Eliane Karp y el Caso Ecoteva: ¿cuál es la situación judicial de la ex primera dama?

La extradición de Alejandro Toledo al Perú se concretó en abril, pero la de Eliane Karp todavía no está definida. Es más, lleva cerca de dos años sin registrar mayores avances en Estados Unidos. Así, para la fiscalía peruana hay un riesgo de que ella eluda a la justicia una vez que su esposo sea devuelto al Perú para ser procesado por las presuntas coimas de Odebrecht por la concesión de la carretera Interoceánica Sur.

En el caso de Eliane Karp, su proceso de extradición es por un hecho distinto (aunque relacionado): el Caso Ecoteva, en el que tiene la condición de acusada. Por ese proceso penal, el Perú busca la ampliación de la extradición de Alejandro Toledo y la extradición de su esposa, ambos acusados del delito de lavado de activos, por el que se piden penas de 16 años y 8 meses de prisión para cada uno.

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El cuadernillo de la extradición y la decisión de extraditarla o no ya está en manos de los departamentos de Justicia y de Estado de los Estados Unidos, país donde la antropóloga belga reside junto a su esposo.

Dado que esto cambiará con la próxima entrega de Alejandro Toledo al Perú, desde la fiscalía peruana consideran “indispensable” asegurar que no salga de ese país rumbo a otro del que no sea posible extraditarla.

La investigación del Caso Ecoteva, nombrado así por una empresa constituida en Costa Rica, se remonta a enero del 2013, cuando se conoció sobre la millonaria compra de inmuebles a nombre de Eva Fernenburg, madre de Eliane Karp y suegra de Alejandro Toledo. A partir de esto se abrió una indagación por presunto lavado de dinero que con el tiempo incluyó a Alejandro Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenburg, entre otros.

Las pesquisas cobraron un nuevo impulso a partir de las revelaciones del Caso Odebrecht en el 2017, cuando su exdirectivo Jorge Barata confesó el pago de más de US$ 30 millones de coimas al expresidente por la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Si bien esto se procesó de forma independiente, sirvió para establecer el presunto origen ilícito del dinero que fue a Ecoteva y otras empresas ‘offshore’.

En febrero de ese año, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo por el Caso Odebrecht, a pedido del equipo especial Lava Jato, entonces dirigido por el fiscal Hamilton Castro. Ese fue el punto de partida para que se solicite la primera extradición del expresidente a los Estados Unidos, que recién fue concedida de forma definitiva esta semana, luego de seis años.

Meses después, la fiscal contra el lavado de activos Manuela Villar solicitó la misma medida para el expresidente y para Eliane Karp, como parte de la investigación del Caso Ecoteva. Así, en abril del 2017, el juez Mario Guerra Bonifacio también dictó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo y Eliane Karp. Esta orden judicial, al no haberse ejecutado, se encuentra vigente hasta la fecha.

En junio del 2019, el fiscal coordinador de las fiscalías contra el Lavado de Activos y del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, presentó la acusación penal contra la pareja (16 años de prisión para cada uno) y otras cinco personas. Allí también se incluyó la solicitud para proceder con la segunda extradición de Alejandro Toledo y la primera de su esposa, quienes seguían en Estados Unidos.

En esa acusación, la fiscalía determinó que Alejandro Toledo favoreció a Odebrecht con decretos legislativos para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur a cambio de US$20 millones en coimas. De ese dinero, US$ 17′527.000 se enviaron a través de Confiado International Corp-Panamá a las ‘offshores’ Ecoteva Consulting Group, Milan Ecotech y Ecostate Consulting Group, con sede en Costa Rica.

Luego, según la acusación, de Ecoteva se enviaron al Perú US$9′052.650, con los que se compraron -a través de Eva Fernenbug- dos inmuebles en Surco, un depósito y tres estacionamientos; y se pagaron las hipotecas de las casas de Camacho (La Molina) y Punta Sal (Tumbes). “Se ha acreditado que el encausado Alejandro Toledo, conjuntamente con su coimputada Eliane Karp (cónyuges en el régimen de gananciales) son los beneficiarios reales”, alegaron.

