandato humalista se evidenció “una inaceptable intervención política del expresidente Ollanta Humala, puesto que durante su periodo de gobierno transgredió el sistema jerárquico normativo para favorecer el ascenso de oficiales del Ejército de las promociones 85 y 86, en perjuicio de oficiales que con posterioridad a los procesos respectivos fueron abusivamente pasados al retiro”.
El caso de Pedro Castillo
Para Andrés Gómez de la Torre, la crisis del actual gobierno en relación a las FF. AA. se diferencia de las anteriores debido a la cantidad de actores involucrados.
“Por supuesto que siempre hay presiones, pero no han llegado a este nivel. Es la primera vez que se da una crisis simultánea en dos institutos castrenses y que genera la salida de dos comandantes generales”, sostiene.
El ministro de Justicia Aníbal Torres defendió el pase a retiro de los comandantes generales, y señaló que el presidente puede tomar dichas decisiones “sin expresión de causa”.
“Quienes afirman lo contrario crean confusión para justificar su pretendida vacancia presidencial, una vez más, afectando la gobernabilidad”, escribió Torres en Twitter.
Por Ley 28359, el Presidente nombra y cesa al Jefe del Comando Conjunto de las FFAA y a los Comandantes Generales, sin expresión de causa. Quienes afirman lo contrario crean confusión para justificar su pretendida vacancia presidencial, una vez más, afectando la gobernabilidad.
— Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 11, 2021
Al respecto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga precisó que, si bien el jefe de Estado tiene la potestad de cambiar a los altos mandos, el Tribunal Constitucional (TC) ha estipulado que las decisiones, por discrecionales que sean, deben ser motivadas.
“Nadie discute que sea una facultad del presidente. Pero el TC dice que las decisiones deben ser razonables, ponderadas y exentas de arbitrariedad. Esto no se ha cumplido”, indicó.
“Cuando el presidente asume la presidencia, es razonable que nombre a los comandantes generales que le generen confianza. Pero cambiarlos a los tres meses sin una causa que lo justifique, es una cosa irrazonable. Además, con la sospecha de que es una represalia por no haber cedido en los ascensos irregulares, es aún peor”, añadió.
Turbulencia
Para Andrés Gómez de la Torre, un riesgo adicional de los cambios en las cúpulas de las instituciones castrenses es la inestabilidad.
“Hemos tenido, en menos de cuatro meses, tres comandantes generales del Ejército. Todo cambio de comandante general siempre trae como consecuencia un movimiento total de las posiciones. Esos cambios generan inestabilidad institucional”, explica.
“Bajo el criterio que expresa el ministro de justicia (según el cual el mandatario puede cambiar a los comandantes generales sin expresión de causa), el presidente podría cambiar todos los días de comandante general y no pasaría nada. Estamos hablando de temas que son sensibles para la seguridad del país”, añadió Gómez de la Torre en la misma línea.
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