Los Cuellos Blancos: Magistrados investigados coparían Junta de Fiscales Supremos

Este 12 de julio termina la designación de Arce en el máximo tribunal electoral. Por lo tanto, la JFS deberá elegir a su reemplazo entre los magistrados Pedro Chávarry Vallejos, Víctor Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas y Pablo Sánchez.

Según fuentes de este Diario, existe la preocupación por parte de la Fiscalía de la Nación de que se elija a Pablo Sánchez como representante del Ministerio Público ante el JNE.

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Si fuera así, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se quedaría en desventaja frente al bloque mayoritario conformado por Chávarry, Gálvez y Rodríguez, y al que se sumaría Luis Arce, según indicaron las mismas fuentes. Arce también está vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto y ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito.

No es un secreto que al interior de la Junta de Fiscales Supremos existen dos grupos. Uno integrado por los magistrados Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; el otro, por los fiscales Chávarry, Gálvez y Rodríguez.

“Si estas personas continúan en sus cargos sería muy peligroso. Es una maquinaria que viene funcionando hace muchísimos años, pero se hizo más evidente en la época fujimontesinista. Se fortalecen, controlan el sistema, actúan por mayorías, es todo un sistema bien armado”, señaló a este Diario la exjueza y hoy congresista Carolina Lizárraga.

La parlamentaria del Partido Morado también advirtió que “si sacan” a Sánchez de la Junta de Fiscales Supremos, “quien es un magistrado rescatable, los otros fiscales tendrían el control absoluto porque él es el que les hace la pelea ahí”. Entonces, remarcó que el panorama “no es nada alentador para los procesos anticorrupción”.

Para Lizárraga, la postergación de las sanciones en la Junta Nacional de Justicia que buscan la destitución de los fiscales supremos “cuestionados” es perjudicial, pues si logran ser mayoría en el Ministerio Público podrían traerse abajo todas las investigaciones sobre los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos que han mostrado la corrupción en todos los niveles, desde el político hasta el judicial.

Asimismo, Lizárraga expresó su preocupación porque uno de los magistrados vinculados a Los Cuellos Blancos integre el JNE. “Eso sería gravísimo”, manifestó, pues estamos próximos a una elección presidencial y congresal. “Tiene que ser un magistrado con solvencia moral y pasado pulcro”, agregó.

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La legisladora instó a la JNJ a acelerar los procesos de investigación y, en caso no logren cumplir con los plazos establecidos, “pueden aplicar el artículo 87 del reglamento que permite una suspensión preventiva en el cargo, como una medida cautelar para cortarles la posibilidad de seguir en el MP”.

El 16 de agosto vence el mandato de Zoraida Ávalos y de Sánchez como representantes de la Junta de Fiscales Supremos en el Consejo Directivo de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG), entidad encargada de capacitar y dar lineamientos éticos y jurídicos a los magistrados.

–Investigaciones en curso–

Al respecto, el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, señaló a El Comercio que son conscientes de que deben actuar con celeridad en todos los procesos disciplinarios “que conmocionaron” a la sociedad.

“Cuando se constituyó la JNJ, nosotros nos comprometimos a dar prioridad a aquellos casos en donde hay un legítimo interés social en que se diluciden las responsabilidades que correspondan a cada quien y en ese marco se abrió de oficio tres investigaciones preliminares y cinco procedimientos inmediatos contra jueces y fiscales supremos”, precisó.

Las cuatro investigaciones “inmediatas” fueron a Gálvez, Chávarry, Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes. Y las otras tres pesquisas preliminares fueron a los jueces supremos César San Martín, Ángel Romero Díaz y Vicente Walde Jáuregui.

Vásquez indicó que en total están trabajando sobre 162 expedientes que corresponden a investigaciones de jueces y fiscales de menor jerarquía con pedido de destitución. “Cincuenta y uno corresponden a investigaciones heredadas por el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, 109 investigaciones iniciadas por la JNJ”, agregó.