Como toda extradición, esta debe pasar por la vía judicial y por la vía política. En ese curso, la Corte Suprema declaró procedente la extradición de Alejandro Toledo y Eliane Karp en marzo del 2020. Al año siguiente, en abril del 2021, el Ejecutivo accedió a la solicitud judicial para que se extradite a ambos ciudadanos.

Así, hoy la extradición de ambos por Ecoteva depende de los Estados Unidos. Silvana Carrión, procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, refirió que el cuaderno de extradición por ese caso “ya fue presentado al gobierno norteamericano”. “Conocemos que el Departamento de Justicia [de EE.UU.] está evaluando ese pedido de extradición para poder presentarlo al Poder Judicial [de ese país], declaró a TV Perú.

En el panorama abierto tras la concesión de la extradición de Alejandro Toledo por el Caso Interoceánica, para la fiscalía, es posible que el mismo proceso por el Caso Ecoteva avance más rápido. Sin embargo, también hay un mayor riesgo de que Eliane Karp busque eludir un destino similar al de su esposo y coacusado.

“Pensamos que con esta decisión del gobierno estadounidense [de conceder la primera extradición de Alejandro Toledo]. va a recibir un impulso notable el Caso Ecoteva, por ser un caso conexo al de Interoceánica. Es decir, hay un conocimiento ya previo de todo lo que ha sido el involucramiento del señor Toledo y la señora Karp. Eso nos permite inferir válidamente que el proceso de extradición del Caso Ecoteva no durará tanto como el de Interoceánica”, dijo a El Comercio el fiscal Rafael Vela.

Esto da optimismo al Ministerio Público respecto a que la extradición sea favorable al Estado peruano, pero también se advierte que sin Alejandro Toledo en Estados Unidos, crece el peligro de que Eliane Karp pueda escapar del proceso. “De hecho, es evidente que la entrega del señor Toledo también genera un decaimiento del arraigo de la señora Karp. Y como tal, habría que garantizar que no eluda la acción de la justicia”.

Uno de los riesgos, según advirtió el fiscal, es que la acusada deje Estados Unidos y vaya a Bélgica (donde tiene nacionalidad) o a Israel (por su ascendencia), países de los que no podría ser extraditada. Ante esto, comentó que son las autoridades estadounidenses las que podrían requerir medidas para asegurar que Eliane Karp no salga de su territorio.

"Somos optimistas de que en el caso de la señora Eliane Karp, el proceso de extradición termine a favor del Estado peruano. En su caso, está acusada en el Caso Ecoteva, [se piden] 16 años de pena privativa de la libertad. El Estado peruano requiere su presencia para ser juzgada con todas las garantías".

Rafael Vela Fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato y de las Fiscalías contra el Lavado de Activos

“De la misma manera que sucedió con el señor Toledo. Hay un riesgo plausible de que [Eliane Karp] pueda eludir la acción de la justicia”, dijo Rafael Vela. “Dentro de esa perspectiva, resulta indispensable que las autoridades estadounidenses puedan generar los niveles de arraigo y aseguramiento de la presencia de la señora Karp para el proceso de extradición”.

En esa línea, el diario Perú 21 informó que Karp solicitó recientemente que le devuelvan su pasaporte para viajar a Bélgica y visitar a su madre. Rafael Vela confirmó esto el último miércoles e indicó que ya presentaron “informes reservados” para manifestar su oposición y que se “tomen las precauciones” para que la acusada no eluda a la justicia. Según dijo, Karp entregó su pasaporte para asegurar su arraigo y el de su esposo en el proceso de extradición de este último, pero con el proceso por terminar, es posible que se le devuelva y salga de EE.UU.

