Caso Lava Jato: el riesgo de combatir la corrupción [CRÓNICA]

En el despacho donde funciona el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato ya no hay espacio: trabajan cuatro fiscales provinciales, un fiscal superior, 17 fiscales adjuntos y 20 asistentes. La ampliación de los ambientes está avanzando y 16 peritos están por llegar. Pero los fiscales no están solos. En los pasillos de estas oficinas, además, se ubica el policía de turno dedicado a proteger al fiscal Hamilton Castro, el líder del equipo.

Aunque el Perú es un país donde investigar a los corruptos no es sencillo, Castro es –al menos por ahora– el único integrante del grupo que investiga los presuntos pagos de sobornos de empresas brasileñas, incluida Odebrecht, que cuenta con resguardo policial.

Hamilton Castro se ha convertido en la cara más visible de este megacaso. Consiguió que el juez Richard Concepción ordenara prisión preventiva para Alejandro Toledo. Allanó la residencia del ex mandatario en La Molina y encontró las pruebas que requería para acreditar el pago de sobornos de Odebrecht. Semanas antes, dirigió la operación en la que se logró la primera captura vinculada al escándalo de corrupción de las constructoras brasileñas: la noche del 20 de enero fue detenido Edwin Luyo, ex funcionario del gobierno aprista involucrado en coimas por el metro de Lima.

Precisamente fue después de ese arresto que el fiscal superior César Zanabria, coordinador de las fiscalías anticorrupción, solicitó resguardo policial para Castro. Él no quería, no lo pidió. Tampoco hubo amenazas. Sin embargo, por prevención, Zanabria insistió y solicitó agentes de Seguridad del Estado para el fiscal del Caso Odebrecht.

Castro ya sabe lo que es recibir amenazas por hacer su trabajo. Intentaron amedrentarlo cuando investigó al ex alcalde de Jesús María Enrique Ocrospoma por contratos irregulares. Entonces solo veía casos de Lima en la fiscalía anticorrupción. Ahora es diferente: está ante un caso de magnitud y trascendencia nacional.

El resguardo de Castro está formado por dos policías de la Dirección de Seguridad del Estado. La fiscalía lo solicitó a través del Departamento de Protección de Magistrados y del de Protección de Personalidades y Funcionarios, que dependen de la División de Protección de Dignatarios.

Solo en Lima hay 65 jueces y 18 fiscales –el año pasado eran 15– que cuentan con resguardo, informó a este Diario el Ministerio del Interior (Mininter). En provincias, 17 magistrados y 18 representantes del Ministerio Público cuentan con protección policial.

Voceros del Mininter confirmaron que desde ayer se da seguridad a los 14 jueces integrantes del nuevo sistema anticorrupción que verán el Caso Odebrecht. También dijeron que no es discrecionalidad de la Policía Nacional dar resguardo, sino que depende del pedido y necesidad de las instituciones.

—La poca costumbre—
Los agentes que brindan seguridad a Castro trabajan 24x24. Uno y uno por día. El policía, que usualmente viste el uniforme de Seguridad del Estado –terno oscuro, corbata roja–, acompaña en todo momento al resguardado. Lo recoge en su casa hasta la sede de la fiscalía y permanece ahí, en los pasillos. No tiene un lugar para esperar. Lo acompaña en el almuerzo y a donde esté. El agente siempre intentará estar dos metros atrás para tener el panorama completo de lo que pueda pasar. A veces, según fuentes fiscales, Castro prescinde del policía que debe ser su sombra: sabe que se la juega, pero no se acostumbra.

Odebrecht y otras compañías brasileñas no solo operaron en Lima, sino también en las regiones. El agente no puede acompañar a Castro cuando debe ir a alguna provincia. El policía que está a su cargo no puede salir de la ciudad porque no tiene viáticos. Tampoco les dan para la alimentación, ni para el transporte y casi todos los días deben usar su propia arma. Son los fiscales quienes, en algunas ocasiones, se encargan de los gastos de sus resguardos.

—Vivir con protección—
Zanabria, quien es el coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato y de las fiscalías anticorrupción, tiene resguardo hace un año y medio, antes del Caso Odebrecht. Sabe qué es vivir recibiendo llamadas extrañas o que gente se acerque de forma sospechosa. Alguna vez su resguardo tuvo que sacar el arma, pero no pasó nada.

No es el único. Hechos parecidos le han ocurrido al fiscal superior adjunto anticorrupción Martín Salas, quien tiene protección desde que consiguió que el ex alcalde del Callao Álex Kouri cumpla una condena de cinco años de prisión. En el último mes, tres jueves consecutivos ha notado que un auto lo sigue. Salas ha dicho entre su entorno que un agente “es ninguno”.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, con 159 expedientes en su despacho, también cuenta con resguardo desde noviembre. Entre sus investigaciones, tiene casos de corrupción policial y uno relacionado al gasoducto del sur. Aún le parece estresante vivir con un agente casi las 24 horas y hasta se olvida de que debe caminar con alguien detrás. En diciembre asaltaron a su asistente. “Dile a tu jefe que deje lo que hace”, amenazaron. Un resguardo, dice Abia, solo le da “algo” de tranquilidad. Es el trabajo contra la corrupción.

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[GALERÍA] Estos son los 5 hechos políticos más destacados de la semana ►https://t.co/sc7jM7CNRE pic.twitter.com/bGvoXLK5sS— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 1 de abril de 2017