En la edición de ayer de “El Peruano” se publicó la resolución correspondiente a todos los procedimientos disciplinarios que está resolviendo la JNJ. En esta se detalla que reactivaron los plazos de investigación de los casos que se paralizaron por el estado de emergencia.

“Es la directiva sobre las audiencias virtuales el mecanismo que va a posibilitar que se agilicen y se lleven a cabo determinadas diligencias, en caso de que no se puedan realizar presencialmente, para evitar el aplazamiento”, manifestó Vásquez.

También señaló que cada expediente tiene su propio plazo y que se garantizará el debido proceso a los investigados, así como la celeridad que reclama la ciudadanía para “que se establezca la responsabilidad a quien toca”.

Cada expediente está cargo de un instructor o ponente y este presentará en su oportunidad los informes finales de cada caso. El instructor tiene un plazo de 60 días. Vásquez indicó que el pleno de la JNJ no ha dejado de sesionar “ni un solo día” durante el estado de emergencia por el avance del COVID-19. Lo han hecho con trabajo remoto.

El historial de los magistrados

1. Pedro Chávarry, fiscal supremo

El exfiscal de la Nación es investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La fiscalía halló llamadas con el entonces juez supremo César Hinostroza, presunto cabecilla de la organización criminal. Las declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos lo sindican como parte de esta red.

Tuvo una denuncia constitucional en el Congreso por participar en el ingreso y retiro de documentos de las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez en el Ministerio Público.

La investigación por encubrimiento real tras la remoción de los fiscales del equipo especial Lava Jato fue archivada por el juez supremo Hugo Núñez Julca. El fiscal supremo adjunto César Zanabria ha solicitado que se reabra.

El anterior Congreso aprobó una denuncia constitucional contra Chávarry por el delito de encubrimiento real, en su modalidad de instigador, que es sancionado con una pena no mayor de 2 años.

2. Tomás Gálvez, fiscal supremo

El fiscal supremo es investigado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal. La fiscalía encontró llamadas con el entonces juez supremo César Hinostroza. En las conversaciones le solicita favores para un fiscal provincial.

En sus registros de llamadas, Gálvez intercambió en el 2018 también dos comunicaciones con José Cavassa, exfuncionario de la ONPE e investigado por Los Cuellos Blancos del Puerto. Según un colaborador eficaz del despacho de la fiscal Rocío Sánchez, Gálvez ofreció su vivienda para que Cavassa se reuniera con el asesor de Herbert Cubas, en ese entonces integrante del CNM.

Según la imputación del Ministerio Público, a inicios del 2018 Gálvez también llamó al exjuez supremo para que beneficiara al rondero Segundo Nemecio Villalobos Zárate, quien tenía un proceso ante la sala de la Corte Suprema que integraba Hinostroza.

3. Víctor Rodríguez Monteza, fiscal supremo

El fiscal supremo Pablo Sánchez lo incluyó en la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto porque un colaborador eficaz lo señaló como el responsable de informar a los integrantes de la presunta banda criminal sobre la existencia de escuchas telefónicas al exjuez superior Walter Ríos.

También fue incluido en la pesquisa luego de que enviara documentos a los medios de comunicación IDL-Reporteros y a “Panorama” para exigirles que, en un plazo de tres días, revelaran sus fuentes y entregaran los ‘CNM audios’.

4. Luis Arce Córdova, fiscal supremo

El fiscal supremo y representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones es investigado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, a cargo de la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao.

Él y su hermano habrían sido favorecidos de manera irregular con sus nombramientos como fiscal supremo y presidente de la Corte de Ucayali (2017-2018), respectivamente, debido a las influencias del entonces integrante del CNM Guido Aguila y del congresista de Fuerza Popular Glider Ushñahua (hoy fallecido). Tras el nombramiento, el hermano de Aguila fue designado asesor de Ushñahua. Arce también intercambió llamadas con César Hinostroza.

Es investigado junto a su hermano por enriquecimiento ilícito debido a un presunto incremento en el patrimonio de Arce, ya que adquirió cinco propiedades en el 2017 y dos en el 2011 y 2018.

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