Yván Montoya, exjefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, comentó a El Comercio que “no es formalmente necesario” que el proceso de extradición por Odebrecht-Interoceánica termine en EE.UU. para que el de Ecoteva avance. “Pero por cuestión estratégica, es mejor esperar y no saturar al sistema de justicia norteamericano. Es una estrategia del Departamento de Estado, me parece”, dijo.

El línea con lo informado por la Procuraduría, el penalista Andy Carrión comentó que la extradición de Eliane Karp primero debe ser acogida por un fiscal del Departamento de Justicia de EE.UU. tras evaluar si es procedente, para luego postularla ante un juez, tal como se hizo con Alejandro Toledo. Como referencia, el Ejecutivo peruano aprobó la primera extradición del expresidente en marzo del 2018 y un juez estadounidense recién ordenó su detención por este proceso en julio de 2019.

En cuanto a qué se puede hacer para evitar que Eliane Karp abandone el país norteamericano, advirtió que las autoridades peruanas están “un poco atadas de manos”, ya que medidas como una prisión preventiva o un arresto domiciliario recién podrían evaluarse cuando un juez estadounidense comience a ver el caso.

“Lo que se puede hacer, a nivel consular o de Cancillería, es tratar de promover que las propias autoridades estadounidenses puedan acelerar este proceso [de extradición]. El problema es que no es usual que se haga. Es por eso que los proceso de extradición demoran tanto tiempo”, indicó. “No veo otro procedimiento o recurso jurídico concreto que pueda interponerse en Perú para imposibilitar la fuga”, dijo a El Comercio.

Al respecto, Yván Montoya remarcó que “las noticias indican que ella está solicitando su pasaporte” y que “es evidente que quiere irse a Bélgica”. “Bélgica no entrega a sus nacionales. La extradición fracasaría. El Perú no se si ha solicitado ya al menos el arraigo. Yo creo que sí, pero todo depende de que el Departamento de Estado remita el cuaderno de extradición a un juez y este lo pueda ordenar”, señaló.

Por otro lado, Andy Carrión coincidió con el fiscal Rafael Vela en que el antecedente de la aprobación de la extradición por el Caso Odebrecht puede servir para que la del Caso Ecoteva se resuelva más rápido. “Puede servir como un precedente importante para que se aceleren los casos. El delito de lavado de activos deviene de un delito residual del anterior, que es el de corrupción por Odebrecht”, explicó.

“Si como tú como Estado señalas, tanto a nivel judicial como en el Ejecutivo, que hay una causa probable por delito de corrupción, aún es más sencillo que la haya en el delito de lavado. Con lo cual debería, en rigor, avanzar un poco más rápido. Pero aquí hay la inminencia de una eventual fuga de Eliane Karp. Al día de hoy, no tiene una orden expresa a nivel norteamericano que le impida movilizarse”, dijo el abogado.

En tanto, el penalista Carlos Caro remarcó que “cada pedido de extradición es independiente, va por cuerdas separadas o en paralelo”. “El pedido contra Eliane Karp tiene justificación porque ha sido objeto de acusación conjuntamente con Alejandro Toledo” indicó. Además, señaló que el aseguramiento ya depende las autoridades de Estados Unidos.

“El gobierno americano podría, como en el caso de Alejandro Toledo, dictarle un mandato de prisión preventiva con fines de extradición. O así como él tiene su grillete electrónico, Eliane Karp podría tener lo mismo. Está más que justificado porque como ella es belga, Bélgica no está obligada a entregar a sus nacionales. Ella no podría ser entregada si fuese a vivir a Bélgica”, comentó.

¿Y es natural que un proceso de extradición de este tipo demore tanto? Yván Montoya recordó que en el caso de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, su extradición desde EE.UU. “duró un poco menos de 3 años hasta su entrega”. “El de Toledo ha durado casi seis años. Sí creo que ha habido dilación en este caso. Algo se comprende con la pandemia, pero ha habido un exceso. Tal vez es importante una actuación mas activa de nuestra embajada en la etapa en la que el cuaderno esta en el Departamento de Estado”, advirtió.